Economía

El Gobierno maniobra para aplazar el pago a las eléctricas de 500 millones del bono social

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El Gobierno maniobra para aplazar el pago a las eléctricas de 500 millones del bono social
El ministro de Energía, Álvaro Nadal.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal. Efe

Resumen:

El Gobierno se dispone a dar la batalla por el bono social eléctrico, la política gubernamental con la que se trata de paliar los efectos de la pobreza energética y cuya financiación ha enfrentado a los sucesivos Ejecutivos con las compañías eléctricas en los últimos años.

El Ministerio de Energía se dispone a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Supremo que tumbó la financiación del bono social, y así aplazar la devolución de los 500 millones que aportaron las eléctricas para pagar el bono social.

El Gobierno acaba de aprobar la nueva formulación del bono social, que reparte el coste del programa –unos 200 millones de euros anuales- entre las más de 200 comercializadoras eléctricas que operan en el mercado español.

El Ministerio de Energía debe ahora decidir de qué manera devuelve a las eléctricas los 500 millones de euros que el sistema eléctrico debe a las compañías que hasta ahora pagaban el bono social (hasta ahora, las cinco grandes eléctricas y una veintena de pequeñas sociedades más). Debe decidir si esa deuda la asumen todos los consumidores a través del recibo de la luz o lo hacen –también los consumidores- a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno se dispone a dar la batalla por el bono social eléctrico, la política gubernamental con la que se trata de paliar los efectos de la pobreza energética y cuya financiación ha enfrentado a los sucesivos Ejecutivos con las compañías eléctricas en los últimos años.

El Gobierno acaba de aprobar la nueva formulación del bono social, que reparte el coste del programa –unos 200 millones de euros anuales- entre las más de 200 comercializadoras eléctricas que operan en el mercado español. Un nuevo sistema con el que el Ejecutivo cree que sorteará los obstáculos legales que han hecho que el Tribunal Supremo tumbe por dos veces la financiación del bono en los últimos años.

El Ministerio de Energía debe ahora decidir de qué manera devuelve a las eléctricas los 500 millones de euros que el sistema eléctrico debe a las compañías que hasta ahora pagaban el bono social (hasta ahora, las cinco grandes eléctricas y una veintena de pequeñas sociedades más). Debe decidir si esa deuda la asumen todos los consumidores a través del recibo de la luz o lo hacen –también los consumidores- a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Pero el Gobierno quiere ganar tiempo antes de ejecutar la devolución de los 500 millones que aportaron las eléctricas para financiar el bono y que el Tribunal Supremo decidió anular por considerar discriminatorio el reparto. El Ministerio de Industria prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la propia sentencia del Tribunal Supremo, según informa Europa Press, y así posponer el pago de la indemnización mientras el tribunal decide.

El Ejecutivo, que presentará el recurso de manera inminente, llevará el caso al Constitucional después de que la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo desestimara el incidente de nulidad que había presentado el propio Ministerio de Energía en contra de la sentencia con la que el Tribunal tumbó el pasado octubre el sistema de financiación.

La Abogacía del Estado considera que los cauces legales no están agotados y que se puede recurrir al Constitucional. Y, prospere o no el recurso, lo que sí conseguirá El Ministerio de Energía, ahora comandado por Álvaro Nadal, es ganar tiempo y posponer el pago a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España y otra veintena de sociedades de los cerca de 500 millones de euros aportados en los últimos años.

Los planes del Gobierno pasan por argumentar en su recurso que el Supremo ha incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado antes de dictar sentencia una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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