En cuatro años, 15.000 empleos y 2.500 comercios menos. Es el saldo que los comerciantes de la capital, a través de la Confederación de Comercio de Madrid (COCEM) denuncian que ha dejado el Decreto de liberalización de horarios comerciales que aprobó Esperanza Aguirre en 2012.

Tras cuatro años, denuncian que la medida que se aprobó fundamentada en la creación de 20.000 puestos de trabajo no sólo no ha mejorado las tasas de empleo sino que los ha destruido. En concreto en el último año se han perdido 5.000 empleos y 1.350 empresas de comercio, de las cuales el 90% eran comercios con menos de cinco empleados.

Para los comerciantes, la medida está provocando una desertización de las zonas comerciales de los barrios y tiene otras consecuencias como que la ocupación en el sector comercio de Madrid esté por debajo de otras comunidades como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana o País Vasco.

El presidente de COCEM, Luis Pacheco, ha incidido también en el impacto ambiental que, a su juicio, ha generado la liberalización de horarios. Asegura que, cada mes, sólo en los días festivos, se producen un total de 2 millones de desplazamientos desde el centro de los municipios a grandes superficies y centros comerciales de la periferia con un coste mensual de siete millones de euros en combustible. “Quemar al mes seis millones de litros de combustible además de un perjuicio económico para los ciudadanos tiene un impacto medioambiental preocupante”, señala.

La asociación responde así al estudio presentado por la patronal de las grandes superficies, ANGED, que dice exactamente lo contrario, que la liberad de horarios ha generado 15.500 empleos. Además, el estudio de ANGED afirma que esta liberalización ha aumentado la eficiencia del mercado y ha conseguido una reducción de precios del 0,05%, que supone 460 euros por habitante.

Los beneficios de la liberalización, según destaca la patronal de las grandes superficies, se ha reflejado también en un aumento de la recaudación fiscal de 1.107 millones de euros adicionales y un impacto total sobre la demanda que se aproxima a los 2.680 millones de euros adicionales de aportación (directa, indirecta e inducida) al PIB de la Comunidad de Madrid.