Unos 270.000 empleados públicos de la Junta de Andalucía recuperarán desde este lunes la jornada laboral de 35 horas que el Gobierno elevó a 37,5 horas en 2012. Todo un desafío al Gobierno de Mariano Rajoy, que ya ha recurrido esta misma decisión en comunidades como Castilla-La Mancha o el País Vasco, y que ha convocado al Ejecutivo de Susana Díaz a una reunión el próximo 18 de enero para tratar de frenar esta maniobra.

Pero el PSOE está decidido a hacer de esta reivindicación de los empleados públicos una bandera. Después de que el Tribunal Constitucional tumbara la jornada de 35 horas en Castilla-La Mancha, su recuperación en Andalucía se ha llevado a cabo por la vía del decreto Ley con el apoyo de IU y Podemos, previo acuerdo con CCOO, UGT y CSI-F. No sería de extrañar que, algunos barones socialistas también pusieran el asunto sobre la mesa en la Conferencia de Presidentes de este martes.

Antes de que la Junta se vea las caras con el Gobierno central en la reunión bilateral del miércoles, el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, criticaba la semana pasada que no se haya esperado a alcanzar un acuerdo con la autoridad competente en la materia, “que es el Gobierno”,  antes de dar el paso y aplicar la reducción de jornada en la administración andaluza, informa Europa Press.

La medida entra en vigor este lunes para los empleados públicos de la administración andaluza, incluidos los del ámbito sanitario y educativo. En este último sector, sin embargo, no se aplicará la jornada de 35 horas en la jornada lectiva hasta inicios del próximo curso. Tampoco se verán afectados los trabajadores de la Justicia, que dependen de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque sean funcionarios de la Junta.

Todo pasa por la negociación colectiva

Sin embargo, la adaptación de los servicios públicos a esta reducción de jornada estará sujeta a la negociación colectiva.

En este sentido, lo que pretende el PSOE a nivel nacional es arrancar un acuerdo al Gobierno para que no ponga obstáculos a que esta negociación se pueda llevar a cabo en el resto de las administraciones. No se trata tanto de fijar estos dígitos en la Ley que se modificó en 2012, puesto que ello supondría mayores dificultades a la hora de la tramitación.

En otras palabras, el PSOE persigue, antes que cambiar la Ley, que el Gobierno deje de recurrir las 35 horas en las comunidades autónomas que decidan retomarlas a través de la negociación con los sindicatos.