El Gobierno y los partidos políticos del Congreso siguen negociando cómo será el nuevo bono social de la luz. Por un lado, quieren rediseñarlo para hacerlo más efectivo y llegue a los hogares realmente vulnerables y que lo necesiten, porque en su fórmula actual parte de los beneficiarios no tiene problemas económicos. Y por otro, deben decidir quién lo paga después de que el Tribunal Supremo tumbara, otra vez, el sistema de financiación.

Tanto el Ejecutivo  como la oposición quieren que el coste del bono social –la única política gubernamental destinada a paliar la pobreza energética- lo sigan pagando las compañías eléctricas. El Supremo ha considerado por dos veces que el reparto establecido por el Gobierno de los costes del programa, unos 200 millones al año, era discriminatorio.

La solución que parece que se dará para sortear los obstáculos legales pasa por cargar la financiación del bono social a todas las comercializadoras eléctricas que operan en el país (unas 200 compañías) y que asuman el coste en función del número de sus clientes, lo que volverá a cargar la inmensa mayoría del presupuesto a las cinco grandes grupos (Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo).

Cofinanciar la política social de CCAA

Y los planes que ha desvelado hoy el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pasan porque esos 200 millones de euros que aportarán las eléctricas sirva no sólo para asumir el descuento en el recibo de la luz (actualmente del 25%) que se aplica a sus beneficiarios, sino también para financiar al menos parte de los costes derivados de asumir el abono de las facturas de hogares en problemas para evitar el corte del suministro de la luz. Unos costes que actualmente asumen íntegramente los servicios sociales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

Nadal pretende pues que el presupuesto del bono social aportado por las eléctricas sirva también cofinanciar los gastos de evitar cortes de la luz por no pagar a esas mismas eléctricas. “Me gustaría que parte del bono social se destinara a apoyar a comunidades y ayuntamientos, por el apoyo que ellos dan para evitar cortes de suministro”, ha dicho el ministro. “El objetivo es que los servicios sociales asuman el coste de impedir cortes, pero que haya cofinanciación por parte del bono”.

“Para ello hay que pedir también generosidad a las comunidades autónomas para compartir competencias. A ver si todas están dispuestas”, ha matizado Nadal, ante el recelo que algunos gobiernos regionales muestran por una posible intromisión competencial por parte del Gobierno central.