El sistema de alarma se activó el pasado día 19 y el operativo de emergencia se ha puesto en marcha. Lo ha hecho la administración central y no pocas autonómicas. El temor a una avalancha de denuncias pidiendo que se equipare la indemnización por despido objetivo de los trabajadores temporales con la de los indefinidos en el ámbito público es real y el coste millonario que puede suponer hacer frente a ellas, también.

Cuando hace apenas diez días la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco equiparó la indemnización de una trabajadora temporal, a la que se había despedido con 12 días por año trabajado, con la que la ley fija para una indefinida (20 días), según el criterio de no discriminación emanado de la Justicia Comunitaria, los contables y responsables de recursos humanos de las administraciones comenzaron a ver las orejas al lobo.

Poco antes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había hecho lo propio con una trabajadora interina, sin opción a indemnización, a la que otorgaba su derecho a ser indemnizada como cualquier trabajador fijo. Sólo es cuestión de tiempo que las ventanillas de los juzgados de lo social comiencen a llenarse de demandas. Por ello, el Gobierno ha comenzado a ponerse en contacto con las administraciones autonómicas para conocer cuál es la radiografía de sus trabajadores públicos, su condición y los posibles costes e incidencia que tendría la aplicación de manera generalizada de los criterios marcados por Luxemburgo.

La presidenta de la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun subrayó que la decisión adoptada en Euskadi, que marca un antes y un después sobre esta cuestión, tendrá efectos en todo el país, ya que otros tribunales harán la misma interpretación. Biurrun llegó incluso a animar a los trabajadores a reclamar sus derechos ante la Justicia “porque es su derecho” y a los empresarios a adoptar medidas y prepararse para hacer frente a esta equiparación indemnizatoria entre temporales y fijos.

En España actualmente el número de trabajadores al servicio de la administración supera los 2,5 millones de personas. La mitad de ellos está al servicio de las administraciones dependientes de las comunidades autónomas, un 22% de las entidades locales, un 21% a la Administración del Estado y el resto a otras entidades como la Universidad. De ellos se estima que casi una cuarta parte, alrededor de 600.000 trabajadores, es personal laboral no fijo o lo que es lo mismo.

Andalucía y Madrid, las comunidades autónomas que mayores problemas tendrán por su elevada temporalidad

Sin duda serán Andalucía y Madrid las comunidades autónomas donde mayor incidencia en número de casos tengan estas sentencias. En el caso de la primera, el número de funcionarios se acerca al medio millón de personas, con porcentajes de temporalidad elevados. Una situación cercana a la que atraviesa Madrid, con una plantilla funcionarial que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), ronda los 414.000 trabajadores. Muy lejos se encuentran el resto de comunidades. Así, Cataluña no llega a los 300.000 funcionarios, Valencia ronda los 220.000 y el País Vasco a los 110.000 en el conjunto de sus administraciones.

 La administración central comienza quiere conocer la dimensión del problema

 Fuentes del Ejecutivo vasco confirman a EL INDEPENDIENTE que el Gobierno central ha iniciado una ronda con cruce de documentación incluida con el fin de conocer “cómo tiene catalogados a sus trabajadores”. Subrayan que existe preocupación por la situación que se genera, en especial entre la Administración central, en la que el porcentaje de trabajadores laborales es mucho más elevado.

En el caso del País Vasco, el Gobierno de Iñigo Urkullu ha llegado incluso a constituir una mesa transversal de trabajo, con representación de todas las consejerías para analizar la situación contractual de sus casi 85.000 trabajadores, de los que se estima que alrededor del 4%, unos 3.400, no son fijos. La prioridad ahora es ver el alcance que podría tener la aplicación de modo generalizado incluyendo el impacto en el conjunto de entes y sociedades públicas.

El Ejecutivo está a la espera de evaluar el número de casos que podrían reclamarse y el alcance económico que tendría

El Ejecutivo está a la espera de analizar si aplicar el criterio respaldado por la justicia requeriría de soporte normativo actualizado, además de evaluar el número de casos que podrían reclamarse y el alcance económico que tendría. “Está claro que a partir de la sentencia habrá un cambio, es algo que tenemos que reconocer. Ahora toca ver qué alcance real tendrá”, aseguran fuentes de la consejería de Justicia y Administración Pública del Gobierno vasco que dirige Josu Erkoreka. Estas fuentes afirman que se trata de un tema complejo, que requerirá de tiempo poder hacer una radiografía detallada de la multitud de situaciones laborales que se dan en el entramado laboral de una administración pública. Por el momento no se han remitido denuncias ante la Administración vasca, pero se está a la espera de que suceda en cualquier momento.

Hasta ahora, los trabajadores interinos no tenían derecho a ser indemnizados una vez concluido su contrato. Según la sentencia de la Sala de lo Social del País Vasco, sí deberían percibir una indemnización mínima de 20 días por año trabajado en caso de despido objetivo. Por el momento, en Euskadi no se contempla habilitar partidas excepcionales para hacer frente a este tipo de compensaciones sobrevenidas y se remite a la gestión del apartado laboral que pueda hacer cada consejería.

En el otro frente, ELA, la mayor central sindical del País Vasco, también se ha puesto a trabajar. Se prepara para librar una batalla “en masa” ante los tribunales. El sindicato ha iniciado una campaña para informar, por ahora en la red pública, pero con intención de trasladarlo también a la privada, de la nueva puerta de indemnizaciones que se ha abierto. Desde la central nacionalistas aseguran que ya han llegado los primeros casos de demandas por indemnización, fundamentalmente procedentes de la sanidad pública.

Sin duda el Servicio Vasco de Salud, la mayor empresa de Euskadi, con cerca de 35.000 trabajadores entre interinos y fijos, será la más afectada. Fuentes del sindicato apuntan a que sólo en Osakidetza existen 14.000 personas contratadas anualmente de manera eventual. Aseguran que en los últimos días sí perciben que en un mayor número de casos se ha prolongado el contrato a trabajadores no fijos “para esperar a ver qué pasa y cómo se afronta todo esto”. Señalan que históricamente se ha abusado de la contratación de eventuales. En octubre de 2015 casi cuatro de cada diez trabajadores de la sanidad pública vasca no tenía un contrato fijo.

En ELA recuerdan que el periodo para poder reclamar es de hasta cuatro años en el caso de trabajadores de la Administración y de un año en las empresas privadas. Por ello, en una primera estimación señalan que sólo en la Sanidad pública vasca el coste podrá alcanzar los 200 millones de euros, a razón de 50 millones anuales en concepto de indemnizaciones de sus trabajadores eventuales. Un coste que ELA estima que será mucho más elevado en el conjunto de la administración pública del País Vasco, donde se cifra en casi 45.000 las personas las que tendrían derecho a reclamar una indemnización ajustada a la nueva interpretación de la ley.