Economía

El Gobierno prepara una nueva ley hipotecaria tras la crisis de las cláusulas suelo

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El Gobierno prepara una nueva ley hipotecaria tras la crisis de las cláusulas suelo
El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante una comparecencia.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, durante una comparecencia. GOBIERNO DE ESPAÑA

Resumen:

El Gobierno está trabajando en una nueva ley que regule todos los frentes que tantos quebraderos de cabeza están provocando a las entidades financieras, tras los escándalos de las cláusulas suelo y el abono de los gastos ligados a los préstamos para la compra de vivienda.

Planea aprobar la nueva normativa, aprovechando la transposición de la directiva europea sobre crédito hipotecario 2014/17/UE, aprobada el 4 de febrero de 2014.

A finales de mes de julio, el Ministerio de Economía y competitividad presentó el Anteproyecto de Ley que regulará los contratos de crédito inmobiliario.

Con esta regulación, quiere apuntalar todos los conceptos referentes a los préstamos hipotecarios susceptibles de interpretaciones difusas, como las diferentes cláusulas que pueden ser consideradas abusivas o las prácticas comerciales poco transparentes.

En medio de los escándalos de las cláusulas suelo y el abono de los gastos ligados a los préstamos para la compra de vivienda, el Gobierno está trabajando en una nueva ley que regule todos los frentes que tantos quebraderos de cabeza están provocando a las entidades financieras, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica al sistema hipotecario y proteger al ciudadano, según ha adelantado El Independiente y ha confirmado esta mañana el ministro de Economía Luis de Guindos en el marco del Investors Day.

El Ejecutivo planea aprobar la nueva normativa, aprovechando la transposición, antes del final de mayo, de la directiva europea sobre crédito hipotecario 2014/17/UE, aprobada el 4 de febrero de 2014. Para ello, a finales de mes de julio, el Ministerio de Economía y competitividad presentó el Anteproyecto de Ley que regulará los contratos de crédito inmobiliario.

Con esta regulación, el Gobierno quiere apuntalar todos los conceptos referentes a los préstamos hipotecarios susceptibles de interpretaciones difusas, como las diferentes cláusulas que pueden ser consideradas abusivas, la comercialización de swaps, hipotecas multidivisas o la responsabilidad que en un momento dado puede atribuirse a notarios o registradores de la propiedad.

De este modo, busca proteger al cliente y evitar que sea víctima de cláusulas y procesos de comercialización de productos bancarios poco transparentes, al tiempo que dota de mayor seguridad al sistema financiero, asediado en los tribunales por prácticas cuestionables que le van a costar miles de millones de euros.

Esta regulación está al margen de la norma que el Gobierno aspira a aprobar el viernes 13 de enero en el Consejo de Ministros, para articular un esquema que regule acuerdos extrajudiciales entre los bancos y los afectados por cláusulas suelo. Este reglamento, que nacerá con rango de Decreto Ley, busca agilizar el proceso de devolución del dinero que los clientes pagaron de más, desde el momento en el que el suelo de sus préstamos evitó que la cuota de la hipoteca siguiese beneficiándose por la caída del euribor. Acogerse a este proceso será de carácter voluntario para los afectados y obligatorio para los bancos.

Guindos ha confirmado hoy, tal como informó el 9 de enero El Independiente, que la banca tendrá tres meses para pactar con sus clientes la devolución del importe pagado de más por cláusulas que sean consideradas abusivas.

En línea con Europa

La directiva 2014/17/UE sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes de uso residencial debería haberse traspuesto en el plazo de dos años, de ahí que la Comisión Europea ya advirtiese a España, en junio de 2016, sobre el riesgo de abrir un procedimiento por infracción. Ello, a pesar de que la mayoría de aspectos que recoge el texto europeo sobre transparencia y protección de los consumidores ya están incorporados en el sistema financiero español desde finales de 2011.

El objetivo garantizar que los consumidores disfruten de un elevado grado de protección, al tiempo que exige una tolerancia razonable antes de proceder a las ejecuciones hipotecarias o embargos.

Como una de las novedades más destacadas, figura que el coste de amortizar anticipadamente una hipoteca o cualquier préstamo inmobiliario se abaratará. Permitirá que, de forma general, a partir del sexto año la entidad financiera no cobre comisión alguna por este concepto.

En los cinco primeros años de vida del crédito, el consumidor podrá tener que pagar una comisión de hasta un 0,25% del capital reembolsado anticipadamente o el importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista. Si la amortización se produce, sin embargo, en los tres primeros años de vigencia del préstamo, el límite se mantiene en el 0,50% que opera en la actualidad para los cinco primeros años de la vida del crédito.

Las hipotecas en divisas extranjeras están en el punto de mira y los bancos tendrán que informar a los clientes cuando lo que paguen en moneda foránea supere en un 20% el importe en euros. Los clientes tendrán siempre la posibilidad de convertir su préstamo a euros.

Junto a ello, regula la venta cruzada de productos. Los bancos no podrán vincular la concesión de una hipoteca a la contratación de otros productos, como los seguros, salvo que dichos productos tengan un claro beneficio para los clientes.

La directiva también protege a las entidades financieras y reconoce el derecho del banco a acceder a fuentes de información públicas o privadas antes de aprobar o denegar el préstamo.

Otro de los objetivos de la norma es la constitución de un mercado único hipotecario a nivel europeo. Para ello, se crea un pasaporte europeo que permite a las entidades de un Estado Miembro ofrecer sus servicios en toda la Unión Europea, como ocurre, por ejemplo, con otros productos financieros, como los fondos de inversión.

 

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