Los Consejos de los bancos en los que se aprobarán los resultados de 2016 arrancan en los próximos días, bajo la atenta mirada de los auditores, que planean exigir provisiones máximas con cargo a las cuentas del año pasado, para absorber el potencial impacto de las devoluciones a los clientes ligadas a las cláusulas suelo.

El efecto de reintegrar las cantidades cobradas indebidamente a los clientes por los suelos en las hipotecas será profundo, y varias consultoras confirman a El Independiente que, “haciendo un ejercicio de prudencia, los bancos deberán provisionar la totalidad -o prácticamente- del importe máximo estimado con cargo al ejercicio recién cerrado, para recibir el informe favorable”.

“Se trata de un criterio de prudencia contable y existe un riesgo cierto. Por tanto, nos están exigiendo a todas las entidades que lo provisionemos todo”, señala un banquero. Otro, sin embargo, apunta que “las entidades y los auditores tendremos que pelear para llegar a un acuerdo, ya que cada entidad es un mundo”.

El regulador ha pedido a los bancos que notifiquen el impacto bruto de las cláusulas para revaluar los daños

Entretanto, el Banco de España está revaluando el riesgo que afronta el sector financiero. Apenas unos días después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSJE) fallase a favor de devolver con carácter retroactivo el importe pagado en exceso por el efecto de los suelos en las hipotecas, remitió a todas las entidades un formulario, que están entregando durante estos días, detallando el impacto bruto en el escenario más adverso y el que esperan que se materialice.

El regulador cifró en un primer momento el impacto total -suponiendo que todas las cláusulas suelo sean consideradas abusivas y que la totalidad de los hipotecados reclamen- en 4.200 millones. Pero en la práctica, la institución que preside Luis María Linde y la banca espera que el golpe para el sector sea menor.

Impacto en el sector financiero

Si, finalmente, la postura de las auditoras se confirma y los bancos se ven obligados a dotar los importes máximos, algunas entidades, como BBVA, sufrirán un duro golpe en sus resultados. La entidad que preside Francisco cifró en un primer momento el impacto total de la supresión de la cláusula en 1.200 millones de euros. Ya ha anunciado que realizará una dotación de 404 millones este año para cubrir la contingencia de futuras reclamaciones, por lo que debería dotar cerca de otros 800 millones adicionales.

Popular, que ya había provisionado 305 millones de euros para cubrir el alcance de las sentencias conocidas antes de la del 21 de diciembre, estima que el impacto de la resolución ascenderá a 334 millones de euros, que deberá dotar con cargo a 2016.

El impacto total para CaixaBank por la eliminación de las cláusulas desde el inicio de la vida del préstamo asciende a 750 millones de euros, en el peor escenario posible. El grupo catalán ya ha provisionado 515 millones, por lo que debería hacer nuevas dotaciones por 235 millones adicionales.

Sabadell cuenta actualmente con provisiones genéricas -no específicas para hacer frente a demandas por cláusulas suelo- que, si fuese necesario, cubrirían las futuras reclamaciones, asegura la entidad. El grupo siempre ha defendido la transparencia de sus contratos y, por tanto, su confianza en que la justicia le dé la razón.

Bankia, por su parte, dotó en su momento 114 millones de euros y ha calculado que, en el peor de los escenarios, debería dotar otros 100 millones. Señala que no sabe qué parte o cuándo los dotará.

Liberbank es el que más afectado se verá, en términos relativos, por la normativa europea. Ha estimado el impacto en 83 millones de euros, que se reflejarán en las cuentas del año pasado.

Aunque los auditores aseguran que, como normal general, se sentirán más cómodos si los bancos dotan todas las contingencias contra 2016, algunas entidades defienden la posibilidad de dilatarlas a 2017.

Explican que el Decreto Ley que prepara el Gobierno y que aspira a aprobar en el Consejo de Ministros del viernes 13 de enero será decisivo, regula que los afectados por cláusula suelo puedan optar por recibir su dinero en efectivo o amortizándolo del préstamo hipotecario, en un plazo máximo de tres meses.

En este sentido, señalan que, si los clientes exigen el reintegro de su capital en liquidez, el impacto se considerará pérdida contable y, por tanto, habría de provisionarse en el año en el que se incurrió, por lo que debería atribuirse a 2016. Si, por el contrario, el hipotecado opta por destinar el dinero a amortizar el préstamo, el banco lo consideraría caída de ingresos y tendría margen para dilatar la dotación a 2017.

Para evitar que nuevos casos como los de las claúsulas suelo golpeen al sector financiero y para proteger al ciudadano, velando por la transparencia en los préstamos hipotecarios, el Gobierno prepara una nueva normativa aprovechando la transposición, antes del final de mayo, de la directiva europea sobre crédito hipotecario 2014/17/UE, aprobada el 4 de febrero de 2014. A finales de mes de julio, el Ministerio de Economía y competitividad presentó el Anteproyecto de Ley que regulará los contratos de crédito inmobiliario.