Colombia sigue dando pasos completar el zarpazo al negocio eléctrico de Gas Natural Fenosa en el país. El Gobierno de Juan Manuel Santos intervino el pasado noviembre Electricaribe, filial del grupo español y en marzo ordenó la liquidación de la compañía y el inicio de un proceso de subasta de sus activos, lo que en la práctica se trata de una expropiación.

Y ahora la Administración colombiana se da un año para completar el golpe. El Gobierno colombiano, que actualmente es el encargado de continuar con la gestión de Electricaribe, se ha marcado como objetivo entregar las riendas de la compañía a otro operador (o a varios) en el primer trimestre de 2018.

“Estamos agotando rápidamente las etapas para llegar al final de la liquidación y vender rápidamente los activos al mejor valor posible protegiendo los derechos de los trabajadores”, ha indicado el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, informa Efe. Y luego el objetivo es encontrar uno o varios operadores que hagan “las inversiones requeridas para combatir la obsolescencia de la red de distribución de Electricaribe”.

Colombia se rearma para la batalla legal

Gas Natural Fenosa ya ha iniciado la batalla legal internacional contra Colombia por este asunto. El grupo español ha presentado una queja formal ante el Tribunal de la Comisión de las Nacionales Unidas para el Derecho Mercantil (UNCITRAL) por la intervención y liquidación de su filial ordenada por el Gobierno colombiano.

El grupo presidido Isidro Fainé solicita la recuperación del control de su filial –en la que tiene una participación del 85,4% del capital-  y que el Gobierno de Juan Manuel Santos establezca un marco regulatorio estable para desarrollar su negocio de distribución eléctrico. O, en su defecto, la compañía reclamará al Estado colombiano una indemnización por su filial que, según las valoraciones preliminares, finalmente superará los 1.000 millones de dólares (unos 925 millones de euros al cambio actual).

El propio presidente Juan Manuel Santos escenificó ayer una suerte de cumbre sobre Electricaribe con siete gobernadores de los territorios en que la eléctrica presta servicio. Y aprovechó para anunciar la contratación de “una de las firmas más reputadas y más prestigiosas de abogados en el mundo en materia de arbitraje internacional” para dar la batalla en el UNCITRAL.

"Los accionistas de Electricaribe han anunciado una demanda contra el Estado colombiano. Nosotros vamos a defender los intereses de la nación y los intereses de la Costa ante cualquier demanda que se presente", ha dicho Santos. “Ya se tiene muy clara una hoja de ruta para resolver este problema definitivamente, una respuesta y una solución estructural (…) Vamos a conseguir un operador que haga las inversiones requeridas para que la Costa Caribe tenga el servicio que los costeños se merecen, una energía acorde con su necesidad".

Un agujero milmillonario

Colombia y Gas Natural Fenosa discrepan sobre las causas del agujero que arrastra Electricaribe y que estaba poniendo en peligro el pago a los proveedores e incluso la prestación del servicio de suministro eléctrico. Desde Colombia se responsabiliza de la situación de la compañía a la mala gestión de Gas Natural Fenosa, singularmente a no haber acometido inversiones suficientes para mantener la calidad de su red.

Gas Natural Fenosa, por el contrario, sostiene que los problemas de liquidez de la compañía los han generado el fraude masivo y la morosidad generalizada que sufre Electricaribe, sin que las administraciones públicas hayan promovido cambios regulatorios para evitarlos. Según las estimaciones del grupo español, Electricaribe arrastra un agujero de 1.300 millones de euros por los impagos y el fraude, que han dejado de aparecer en los balances de la empresa como deuda al haber sido provisionados.