El sistema público de pensiones necesita ajustes para poder afrontar con garantías de éxito el tsunami que se avecina: los españoles que nacieron durante el baby boom se empezarán a jubilar en los próximos años, con mejores pensiones y más esperanza de vida, lo que estresará los gastos del sistema especialmente entre 2035 y 2050.

Ello requiere proveer a la Seguridad Social de más ingresos por las fuentes existentes o por otras nuevas. Si hablamos de las cotizaciones sociales que actualmente nutren el sistema, existe cierto consenso en que habrá que reforzar su carácter contributivo, es decir, acercar más las pensiones que se cobran a lo aportado durante la vida laboral en función del nivel de renta.

Y en este sentido, todos los ojos se centran en aumentar las bases de cotización máximas, las correspondientes a las rentas más altas, o incluso eliminar estos límites de manera que toda su salario cuente a la hora de aportar a la Seguridad Social.

Todos los ojos se centran en aumentar las bases de cotización máximas

Sin embargo, como indica el responsable de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, será necesario que los ingresos de la Seguridad Social sean mayores que los gastos, al menos durante un tiempo, para que ese “decalaje” genere un colchón suficiente que amortigüe el tsunami.

Esto significa que, si suben las bases máximas de cotización, será necesario que las pensiones máximas suban en menor medida o que empiecen a subir más tarde.  Es lo que Bravo considera “ahondar en el criterio de contributividad, pero con solidaridad interpersonal”.

El sindicato CCOO ha remitido una propuesta abierta a los agentes sociales, al Gobierno y al Pacto de Toledo, para actuar desde varios frentes sobre los ingresos de la Seguridad Social en la que plantea estos conceptos, pero introduciendo además un elemento novedoso: la contributividad es algo más que una cuestión de rentas, o no.

El sindicato no solo plantea que el que más tiene debe aportar más tocando las bases máximas de cotización. Asegura que informes nacionales e internacionales muestran que mayores niveles de estudios están vinculados a mejores rentas y éstas, a su vez, a mayor esperanza de vida para los pensionistas. Dicho de otro modo, los ricos viven más años, consumen más prestaciones por jubilación y, tal vez, deberían aportar más.

La actual reforma de pensiones no tiene en cuenta este factor

La reforma de las pensiones de 2013 incluye el llamado factor de sostenibilidad, por el que se revisará en próximas décadas las pensiones a percibir en función de, entre otras cuestiones, la esperanza de vida a partir de los 67 años.

Sin embargo, el sindicato recuerda que “en ningún caso se ha tenido en cuenta la diferente esperanza de vida que puede calcularse para quienes tienen distintos niveles de renta o riqueza”. “Los perceptores de pensiones máximas se van a beneficiar del sistema de pensiones durante un tiempo mayor que quienes perciben las pensiones mínimas”, añade.

En España no hay informes propiamente dichos que analicen esta cuestión. Sin embargo, además de algunos trabajos realizados por Eurostat (ver primer gráfico), el sindicato recurre a uno publicado en 2015 en el que se muestra que la diferencia entre nacer en un barrio u otro de Madrid puede suponer una diferencia de esperanza de vida de hasta 7 años.

Asimismo, el departamento de Salud del Gobierno Vasco realizó un trabajo sobre Desigualdades sociales en la esperanza de vida en Euskadi. Magnitud y cambio 1996-2006, que tenía como referencia los niveles de estudios a los 30 años. Pues bien, a los 65 años, la brecha en la esperanza de vida alcanzaba los 2,1 años para las mujeres y de 2,3 años para los hombres, en ambos casos a favor de los más instruidos.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) vincula la esperanza de vida y el PIB per cápita por comunidades autónomas y refleja que la diferencia entre Madrid y Andalucía, por ejemplo, es de 1,92 años entre los hombres y de 2,2 años entre las mujeres.

La brecha de esperanza de vida alcanza los 3,7 años

El sindicato ha realizado también su propia estimación a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales del INE, tomando como referencia las prestaciones de jubilación y viudedad cobradas en 2015. La conclusión es que quienes perciben la pensión máxima (y por tanto tuvieron mejores rentas) tienen una esperanza de vida de unos 3,7 años más, en el caso de los hombres, y de 0,4, en el de las mujeres, que quienes acceden a la pensión mínima.

