El Gobierno planea dar, como máximo, un plazo de tres meses a los bancos para que respondan a los afectados por cláusulas suelo sobre su disposición o no a devolver lo cobrado desde que se activó el suelo de  la hipoteca. Este plazo quedará recogido en la normativa que prepara el Gobierno y que se articulará, probablemente, a través de un Decreto Ley.

Economía no aprobará ninguna norma hasta que el Supremo se pronuncie sobre la sentencia europea

Economía está pendiente de que el Supremo se pronuncie al respecto de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) para clarificar cómo han de actuar los tribunales españoles ante las diferentes casuísticas de los hipotecados. Paralelamente,  está recabando los apoyos parlamentarios que le garanticen aprobar una normativa.

El Gobierno aspiraba a aprobarlo en el último Consejo de Ministros de 2016. Ante la negativa del PSOE, manifestó su intención de tramitarlo en el primer Consejo de este año, el 13 de enero. Sin embargo, el informe del Supremo podría dilatar el trámite.

Los afectados por cláusulas podrán recibir el dinero líquido o descontarlo del préstamo hipotecario

En cualquier caso, el Ejecutivo ya tiene claros algunos de los pilares sobre los que se articulará. Si el cliente elige reclamar por la vía extrajudicial y el banco considera -en el plazo máximo de tres meses- que el reintegro es pertinente porque la cláusula suelo no se estableció siguiendo los criterios de transparencia pertinentes, el cliente podrá elegir entre recibir el dinero líquido -fórmula más farragosa por las implicaciones fiscales- o amortizar capital del préstamo, es decir, descontar el importe de la deuda pendiente con el banco.

En el sector financiero, el sentir general es que las entidades van a optar por dar una solución favorable y rápida para sus clientes con el fin de evitar ir a juicio y el pago de las costas judiciales, si el fallo es en su contra, como viene ocurriendo en los últimos días, desde que el Tribunal europeo dictó su sentencia.

Mientras los bancos hacen cuentas para cuantificar el impacto de las cláusulas suelo, se abre un nuevo frente: los gastos de formalización de las hipotecas.

Una sentencia del Supremo de 2015 consideró que los costes de notaría, registro y el impuesto de actos jurídicos, que abonan habitualmente los clientes, deben pagarse de forma equitativa entre el banco y el hipotecado.

Asociaciones en defensa de los consumidores, como Adicae y OCU, y bufetes de abogados se están movilizando para reclamar por la vía judicial la devolución de estos costes, que podrían obligar a la banca a realizar provisiones adicionales a las que ya planea para hacer frente a las cláusulas suelo.

La OCU calcula que una hipoteca media de 150.000 euros acarrea unos gastos medios de unos 3.000 euros y cifra en alrededor de 18.000 millones el importe que tendría que devolver la banca, muy por encima de los 4.000 millones que, según el Banco de España, sería el impacto máximo de las cláusulas suelo.