Economía

Los bufetes impulsan demandas de miles de británicos estafados en la compra de vivienda en España

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Los bufetes impulsan demandas de miles de británicos estafados en la compra de vivienda en España
Keith Rule, con la promoción sobre plano que adquirió en Hellín (Albacete)

Keith Rule, apodado el 'Erin Brockovich del ladrillo español', litigó durante años para recuperar lo invertido en su vivienda sobre plano.

Resumen:

El aluvión de sentencias favorables los últimos cuatro años a los compradores que compraron sobre plano y no recibieron nada a cambio ha multiplicado la aparición de bufetes de abogados.

Según publica la prensa británica en las últimas semanas, alrededor de 100.000 ciudadanos del Reino Unido se vieron afectados durante los años del boom. Y de más de 5.000 millones a recuperar.

La cuantía media a recuperar es mucho más elevada que con las cláusulas suelo: entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda, “y todavía más si se trata del Levante, más caro que, por ejemplo, Mallorca o Valencia”, dice Guadalupe Sánchez de GM Legal Experts, una de las pioneras.

El inglés Keith Rure, el Erin Brockovich del ladrillo español, investigó los recovecos del ordenamiento jurídico español y tiró de una ley del franquismo para ganar su juicio por una promoción fallida en la provincia de Albacete.

El nuevo escenario, de mucha seguridad jurídica, ha aumentado el número de despachos. “Tengo clientes que ya han recuperado su dinero tras un juicio y han recibido cartas de bufetes que no me sonaban sugiriéndoles litigar con ellos”, cuenta extrañado un abogado.

Estas firmas viajan frenéticamente a Inglaterra e Irlanda en busca de clientes y se anuncian por cadenas de radio y televisión británicas.

La actividad se está acelerando en un grupo de bufetes de abogados en lo que consideran un filón de negocio. Desde 2013, varias sentencias del Tribunal Supremo están dando la razón a miles de consumidores -la gran mayoría extranjeros- que compraron viviendas sobre plano en España, fundamentalmente en el litoral mediterráneo, y no recibieron nada por el pinchazo de las promotoras.

La prensa británica ha publicado en las últimas semanas que alrededor de 100.000 ciudadanos del Reino Unido se vieron afectados durante los años del boom. Se habla de más de 5.000 millones de euros a recuperar, lo que abriría un nuevo frente para la banca española. Y algunos despachos ya se han lanzado a captar clientes cruzando el Canal de la Mancha.

En los últimos cuatro años se han producido al menos una decena de fallos del Supremo, así como varios autos, todos ellos apuntando a la responsabilidad de la banca: Abanca, la CAM, Banco Sabadell, Bankia, Popular (Banco de Andalucía), Cajasol, Banco Pastor…  Y eso ha multiplicado la aparición de letrados en los últimos meses. “Cuando empezamos en esto y apenas había abogados especializados en viviendas sobre plano, ganábamos la mitad de los juicios”, evoca Guadalupe Sánchez, de GM Legal Experts, uno de los bufetes de referencia en litigios inmobiliarios. Todos abogados consultados para este reportaje coinciden: tras las dos sentencias del Supremo, la de 2013 y la de 2015, el porcentaje de victorias es efectivamente abrumador.

En Reino Unido se asegura que hay 100.000 afectados y 5.000 millones a recuperar

La cuantía media a recuperar es mucho más elevada que con las cláusulas suelo: entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda, “y todavía más si se trata del Levante, más caro que, por ejemplo, Mallorca o Valencia”, señala Sánchez. Esa seguridad jurídica que ha despertado el oportunismo de los bufetes no tiene nada que ver con los primeros años del pinchazo de la burbuja. Los inicios de despachos como GM Legal Experts (cuyo área de influencia es el área de Alicante-Murcia-Almería-Málaga) datan de 2007.

“Los compañeros nos llamaban locos y ni siquiera nosotros sabíamos donde nos metíamos”, revela María L. de Castro, del despacho de Algeciras Costaluz Lawyers. “Después llegó la avalancha de afectados desde Huelva hasta Mallorca. El 98% de nuestros clientes son extranjeros”.

Pero los bancos han seguido litigando -no han dejado de hacerlo- y ello ha obligado al Supremo a pronunciarse infinidad de veces: en los prolegómenos de la crisis, la quiebra o la mala fe de los promotores dejó un reguero de miles de extranjeros sin vivienda y muchas veces sin ahorros mientras las entidades se desentendían. “Era un círculo vicioso”, recuerda Mark Stucklin, director de Spanish Property Insights, una web de información sobre el mercado de vivienda. “Comprar sobre plano era trending, era hot. Al principio caían los constructores corruptos, los que actuaron mal; pero enseguida la bancarrota atrapó a los que actuaban correctamente”.

“Los compañeros nos llamaban locos cuando litigábamos con la banca por las viviendas sobre plano”

Así, centenares de urbanizaciones se convirtieron en solares con cascarones de cemento en lugar de viviendas acondicionadas y con servicios -alcantarillado, limpieza- inexistentes o insalubres; en otras zonas ni siquiera hubo casas a medio construir, dejando auténticos cementerios a lo largo del litoral. Y otras construcciones padecieron la corrupción urbanística y se levantaron en suelos sin licencia.

