El Decreto Ley que prepara el Gobierno para dar una salida rápida a los afectados por cláusulas suelo va tomando forma. Tras pactar la abstención del PSOE, es probable que la nueva normativa se apruebe mañana viernes en el Consejo de Ministros.

La regulación, tal como confirmó el miércoles en el foro de Davos Luis de Guindos, ministro de Economía, busca “establecer un cauce” para agilizar las devoluciones, pero el Gobierno “no puede meterse en medio de una negociación entre particulares”. Deberá ser pactado entre las entidades y sus clientes. Y, los reintegros tendrán que satisfacerse en el plazo máximo de tres meses.

Las entidades ya han empezado a hacer cábalas sobre cómo devolver el dinero que cobraron de más, causando, en la medida de lo posible, el menor impacto posible en su cuenta de resultados. En este sentido, varios bancos ya han manifestado que ofrecerán reducir el tipo de interés de las viejas hipotecas para compensar el efecto de las cláusulas suelo.

"Este cauce extrajudicial debería permitir alcanzar soluciones individualizadas a la medida de cada cliente y de su situación. Por ejemplo, una persona con un alto principal pendiente puede estar más interesada en una reducción del tipo a futuro que en la devolución de cantidades de manera inmediata", explican desde BBVA.

El abaratamiento de la hipoteca es una de las opciones más benévolas para el negocio bancario, ya que, dentro de la cuenta de resultados, se registra como una reducción de los ingresos futuros, mientras que una devolución es considerada una pérdida contable.

En cualquier caso, el Decreto Ley establece que las entidades tienen la obligación de realizar una oferta de devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor con previsión expresa y desglosada de los correspondientes intereses.

El borrador también recoge que cualquier otro acuerdo entre las partes, como la devolución mediante amortización parcial del capital del préstamo, tendrá carácter subsidiario y dependerá de la aceptación expresa y por escrito del cliente, en documento aparte, con las debidas garantías de transparencia e información.

Una vez que la entidad haga su propuesta, el cliente contará con 15 días para decidir si la acepta o prefiere ir a los tribunales. Si se acoge a esta vía, es probable que la justicia no se pronuncie hasta pasados un año y medio o, incluso, dos años.

Diversas fuentes del sector financiero aseguran que la banca está de acuerdo en propiciar un cauce extrajudicial voluntario para tramitar y resolver de manera ágil las reclamaciones, evitando una carga adicional para la administración de justicia y evitando también que los clientes tengan que incurrir en gastos innecesarios. Evitar el pago de costas, cifradas en 3.600 euros por proceso, es una prioridad para los bancos.

En este punto, la banca carga contra bufetes de abogados que han visto en la crisis de las cláusulas suelo una vía para disparar sus ingresos. "Algunos abogados ofrecen, por ejemplo, asesoramiento aparentemente gratuito pero luego imponen honorarios en forma de elevadas tasas de éxito que disminuyen las cantidades realmente percibidas por los clientes o que les impiden suscribir acuerdos más ventajosos para sus intereses", señalan fuentes financieras.

En el ámbito fiscal, la regulación fijará que las devoluciones de las cláusulas suelo estarán sujetas al IRPF, aunque los afectados sí se deberán poner al día las deducciones fiscales por compra de vivienda de las que se hubiesen beneficiado. En cualquier caso, esta cantidad no estará gravado por intereses de demora, recargos, ni sanciones de ningún tipo.

En el marco del Real Decreto se constituirá también un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones para impulsar una correcta implantación del mecanismo extrajudicial. En este órgano se incluye a representantes de los consumidores y de la abogacía.

Por otro lado, los bancos deberán informar proactivamente a sus clientes sobre la existencia del mecanismo extrajudicial para que reclamen, especialmente personas vulnerables.

La devolución del dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo podría tener un efecto adverso para la financiación a las familias. Desde la patronal de bancos (AEB) y otros sectores advierten de un posible encarecimiento del crédito.