El grupo turístico Globalia será juzgado en la Audiencia Nacional por el presunto fraude continuado cometido en el cobro de subvenciones en los billetes aéreos para residentes en Canarias y Baleares.

Los vuelos de los residentes a las islas cuentan con un descuento del 50% del importe que paga el Estado, pero varias compañías de Globalia (la aerolínea Air Europa, las agencias de viajes Halcón Viajes, Viajes Ecuador, TuBillete.com, la extinta Pepe Travel y el touroperador Travelplán) comunicaban al Ministerio de Fomento precios de los billetes mayores a los realmente cobrados para ingresar mayores subvenciones de las legales. De hecho, incluso cobraban subvenciones por billetes gratuitos o con descuentos como fruto de acuerdos entre empresas, intercambios de publicidad y otras maniobras.

La Fiscalía solicita una multa 9,6 millones y que el grupo devuelva los 22,8 millones defraudados

La Fiscalía reclama que el grupo Globalia, presidido por Juan José Hidalgo, pague un total de 32,3 millones de euros por este fraude continuado en el cobro de subvenciones públicas del que se le acusa. El fiscal estima que la compañía debe indemnizar al Estado con 22,78 millones de euros (19,18 millones percibidos ilegalmente vía subvenciones más 3,6 millones de intereses) y también reclama que se le imponga una multa de 9,59 millones.

Durante el proceso de instrucción del caso, dirigido por el juez Eloy Velasco, Globalia ya ha ido consignando cantidades en la Audiencia Nacional para garantizar previamente la responsabilidad que pudiera derivar del caso. El grupo turístico ha aportado en el juzgado en varios pagos un total de 30,37 millones. Esto es, el fiscal pide ahora que Globalia pague justo 2 millones de euros más de los que ya ha abonado.

Asimismo, el fiscal solicita en su escrito de acusación que Globalia y sus filiales tengan prohibido obtener subvenciones o ayudas públicas, así como incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el plazo de diez meses. Una medida que, entre otras consecuencias, implicaría precisamente que durante ese periodo no podría seguir cobrando las bonificaciones del 50% del descuento aéreo del que se benefician los residentes en Baleares y Canarias, dos mercados cruciales para la compañía.

Air Europa, Halcón Viajes y otras filiales inflaron durante años los precios de billetes a Canarias y Baleares para cobrar mayores subvenciones

La Fiscalía, como ya hizo el juez instructor, reconoce como atenuantes que la compañía ha tomado desde que se abrió el caso en la Audiencia medidas efectivas para evitar que continúen los cobros fraudulentos y que ha colaborado durante toda la investigación aportando toda la documentación requerida inmediatamente, incluso a pesar de poder ser incriminatoria.

En realidad, la única sociedad que será efectivamente juzgada en la Audiencia Nacional es Globalia Servicios Corporativos, la filial encargada de las labores de administración en la corporación turística y donde se determinaban “con autonomía funcional” los criterios de cobro de subvenciones que ejecutaban Air Europa y las agencias de viajes del grupo. El juez de Audiencia Nacional Eloy Velasco cerró la instrucción del caso decidiendo no acusar ni al presidente y principal accionista del grupo, Juan José Hidalgo, ni a ningún otro directivo de la compañía al no poder determinar quién dio las órdenes para cometer el fraude.

En paralelo, Globalia, además de los 30 millones consignados ante el juzgado,  también pagó una sanción a Fomento por importe de 17,7 millones de euros para cerrar la investigación administrativa abierta por el Gobierno con el objetivo de resarcir los efectos de la “aplicación incorrecta” de las subvenciones entre 2010 y 2015. Air Europa ha recurrido esa sanción en un intento de rebajar su cuantía.