El sistema eléctrico español llegó a tener un agujero que rozó los 29.000 millones de euros. Ésa era la deuda que los consumidores españoles acumularon porque lo que pagaban con sus recibos de luz no era suficiente para cubrir todos los costes reconocidos del sistema. No sólo los costes reales (lo que cuesta producir la electricidad y llevarla hasta los hogares), sino también los costes que la regulación había creado de manera adicional.

Los consumidores en un primer momento debían esa cantidad a las propias compañías eléctricas, que eran las que durante años asumieron la diferencia y financiaban el desfase entre ingresos y costes reconocidos, el famoso déficit de tarifa.

Pero a partir de 2011 ese milmillonario agujero se fue titulizando y las eléctricas fueron cediendo los derechos de cobro de la deuda a fondos de inversión y bancos. La gran mayoría de la deuda se cedió a través de colocaciones en el mercado que realizaba el Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), pero no sólo.

Actualmente a los españoles aún les queda por pagar 18.428 millones de euros del FADE, según confirma un informe que acaba de aprobar la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y en el que se establece la cantidad pendiente de pago al cierre de 2016.

Pero a esa cantidad se le debe sumar otros importes cuyo cobró se cedió a través de otro tipo de colocaciones (déficit de 2005, déficit de 2013 y déficit ex-ante), y que elevan la deuda pendiente hasta un total de casi 23.070 millones, según otro informe del la CNMC aún pendiente de confirmar con los ajustes de fin de ejercicio.

El año pasado los españoles pagaroan 2.870 millones de euros para pagar la deuda eléctrica, de los que 2.216 millones correspondieron exclusivamente al pago al FADE, que no se liquidará hasta 2028. Al colocar en el mercado a entidades financieras la deuda del sistema eléctrico, los españoles reparten el pago durante quince años para no tener que afrontar de una vez el abono, pero también tienen que asumir los intereses de aplazar los pagos. Además de la deuda, los clientes deben pagar más de 882 millones millones en intereses financieros.

La reforma eléctrica ejecutada la legislatura pasada consiguió que el déficit de tarifa dejara de crecer. Con nuevos impuestos, recorte de retribuciones a las compañías (especialmente las renovables) y también subidas del recibo, en 2014 y 2015 el sistema eléctrico acumuló un superávit conjunto de unos 1.000 millones de euros. El Gobierno prevé que 2016 haya cerrado con un nuevo superávit de unos 110 millones y que también se obtenga un saldo positivo en los próximos ejercicios.