Ni las pensiones públicas ni la reducción del déficit pueden esperar. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Toledo retomará la actividad el próximo martes, 18 de octubre, sin que aún se haya formado Gobierno, comenzando con una ponencia del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. El objetivo es empezar a preparar el terreno para abordar cuanto antes el debate político sobre cómo hacer que el sistema de pensiones siga siendo sostenible sin menoscabar el nivel de vida de los jubilados.

La convocatoria inmediata del Pacto de Toledo es una de las peticiones que se incluyen en la proposición de Ley registrada ayer a iniciativa de CC.OO. y UGT por la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto PP y Ciudadanos, en la que también se pide la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC en 2017. No obstante, la convocatoria del próximo martes ya estaba prevista con anterioridad.

Como telón de fondo, el Ejecutivo en funciones se encuentra atado de pies y manos al no tener capacidad legislativa para presentar un nuevo Presupuesto para 2017 con el que calmar la inquietud de Bruselas, que pide garantías de que el déficit público cerrará este año en el 4,6% del PIB y en el 3,1% en 2017. Fuentes del Ministerio de Hacienda indican que el somero plan presupuestario que el Gobierno prevé presentar estos días a Bruselas no incluirá muchas novedades más allá de un eventual reparto de este déficit por administraciones.

El Pacto de Toledo es un órgano no legislativo encargado de debatir con carácter permanente sobre el futuro de las pensiones al margen de los vaivenes políticos

Esta misma parálisis afecta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que están a la espera de que se reforme la Ley de Estabilidad para poder fijar sus techos de gasto y la senda de reducción de déficit para el próximo año.

Finalmente, la Seguridad Social es una administración directamente dependiente de las decisiones del Gobierno. Sin embargo, su futuro también se dilucida en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, un órgano no legislativo encargado de debatir con carácter permanente sobre el futuro de las pensiones al margen de los vaivenes políticos. El espacio de consenso por excelencia.

El actual parón político ha hecho que también el Pacto de Toledo lleve desde el 14 de julio de 2015 prácticamente en dique seco, mientras que la solvencia de las cuentas de la Seguridad Social, y con ellas de los jubilados, siguen en entredicho.

No obstante, la presidenta de esta comisión, Celia Villalobos, señaló durante la sesión constitutiva del pasado 28 de septiembre que el Pacto de Toledo “tiene suficiente capacidad política y técnica para poder desarrollar su trabajo”, a lo que añadió que esto debía hacerse “con la participación de todos los grupos parlamentarios, con expertos, porque hay una cierta tendencia a llamar al Gobierno, sea el que sea”.

En este sentido, Villalobos llamó a trabajar “al margen del Gobierno”. “Hay un documento base de evaluación que el Ejecutivo remitió en la anterior legislatura, pero nosotros tenemos que hacer nuestra propia evaluación”, llegó a decir.

Villalobos llama a trabajar “al margen del Gobierno”

Con ese punto de partida, el periodo de parálisis del Pacto de Toledo finalizará la próxima semana. Sus señorías se pondrán a trabajar para ver qué hacer con las pensiones. Hasta la fecha solo las comisiones de Justicia, Economía y Competitividad, Empleo y Seguridad Social, Educación y Deporte e Industria, Energía y Turismo han retomado en cierta forma la actividad.

El CES será el primero en intervenir

Como es habitual en cada nuevo curso político, la comisión arrancará con una serie de ponencias a puerta cerrada por las que pasarán los agentes sociales y expertos, con la idea de que los grupos parlamentarios puedan recopilar información sobre el estado de las pensiones y posibles propuestas.

El próximo martes será el turno del presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña. Este órgano consultivo integra a representantes de la patronal y sindicatos, que posteriormente acudirán a la comisión a realizar sus aportaciones por separado.

Fuentes próximas a la comisión han indicado que se planteó la posibilidad de que compareciera la ministra de Empleo, Fátima Báñez, pero que esta posibilidad fue finalmente rechazada por los portavoces.

Después de este proceso de ponencias, se suele redactar un informe en el que se incluyen las cuestiones fundamentales a abordar durante la legislatura.

¿Las pensiones volverán a acompasarse al IPC?

El objetivo último de estos trabajos es salvar el sistema de pensiones. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el órgano de vigilancia de las cuentas públicas, estima que el déficit estructural de la Seguridad Social no bajará del 1,5% del PIB en los próximos años.

Expertos consultados indican que, en esta circunstancia, la solución para las cuentas del sistema, en tanto que por el lado de los gastos el envejecimiento de la población supone evidentes rigideces, pasa por incrementar los ingresos por la vía de la reducción del paro y la generación nuevos ocupados.

Sin embargo, la situación es acuciante y los grupos parlamentarios se disponen a debatir sobre posibles medidas para cortar la ‘sangría’ de la Seguridad Social en el corto plazo.

Por lo pronto, si el temor de los jubilados es seguir llegando a fin de mes, el problema para la Seguridad Social es llegar a fin del año y poder pagar la ‘extra’ de los pensionistas del mes de diciembre, como viene haciendo desde 2012.

Si el temor de los jubilados es seguir llegando a fin de mes, el problema para la Seguridad Social es llegar a fin del año

Hasta la fecha, cada mes de julio y diciembre en los que esta paga ha generado tensiones de liquidez en la caja de la Seguridad Social, el Gobierno ha optado por tirar del Fondo de Reserva, cuyos fondos han pasado de 63.000 millones en 2012 a 24.200 millones en julio de este año. En esta circunstancia, el fondo conocido como la ‘hucha de las pensiones’, amenaza con agotarse.

Por otro lado, la reforma de las pensiones que se llevó a cabo en 2013 introdujo un índice de revalorización de las prestaciones para garantizar la solvencia sistema en el largo plazo, que tiene en cuenta el devenir de la economía o la evolución demográfica, entre otras cuestiones, y que establece una subida mínima anual del 0,25%.

Este porcentaje es el que se ha venido aplicando cada año desde entonces, lo que no ha impedido que el incremento del número de pensionistas y el efecto sustitución de las prestaciones que cesan frente a las nuevas, que son mayores, hayan seguido metiendo presión a la Seguridad Social.

Previsiblemente ésta será también la revalorización para 2017, lo que tampoco impedirá que los pensionistas pierdan poder adquisitivo por primera vez desde la aplicación de la reforma, puesto que el IPC será superior al 0,25% el próximo año, según el consenso de analistas.

No obstante, ésta situación es la que pretenden conjurar la mayoría de los grupos políticos en el Congreso, salvo el PP y Ciudadanos, al instar en su proposición de Ley a actualizar la cuantía de las pensiones de acuerdo con la inflación del próximo año y hacer frente al gasto con cargo a los Presupuestos.

Esta última cuestión puede marcar el camino de lo que ocurra en el Pacto de Toledo en los próximos meses. Al finalizar la décima legislatura, los portavoces de esta comisión se impusieron revisar las fuentes de financiación de las pensiones. Al margen de la propuesta del PSOE de sufragar parte de las pensiones con un nuevo impuesto o la de la ‘mochila austríaca’ de Ciudadanos, los grupos coincidieron en su mayoría en la necesidad de sacar los 20.000 millones anuales de gasto en pensiones de viudedad y orfandad del ámbito contributivo y financiarlos con los Presupuestos.