La ristra es interminable: las 3.500 viviendas de Camposol, las 2.600 de Trampolin Hills Golf Resort  o las 2.500 de Santa Ana del Monte (las tres en Murcia), el estrambótico caso de las viviendas sobre plano no entregadas en el Edificio InTempo de Benidorm, el rascacielos residencial más alto de España; el complejo Gran Mirador en Alicante, Bahía de Pulpí (Almería) El Pinet (Valencia)… El árido terreno de la costa se llenó de urbanizaciones fantasma, a veces un espectáculo dantesco. Hasta que los propietarios -no todos- han empezado a recuperar lo que invirtieron, casi una década más tarde.

El litoral español quedó salpicado de cementerios de ladrillo de lo que iban a ser casas sobre plano.

Promoción fallida de viviendas sobre plano en Pulpí (Almería), casi en la frontera con la Región de Murcia. GM LEGAL EXPERTS

El abultado número de sentencias y autos tiene al menos una explicación: la cantidad de supuestos con los que ha debido lidiar el Tribunal Supremo. La primera doctrina, razonada por el alto tribunal en julio de 2013, obligaba a las entidades financieras y las empresas aseguradoras a restituir las cantidades abonadas por los compradores aun cuando en la póliza contratada con el promotor no figurase un aval individualizado (pero sí colectivo), una jugarreta que se propagó por muchas sucursales.

De 2013 a hoy hay una decena de sentencias del Supremo favorables a los afectados

El fallo cambió completamente el resultado de los juicios, a los que hasta entonces solo acudían despachos muy bregados en la materia. María de Castro, de Costaluz Lawyers, identifica a un inglés oriundo de Milton Keynes (norte de Londres) llamado Keith Rule como uno de los culpables de la histórica sentencia de 2013. “Le conocí en 2008 y me puse a trabajar en su caso, una promoción de más de 600 chalés en Hellín (Albacete) llamada Finca Parcs- Las Higuericas. Pero su capacidad de trabajo y su voluntad por reunir documentos y pruebas me hizo más bien aprender de él”, relata la abogada.

Keith Rule investigó los recovecos del ordenamiento jurídico español y tiró de una ley del franquismo (la 57/1968) que protegía al comprador de una vivienda. Con esa vetusta norma, él y su abogada ganaron su litigio a la CAM en la Audiencia Provincial, antes de la decisión del Supremo. Se convirtió en el Erin Brockovich del ladrillo español.

Han surgido nuevas firmas con tácticas agresivas que viajan frenéticamente a Londres a por clientes

En diciembre de 2015 el alto tribunal fue más allá y resolvió que incluso cuando el promotor quebrado ingresaba el dinero del constructor en una entidad pero sin abrir una cuenta especial para depositar la correspondiente garantía, la banca se hacía cargo de la devolución a los afectados. Y en enero de este año 2017, la protección al consumidor se expandió todavía más al dictaminar el Supremo de nuevo la responsabilidad de la banca en supuestos de ilegalidad urbanística en las promociones fallidas.

El escenario judicial se ha revolucionado en los dos últimos años con el aluvión de fallos favorables al comprador. Han brotado los bufetes exprés como setas, cuentan varios profesionales. Viajan intensamente a Inglaterra, hasta prácticamente residir alli una buena parte del año: a Londres y a otras ciudades de Inglaterra y Escocia. Y a Dublín -hay miles de irlandeses estafados con las viviendas sobre plano- e incluso a Alemania y Francia. Uno de ellos es la firma catalana Spanish Legal Reclaims, que ha realizado varios tours por cadenas británicas animando a los miles de afectados a contratar un abogado.

“Es verdad que han surgido más firmas, a veces con tácticas que parecen bastante agresivas”, opina desde el anonimato un abogado malagueño especializado en asuntos inmobiliarios. “Es un poco raro, porque tengo clientes que ya han recuperado su dinero tras un juicio y han recibido cartas de bufetes que no me sonaban sugiriéndoles litigar con ellos”. Los británicos e irlandeses encabezan la lista de damnificados, seguidos por alemanes y franceses.

Británicos e irlandeses encabezan la lista de damnificados. El importe medio son 60.000 euros

“Si uno ha comprado una vivienda sobre plano y ha perdido todo el dinero hay muchas opciones de ganar, pero hay supuestos en los que no se gana si no está bien armada la demanda”, detalla Guadalupe Sánchez, de GM Legal Experts. “Hay que demostrar perfectamente que el comprador afectado es un consumidor, y que no iba a usar la vivienda que adquirió sobre plano para otros fines que los de residir”.

El 1 de enero de 2016 la ley 57/68 se derogó -aunque sigue aplicándose con efectos retroactivos- y dio paso a la Nueva Ley sobre el aval y seguro obligatorio de las cantidades entregadas a cuenta en la venta de viviendas sobre plano. Una versión endurecida que pretende restituir por completo la seguridad jurídica. “A mi si me preguntan si es seguro comprar ahora una casa sobre plano en España yo respondo tajante: sí”, afirma la letrada María L. de Castro.

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