La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que actúa como auditor externo del Gobierno, alertaba hace unos días de que el superávit en los ayuntamientos se está debilitando y lo achacaba, en parte, a una aplicación limitada e ineficiente de la regla de gasto.

El escenario central de sus previsiones apuntaba a que el margen positivo del 0,5% del PIB alcanzado en 2015 por las corporaciones locales -8.175 municipios y diputaciones, y en torno a 4.850 entidades locales de ámbito territorial distinto al municipio- se reduciría al 0,4% en 2016 y al 0,3% en 2017.

Sin embargo, la actualización del Plan Presupuestario 2017 que el Gobierno debía enviar a Bruselas antes de elaborar los Presupuestos para el próximo año y que le remitió el pasado viernes dibuja un escenario más optimista.

El Gobierno asegura en el documento que el excedente fiscal de los consistorios permanecerá estable en torno al 0,4% del PIB hasta 2019, más allá del objetivo de equilibrio que el último cuadro macroeconómico marca para esos años.

El Gobierno asegura en el documento que el excedente fiscal de los consistorios permanecerá estable en torno al 0,4% del PIB hasta 2019

Además, el Ejecutivo saca pecho en el documento y asegura que esta senda será posible, precisamente, por la aplicación de dicha regla de gasto. De acuerdo con esta norma, las administraciones no pueden incrementar sus desembolsos por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo, que en 2016 se ha fijado en el 1,8%. Sólo es posible superar este límite si la excepción se compensa con incrementos de ingresos con carácter permanente.

La cuestión no pasaría pues de un capítulo más en la historia de desencuentros entre el Gobierno y su auditor si no fuera porque el superávit de los ayuntamientos ha venido compensando el déficit del resto de las administraciones durante los últimos años.

Por ello, AIReF venía a avisar de que en los próximos años no se podrá contar como hasta ahora con las entidades locales para maquillar las cuentas públicas ante Bruselas si no se toman medidas.

En el Plan Presupuestario se dice, sin embargo, que la estabilidad prevista en el superávit local "supone un elemento adicional de garantía del cumplimiento del objetivo de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en todo el periodo de proyección".

La regla de gasto está llamada a retocarse

Con todo, el Gobierno abre la puerta dentro del Plan Presupuestario 2017 a un "análisis" de la regla de gasto, tal y como se ha comprometido recientemente en una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Se trata de un primer paso para su revisión, lo que no se sabe es en qué sentido.

Lo que pretenden los consistorios es tener más margen para poder gastar las reservas que, pese a los incumplimientos, han acumulado durante los últimos años en muchos casos.

Mientras, AIReF ya ha avisado de que su apuesta es por hacer una interpretación más restrictiva de la regla de gasto. La organización que dirige José Luis Escrivá cree que es necesario reformularla para hacerla creíble, y aplicarla sin excepción.

El Gobierno abre la puerta dentro del Plan Presupuestario 2017 a un "análisis" de la regla de gasto

Así, ha alertado de que ésta no se cumple en muchos ayuntamientos, empezando por los grandes, como Madrid o Barcelona. Además, critica que para calcular el incremento del gasto permitido cada año se toma como referencia el del año anterior, con lo que se consolidan los excesos cometidos. En resumen, su aplicación no está siendo todo lo efectiva que debiera.

El Gobierno tiene otras recetas para controlar el gasto

Lo que el Gobierno detalla, en cambio, dentro del Plan Presupuestario, es su intención de lograr un mayor autocontrol del gasto de los ayuntamientos.

En aras de incrementar la transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), publicará a partir del próximo ejercicio el resultado individualizado del déficit en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Bilbao y Murcia, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, se está trabajando en un proyecto de Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades locales, con el que se pretende dotarles de una "estructura de control interno para reforzar el sistema de fiscalización previa", apunta el Plan Presupuestario.

En busca de más ingresos por IBI

No obstante, en lo que sí parece haber acuerdo es en la necesidad de nutrir a los ayuntamientos con más ingresos por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Según AIReF, la recaudación por este impuesto local han caído a la mitad, del 6% al 2% por la supresión este año de los tipos incrementados en 2012 para sanear las cuentas de los consistorios. Ello también estaría detrás del deterioro de su superávit, al menos en 2016.

En este sentido, el Gobierno ha aprobado, dentro de último Real Decreto-Ley de medidas para ajustar el déficit, los coeficientes de incremento de los valores catastrales en los alrededor de 2.500 ayuntamientos que lo habían solicitado.

El valor catastral de los inmuebles se entiende como la base imponible del IBI, por lo que es de esperar mayor recaudación en estos ayuntamientos a lo largo de 2017.