El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó ayer el dictamen que sirve para dar su aval técnico a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña, la más vieja de España y que lleva cerrada desde hace más de cuatro años. El visto bueno del supervisor condiciona la futura reactivación de la planta a que se realicen nuevas modificaciones para mejorar su nivel de seguridad y prohíbe que la central recargue combustible y se ponga en marcha sin cumplir con todas las exigencias.

Hasta hace unos meses, el criterio que mantenía el propio CSN es que no se aprobaría el dictamen sin que esas reformas estuviesen ya realizadas. Desde la cúpula del organismo se había venido manteniendo que la realización de las modificaciones eran requisito previo para que se emitiera el dictamen (así lo subrayó el pasado noviembre el propio presidente del CSN, Fernando Marti, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados).

Ahora, sin embargo, el informe ya tiene el visto bueno del supervisor, sin que los trabajos se hayan completado. Y desde la dirección del CSN se esgrime que la antigua exigencia de acabar las reformas que se planteó a la central en 2015 en una carta se trataba sólo de una forma de apremiar para acelerar las mejoras, pero no de una condición previa con efectos legales. Y que, además, ese intento de acelerar las obras se ha conseguido con la famosa misiva, ya que cerca del 70% de los trabajos estarían ya realizados.

Los dueños de la central, Iberdrola y Endesa,  quieren conocer las condiciones del Ministerio de Energía antes de invertir más

Las reformas no están completadas… y así seguirán durante el tiempo que sea necesario. Porque los dueños de la central –Endesa e Iberdrola controlan a partes iguales la instalación a través de la sociedad Nuclenor- no están dispuestos a retomarlas y terminar las mejoras hasta tener la autorización de renovación de licencia que debe aprobar el Ministerio de Energía, según confirman a El Independiente fuentes conocedoras del proceso.

La central de burgalesa primero quiere conocer los requisitos finales exigidos por el Gobierno y el plazo de validez que se establece para la nueva licencia de explotación antes de seguir invirtiendo en la central. No habrá más reformas –paralizadas ya desde hace meses- hasta que el Ejecutivo apruebe la reactivación.

Y una vez que se conozcan las condiciones, entonces las eléctricas echarán sus cuentas para cerciorarse de que la reapertura de Garoña se trata de una operación rentable. Así que incluso con el ‘sí’ del Ministerio, las modificaciones pueden quedarse sin ejecutar porque los dueños de la planta acaben renunciando a su reactivación. Una opción que, hoy por hoy, es con mucho la más probable.

Cuando el Gobierno apruebe renovar la licencia, entonces las eléctricas calcularán si la reapertura es rentable

Desde el CSN ayer se desveló en rueda de prensa que la realización de las reformas podría concluirse en un plazo de “al menos” doce meses, según las estimaciones que habrían transmitido al centro Nuclenor. Un plazo de difícil cumplimiento, dado que el Gobierno aún tardará varios meses en aprobar los términos de la renovación de la autorización de Garoña y, sólo entonces, las empresas podrían decidirse a retomar los trabajos.

Según confirman fuentes conocedoras del estado de los trabajos, a las eléctricas les quedaría por invertir unos 20 millones de euros para completar sólo para cumplir las mayores reformas que exigía el CSN. Pero el coste total de otras modificaciones y del conjunto de labores ligadas a una eventual reactivación (entre ellas, la muy costosa recarga de combustible) podría dispararse entre los 100 y los 120 millones de euros adicionales.

Turno del ministro Nadal

El CSN sólo da su aval técnico a la reapertura; su dictamen es preceptivo, pero no vinculante. Es el Gobierno –en concreto el Ministerio de Energía- el que tiene la potestad exclusiva de aprobar la renovación de la licencia de explotación, decidir con qué condiciones y también durante cuánto tiempo. Y este último aspecto, el temporal, resulta clave en esta batalla.

Todo el sector nuclear da por hecho que la central no reabrirá nunca

Endesa e Iberdrola solicitaron en 2014 la ampliación de la vida de la central hasta 2031, justo cuando cumple 60 años desde su construcción. Fueron las propias eléctricas las que cerraron voluntariamente la central a finales de 2012 a modo de órdago al Gobierno en plena pugna por la reforma eléctrica. Pero luego reclamaron su reactivación, tras varias reformas gubernamentales ad hoc que lo hicieron posible.

La petición de nueva licencia era pues para un periodo de 17 años, a pesar de que tradicionalmente el CSN y el Gobierno sólo avalaban la concesión de permisos por un máximo de 10 años para acompasarlos a la realización de inspecciones técnicas en profundidad que se realizan cada decenio. No obstante, el CSN ha cambiado la normativa para hacer posible superar ese plazo en las nuevas licencias y da su apoyo ahora sin marcar ningún límite temporal, tan sólo imponiendo que haya revisiones cada 10 años.

Una improbable reapertura

A pesar de haber obtenido el visto bueno del CSN, el sector eléctrico y nuclear da por hecho que Garoña no reabrirá. La versión oficial que mantienen los dueños es que, obtenido el aval del supervisor y una vez establecidas las condiciones de la nueva licencia por parte del Gobierno, Nuclenor echará cuentas para determinar si resulta rentable volver a poner en marcha la central teniendo en cuenta el importe de las inversiones pendiente.

Las compañías propietarias mantienen el pulso para conseguir el visto bueno del CSN a la renovación de la licencia. Pero sus planes no pasarían en principio por aprovechar ese visto bueno para reabrir Garoña, una central antigua, pequeña en relación a la capacidad de las más modernas y que lleva ya cuatro años cerrada, lo que complica mucho que a las eléctricas les salgan las cuentas para hacer rentable la reapertura.

El informe del supervisor pretende utilizarse, según fuentes del sector, como aval de la viabilidad técnica de que las centrales funcionen más allá de los 40 años. El ‘sí’ a la reactivación de Garoña supondría un precedente para el resto de plantas españolas (controladas también por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa), que verían abierta la puerta a renovar sus licencias más allá de las cuatro décadas, que tradicionalmente era el límite que se le reconocía a las centrales por ser el que fijaban las especificaciones técnicas establecidas antaño para su construcción.