Más de 13 millones de trabajadores se tomarán las uvas el próximo 31 de diciembre sin saber si tendrán subida salarial el año que viene, cuánto aumentarán sus sueldos o si lo harán por debajo del IPC previsto, con la correspondiente pérdida de poder adquisitivo.

Solo los algo más de 9,4 millones de pensionistas dentro del ámbito contributivo y los 223.000 trabajadores directamente afectados por el salario mínimo interprofesional (SMI) tienen ya noticias sobre el devenir de sus rentas en 2017.

Los primeros tendrán una revalorización del 0,25%, por debajo de la previsión de inflación del 1,5%. Por su parte, el SMI aumentará un 8% el próximo año, hasta los 707,6 euros mensuales.

Para el resto, la situación es incierta. Las negociaciones sobre las subidas, tanto en el sector público como en el privado, se encuentran en un momento de parálisis y todo apunta a que no se despejará ninguna incógnita hasta una vez iniciado 2017.

En lo que se refiere a la Administración, fuentes del Ministerio de Hacienda indican que aún no se ha convocado a los sindicatos de la función pública a la Mesa General de la Administración General del Estado (AGE) en la que se deberían tratar estos temas. Pero, con seguridad, los algo más de tres millones de funcionarios no tendrán una referencia de subida de sueldos antes de que acabe el año.

El secretario de Estado de Hacienda, Alberto Nadal, ya adelantó que la cifra no se despejará hasta que se elabore el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017, algo que no se espera hasta por lo menos el mes de enero.

La razón es que el Gobierno sigue negociando con los grupos parlamentarios la letra pequeña del proyecto de Ley para garantizar su aprobación y la partida de gastos referida a los sueldos de los funcionarios está a expensas del gasto que impliquen los pactos que el Ejecutivo alcance con  PSOE o Ciudadanos.

Además, sobre las expectativas de revalorización salarial de estos trabajadores planea la sombra del techo de gasto de los Presupuestos para el año que viene. El Gobierno lo ha reducido en un 5% respecto al Presupuesto inicial de 2016 y en línea con la ejecución prevista al cierre del año.

Esta decisión ha sumergido a los sindicatos de la función pública en cierto pesimismo. Hasta las fecha, las pocas alusiones públicas del Gobierno y el PP al respecto hacen vislumbrar una subida del 1%, que, hasta que se aprueben los Presupuestos para el próximo año, se producirá de facto con la prórroga automática de las cuentas de 2016 a partir de enero.

Patronal y sindicatos tampoco se ponen de acuerdo

En el sector privado tampoco se espera un acuerdo entre la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT antes de 2017. Los agentes sociales se encuentran negociando la renovación del II Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para 2017.

En principio, ambos tienen el mandato de fijar una recomendación sobre la subida salarial del próximo año a seguir por los negociadores de los convenios colectivos. Sin embargo, han abierto la puerta a tratar otras cuestiones relacionadas también con la negociación colectiva.

Este acuerdo afectaría potencialmente a 10,6 millones de trabajadores, según la CEOE, y a 15,2 millones, de acuerdo con las cifras que manejan los sindicatos.

Las diferencias surgen cuando los representantes de los trabajadores reclaman una respuesta urgente por parte de los empresarios a la propuesta salarial que les remitieron el pasado mes de noviembre. En el documento reclamaban un incremento de los sueldos entre el 1,8% y el 3% para el próximo año, frente al 1,5% fijado para 2016, como punto de partida para discutir el resto de cuestiones.

Sin embargo, los empresarios quieren abordar una negociación de conjunto, tratando al mismo tiempo salarios y otros temas como el absentismo o el gasto que supone para las empresas la existencia de liberados sindicales.

Fuentes de CEOE explican que la idea es que las empresas puedan valorar este tipo de aspectos antes de fijar subidas salariales, mientras que desde los sindicatos se teme que se trate de una estrategia de los empresarios para demorar las negociaciones. Este enconamiento no es nuevo. La firma del II AENC se demoró más allá del cierre de 2014 y no se produjo hasta junio de 2015.