Choque entre el fiscal y la Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Fomento, a cuenta de la dureza de la sanción al grupo turístico Globalia por el fraude continuado en el cobro irregular de subvenciones con los billetes de avión de residentes en Canarias y Baleares. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con la compañía acusada y solicita ahora una sanción menor, tanto en lo económico como en una eventual prohibición de contratación con la Administración por parte de la empresa, a la exigida por la Fiscalía.

El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación que Globalia –el holding que agrupa a Air Europa, Halcón Viajes o Travelplán, entre otras filiales- pague un total de 32,3 millones de euros por este fraude. El fiscal estima que la compañía debe indemnizar al Estado con 22,78 millones de euros (19,18 millones percibidos ilegalmente vía subvenciones más 3,6 millones de intereses) y también reclama que se le imponga una multa de 9,59 millones.

La Abogacía del Estado, que representa al Ministerio de Fomento como acusación particular, ha pactado con Globalia una sanción menor y se enfrenta a las conclusiones del fiscal. El Abogado del Estado reclama igualmente que Globalia devuelva los 22,78 millones defraudados, pero rebaja la multa a 7,6 millones (1,9 millones menos que los que reclama el fiscal). El Gobierno ha pactado con Globalia que la multa equivalga al 40% del montante defraudado, mientras que el fiscal eleva la sanción al 50%.

Durante el proceso de instrucción del caso, dirigido por el juez Eloy Velasco, Globalia, presidida por Juan José Hidalgo, ya ha ido consignando cantidades en la Audiencia Nacional para garantizar previamente la responsabilidad que pudiera derivar del caso. El grupo turístico ha aportado en el juzgado en varios pagos un total de 30,37 millones. Justo la cantidad que le reclama el Gobierno, pero casi dos millones menos de lo que pide el fiscal.

En este sentido, la Abogacía del Estado considera una “petición superflua” la solicitud del fiscal de considerar como responsables subsidiarios de la sanción a todas las filiales de Globalia que se han beneficiado del fraude, dado que ya está consignadas las cantidades ante el juzgado.

Prohibición de contratar con la Administración

En paralelo, el fiscal solicita en su escrito de acusación que Globalia y sus filiales tengan prohibido obtener subvenciones o ayudas públicas, así como incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el plazo de diez meses. La Abogacía del Estado no incluye esta reclamación en su propio escrito de acusación, y apunta que en todo caso esa prohibición de contratar con la Administración se debería incluir en una eventual sentencia posterior.

La posible sanción administrativa a Globalia podría tener una fuerte incidencia en el negocio del grupo. Si sólo se tratara de la imposibilidad de percibir subvenciones y ayudas públicas (como explicita el fiscal en su escrito), podría quedar en el aire el propio cobro de las bonificaciones a los billetes de los territorios extrapeninsulares. Si se tratara de la prohibición de contratar con la Administración (como apunta la Abogacía del Estado por su parte) el impacto sería tremendo para la compañía, que gestiona parte de los viajes del Imserso, los viajes de los funcionarios de la Administración del Estado y se encarga de los traslados de deportación de extranjeros, entre otros contratos públicos.

Apertura de juicio oral

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha ordenado hoy mismo la apertura de juicio oral contra el grupo turístico Globalia por el presunto fraude continuado cometido en el cobro de subvenciones en los billetes aéreos para residentes en Canarias y Baleares.

Los vuelos de los residentes a las islas cuentan con un descuento del 50% del importe que paga el Estado, pero varias compañías de Globalia (la aerolínea Air Europa, las agencias de viajes Halcón Viajes, Viajes Ecuador, TuBillete.com, la extinta Pepe Travel y el touroperador Travelplán) comunicaban al Ministerio de Fomento precios de los billetes mayores a los realmente cobrados para ingresar mayores subvenciones de las legales. De hecho, incluso cobraban subvenciones por billetes gratuitos o con descuentos como fruto de acuerdos entre empresas, intercambios de publicidad y otras maniobras.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado, como ya hizo el juez instructor, reconocen como atenuantes que la compañía ha tomado desde que se abrió el caso en la Audiencia medidas efectivas para evitar que continúen los cobros fraudulentos y que ha colaborado durante toda la investigación aportando toda la documentación requerida inmediatamente, incluso a pesar de poder ser incriminatoria.

En realidad, la única sociedad que será efectivamente juzgada en la Audiencia Nacional es Globalia Servicios Corporativos, la filial encargada de las labores de administración en la corporación turística y donde se determinaban “con autonomía funcional” los criterios de cobro de subvenciones que ejecutaban Air Europa y las agencias de viajes del grupo. El juez de Audiencia Nacional Eloy Velasco cerró la instrucción del casodecidiendo no acusar ni al presidente y principal accionista del grupo, Juan José Hidalgo, ni a ningún otro directivo de la compañía al no poder determinar quién dio las órdenes para cometer el fraude.

En paralelo, Globalia, además de los 30 millones consignados ante el juzgado,  también pagó una sanción a Fomento por importe de 17,7 millones de euros para cerrar la investigación administrativa abierta por el Gobierno con el objetivo de resarcir los efectos de la “aplicación incorrecta” de las subvenciones entre 2010 y 2015. Air Europa ha recurrido esa sanción en un intento de rebajar su cuantía.