La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, estudia “ajustar” los actuales tramos de copago farmacéutico establecidos para los pensionistas con el objetivo de que aquellos que más tienen también paguen más. Hasta ahí las certezas.

Sin embargo, lo que no ha concretado aún es si baraja reducir la cuantía a los que tienen menores rentas, hasta los 18.000 euros anuales, o subirla para los que más ingresan hasta 100.000 euros o más, medida ésta que afectaría a más de dos millones de jubilados.

Tampoco ha dejado claro si la opción será retocar estos tramos de renta, aunque actualmente coinciden con los del colectivo de activos y un cambio así introduciría cierta asimetría en el sistema.

Así funciona el copago

En la actualidad no todas las personas que acuden a la farmacia soportan el mismo nivel de cofinanciación del sistema o copago. Los más gravados por esta especie de impuesto indirecto son los activos con rentas superiores a los 100.000 euros anuales, que sufragan un 60% del precio del medicamento. A continuación están aquellos con ingresos entre los 18.000 y los 100.000 euros, con un 50%; y los que cuentan con menos de 18.000 euros anuales, que pagan un 40%.

En todos estos casos, no existen topes mensuales, no así para los pensionistas. Para ellos, hay los mismos tramos de renta, con una cuota general del 10%. Es éste el elemento que plantea cierta injusticia, ya que tanto para un jubilado que cobra menos de 18.000 euros, como para aquel que alcanza los 100.000 euros, el coste es el mismo.

El único elemento nivelador son los topes mensuales, puesto que para los primeros se sitúa en 8 euros, mientras que para los segundos se establece un máximo de 18 euros y aquellos que cobran más de 100.000 euros tienen un límite de 60 euros.

Fuente: Seguridad Social

Fuente: Seguridad Social Foto: Europa Press R.O.

Por último, para los funcionarios mutualistas de clases pasivas inscritos en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) el porcentaje de copago se limita al 30%, mientras que quedan exentos los afectados por síndrome tóxico y otras discapacidades, los perceptores de pensiones no contributivas, los parados de larga duración que hayan consumido el paro y el subsidio o los que tienen tratamientos derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Dos millones de pensionistas a la espera

Los expertos consultados aseguran que las estadísticas oficiales no muestran con claridad cuántas personas se encuadran en cada uno de estos tramos de renta. En el caso concreto de los pensionistas, coinciden en cambio en que la cifra de aquellos que cuentan con ingresos anuales de entre los 18.000 y los 100.000 euros y a los que se ha señalado como posibles damnificados por el “ajuste” de Sanidad, rondarían los dos millones de personas.

El profesor de la Universidad Pompeu Fabra y economista de Fedea, Sergi Jiménez, se remite a las estadísticas sobre pensiones que publica el Ministerio de Empleo. Según estos registros hay en España 2.087.046 personas que cobran pensiones contributivas de más de 1.300 euros anuales, algo más de 18.000 euros anuales.

No obstante, estas cifras no incluyen a aquellos pensionistas con otras rentas que podrían sumar en total ingresos superiores con prestaciones por debajo de los 18.000 euros al año. Además, tampoco se especifica cuántos de ellos ingresan más de 100.000 euros anuales.

Por ello, Jiménez afirma que un cálculo más aproximado situaría la cifra en entre el 25% y el 30% de los 8,6 millones de beneficiarios de prestaciones contributivas, entre 2,1 y 2,7 millones de personas.

Se trata de las mismas cifras que manejan en CC.OO. El sindicato alerta de que una medida en esta dirección ahondaría en la creciente “exclusión farmacéutica”.

Según explica el secretario de protección social y políticas públicas de CCOO, Carlos Bravo, la exclusión de unos 400 medicamentos de la financiación pública ha supuesto solo entre 2010 y 2014 un gasto adicional de 2.000 millones de euros.

Como consecuencia de esta medida, el gasto en medicamentos de venta libre pasó de un promedio del 18,9% del total de gastos en medicamentos (excluyendo los productos médicos perecederos) en 2010, al 23,7% en 2011; el 29,1% en 2012; el 32,2% en 2013 y el 31,1% en 2014, según las cifras que maneja CC.OO.

Por otro lado, fuentes de la Agencia Tributaria (AEAT) arrojan una aproximación también sobre los posibles afectados. Según sus estadísticas de declarantes de IRPF, unos 3,1 millones de personas de entre 66 y 75 años contaban con una pensión media anual de 16.300 euros, con lo que cabe pensar que una buena parte de ellos superaban los 18.000 euros al año.