El Ministerio de Empleo ha dado un paso al frente para desbloquear la redacción del real decreto más esperado por los alrededor de 70.000 policías municipales que hay en España, el que les posibilitará jubilarse de forma anticipada a los 60 años sin ver rebajada su pensión.
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, el de Seguridad Social, Tomás Burgos, y el subsecretario de Empleo, Pedro Llorente, se reunirán a iniciativa propia con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, para dar un empujón al texto.
En el encuentro, que se celebrará previsiblemente el 13 de diciembre, estará sobre la mesa una cuestión fundamentalmente burocrática, pero que ha hecho encallar por unas semanas los trámites para llevar a buen puerto la medida.
Todo empezó cuando la Junta de Gobierno y el Pleno del Consejo Territorial de la FEMP acordaron por unanimidad trasladar al Gobierno que los ayuntamientos se harían cargo de la sobrecotización que exige Empleo para que los policías municipales puedan jubilarse de manera temprana.
Empleo ya había reconocido a los policías municipales como un colectivo sometido a condiciones de peligrosidad, insalubridad o toxicidad en el puesto que justificaban la medida.
Pero su jubilación anticipada supondría un aumento de gasto para el sistema público y Empleo ponía como condición equilibrar esta merma con un tipo adicional sobre las bases de cotización de los policías locales en activo del 10,6%, del que el 8,84% sería a cargo del empleador, en este caso los ayuntamientos, y el 1,76% del trabajador. De no ser así, haría falta aplicar rebajas posteriores en sus pensiones mediante coeficientes reductores.
Sobre la mesa estará una cuestión burocrática, pero que ha hecho encallar por unas semanas los trámites para llevar a buen puerto la medida
Una vez comunicada la decisión unánime de los ayuntamientos, el subsecretario de Empleo respondió a la FEMP que, para cumplir con los preceptos legales, debía constar por escrito la falta de capacidad de los consistorios para pasar a los policías a la segunda actividad –de la calle a las oficinas— una vez alcanzada cierta edad y una garantía de que podrían hacer frente al coste de la medida.
Esta reclamación fue contestada a su vez por Caballero, quien envió una carta de vuelta está vez directamente a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, fechada el 15 de noviembre. Explicaba que la FEMP es una organización a la que los ayuntamientos se adhieren de forma voluntaria, por lo que son sus socios los que “de forma no vinculante e independiente deciden adoptar o no las resoluciones procedentes de órganos de gobierno de la Federación”.
En otras palabras, el presidente de la FEMP señalaba que la presentación de las garantías demandadas por Empleo “extralimita la capacidad de la Federación”.
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Abrir en una nueva pestaña “Es un requisito de difícil cumplimiento que más parece impedir que facilitar los trámites necesarios para lograr la finalidad que tanto tú misma como la FEMP perseguimos: la regulación del derecho de los policías a optar a la jubilación anticipada”, concluía la carta dirigida a Báñez.
La FEMP señalaba que la presentación de las garantías demandadas por Empleo “extralimita la capacidad de la Federación”
Esta última alusión no era baladí, ya que la jubilación anticipada de los policías locales fue un compromiso personal de Báñez, según indican fuentes próximas a la reunión. De alguna forma, el balón quedaba en el tejado de Empleo.
Los sindicatos hicieron presión
También los sindicatos presionaron una semana después. CSI-F, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., la Federación de Servicios Públicos de UGT, la Confederación de Seguridad Local (CSL) y la Coordinadora de Policías (COP) remitieron una carta conjunta a Báñez pidiéndole que el procedimiento continuara de inmediato ante el claro posicionamiento de los ayuntamientos a favor de la medida.
Días después, el 25 de noviembre, el subsecretario de Empleo respondía a los ayuntamientos y disipaba las dudas sobre un posible bloqueo de la situación.
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En la nueva misiva, Llorente se refiere a las explicaciones de la FEMP como una serie de “cuestiones que son relevantes para la aprobación y posterior aplicación del Real Decreto”.
En opinión de CSI-F, la situación “ya no tiene vuelta atrás”. Según fuentes del sindicato, “ya es una cuestión de voluntad política del Gobierno y la FEMP aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto de la jubilación de los policías locales”.
Según los datos que maneja el sindicato, en España hay cerca de 70.000 policías locales, de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 tienen entre 55 y 60.
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