Estos datos deberían ser considerados, a juicio del sindicato, a efectos de evaluar el impacto del aumento de las bases máximas de cotización, “de forma que las diferencias entre esperanzas de vida no sean consideradas solo entre generaciones, sino también entre los distintos niveles socioeconómicos”, insiste CCOO.

Los 8.626 millones de euros en juego

De forma más genérica, la propuesta de los sindicatos precisa que un destope total, aunque progresivo en cinco años, de las bases máximas de cotización podría aportar 8.626 millones de euros adicionales a las arcas de la Seguridad Social –casi la mitad del déficit actual del sistema--. Junto a un compendio de medidas, algunas de ellas ya adoptadas, la cifra de corrección podría ascender a 72.000 millones –el 6,3% del PIB--, más que suficiente para que trabajadores y pensionistas puedan dormir tranquilos.

Según argumenta a favor de esta medida, España es una rara avis dentro de Europa. Tiene una base de cotización máxima de 45.012 euros al año, frente a un límite de pensión de 38.551 euros. Con esas cifras, es el segundo país de la UE-15 con bases máximas más bajas, en línea con países como Holanda o Suecia, donde, sin embargo, el pilar público no es la principal vía de ingresos para los jubilados.

* Bélgica, Irlanda, Portugal, Finlandia y Reino Unido tienen las bases máximas destopadas

Además, desde el año 2004, las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI), al que se vincula la evolución de las bases mínimas de cotización, ha hecho que éstas crezcan (aporten) cada vez más, a un ritmo mayor que la progresión de las bases máximas. Éstas últimas solo subieron un 5% en 2013 y 2014 y un 3% en 2017, sin incremento en paralelo de las pensiones máximas.

Solo estas revisiones de las bases máximas han aportado 700 millones de euros adicionales a la Seguridad Social en 2013, 1.524 millones en 2014, 1.540 millones en 2015 y en 2016 es de esperar una cifra similar a la vista de la evolución del empleo. En resumen, la diferente evolución de las bases ha hecho que los hogares más pobres consuman un 14,2% de su renta disponible en cotizaciones, frente al 6,5% de los más ricos.

Según CCOO, incrementando (o eliminando los límites)  las aportaciones máximas se podrían disparar los ingresos adicionales reseñados. Para conocer la dimensión de ese coto sin explotar, hay que recordar que más allá de los 45.012 euros anuales que se fija como límite máximo a las cotizaciones, existen rentas exentas de cotización a las que se llegaría destopando las bases.

Según los cálculos del sindicato, el volumen total exento ascendió a 30.479 millones de euros en 2015, un 13,8% más que en 2014, porque la recuperación está llegando sobre todo a las rentas más altas. Pero la clave de que esta medida funcione es que se pueda obtener unos ingresos netos durante, por ejemplo, cinco años. Y ahí es donde CCOO abre el abanico de opciones a debatir.

Por ejemplo, se podría esperar esos cinco años antes de subir la pensión máxima, de forma que los ingresos aumentarían más rápido que los gastos en este tiempo, con un importante efecto de contención que daría tiempo a la Seguridad Social a recuperarse financieramente.

Otra opción sería incrementar ligeramente las pensiones máximas desde el primer año de forma más atenuada que las bases de cotización máximas. Se trata pues de jugar con lo que en el argot financiero se llama circulante.

¿Quién lo paga?

Una  cuestión importante a la hora de buscar consensos en torno a la medida es el reparto de los costes. Al tratarse de una modificación de las bases en la cotización por contingencias comunes, afecta al 28,3% que se destina del sueldo bruto del trabajador por esta causa a la Seguridad Social, del que un 23,6% corre a cargo de la empresa y un 4,7% de los trabajadores.

El resultado es que, de los 8.626 millones de euros de ingresos adicionales, una vez aplicadas las deducciones correspondientes, 7.193 millones de euros corresponderían a la cuota empresarial y 1.433 millones a los trabajadores.

Los segundos tendrán a futuro un incremento de la pensión máxima, pero, según Bravo, para las empresas quedan beneficios como menor probabilidad de que suban los tipos de cotización o una mejora de la economía que repercutirá en su actividad.