La Seguridad Social no ve con preocupación el préstamo extraordinario del Estado de 10.192 millones de euros, incluido en el Presupuesto para 2017 para pagar las extras de los pensionistas este año sin consumir definitivamente el Fondo de Reserva, al que solo le quedan unos exiguos 15.000 millones.

La razón es que no prevé devolver este dinero, pese a que las cuentas anuales indican que su reintegro está previsto a partir de 2018, con un plazo de 10 años y a tipo cero.

Según fuentes próximas al Gobierno consultadas por El Independiente, el plan es que el Estado emita deuda pública para obtener el montante antes de cederlo a la Seguridad Social. Hasta ahí lo ya conocido. Sin embargo, este préstamo, como se le denomina en el Presupuestos de 2017, quedará como un mero apunte contable entre áreas de la administración sin que la Seguridad Social asuma ninguna obligación de devolución.

Las mismas fuentes explican que dada la situación actual de las finanzas de la Seguridad Social, que arrastra un déficit que ronda los 18.000 millones de euros, a nadie se le ocurriría pedir que se reintegre el dinero. Así pues, este crédito extraordinario de 10.192 millones de euros es, de facto, una forma de que el Estado empiece a pagar ya con cargo a los Presupuestos las partidas de pensiones, como se debate hacer con las prestaciones de orfandad y viudedad. La diferencia es que no se realiza a través de una transferencia directamente a la Seguridad Social.

De hecho, desde el Ministerio de Empleo se ve este préstamo como una compensación después de años en los que la Seguridad Social ha cargado con el gasto de partidas de carácter más asistencial que contributivo, como los complementos a mínimos, que se consignaron definitivamente por la vía presupuestaria en 2013. Sin estas obligaciones, entienden que el déficit de la Seguridad Social sería inferior.

Para entender cómo se asimilará esta deuda en las cuentas de la Seguridad Social es preciso atender a los préstamos que ya recibió en los años 90 y que tampoco ha pagado, quedando en un limbo dentro del balance económico y patrimonial entre el Estado y el sistema.

17.000 millones perdonados a la Seguridad Social

Durante la década de los años 90 se sucedieron los créditos de la Administración central a la Seguridad Social por un importe total de 17.000 millones que, según las fuentes consultadas, actualizados a día de hoy, ascenderían a 30.000 millones de euros.

Una parte de estos préstamos se dedicaron en los años 1992, 1993 y 1994 a financiar pagos pendientes del Insalud pendientes de imputar a presupuesto a 31 de diciembre de 1991. Totalizaron un importe de 3.372,41 millones de euros.

En el caso del préstamo concedido en el ejercicio 1992 por un importe de 1.686,19 millones de euros, se  estableció que su reembolso se realizaría en un plazo máximo de 10 años a partir de 1995, aunque este plazo se amplió por 10 años en 2004 y, posteriormente, en 2014. En relación a los préstamos para 1993 y 1994, por importe de 843,11 millones de euros cada uno, no fijó, en cambio, ningún plazo de amortización.

Sin embargo, un informe de balance del Pacto de Toledo elaborado por la Seguridad Social en 2015 señalaba que, de acuerdo con la normativa que regula estos créditos, “habrían de ser cancelados hasta tanto el presupuesto del Estado aporte a la Seguridad Social la financiación necesaria para la amortización de los mismos”, lo que sugiere que quedarían compensados toda vez que los Presupuestos se encarguen de todos los gastos asistenciales de la Seguridad Social.

Más. El Estado concedió en 1994 una serie de préstamos para cobertura de obligaciones generales que se incluyeron en los sucesivos Presupuestos para financiar el déficit de la Seguridad Social. Estos créditos sumaron 9.589,1 millones de euros hasta 1999. Sin embargo, también se ha producido en los últimos años un continuo goteo de prórrogas que suponen una patada hacia adelante en la amortización de estos créditos.

Del mismo modo, se recogían en las leyes de Presupuestos de 1997 y 1998 sendos préstamos de hasta 4.200  millones de euros para financiar desfases de tesorería en la Seguridad Social. En este caso no se consignaron plazos de amortización.

La última prórroga para no pagar, en 2017

La última vez que el Gobierno ha prorrogado el pago de algunos de estos créditos se ha producido este mismo año y se incluye en el proyecto de Ley de Presupuestos de 2017.

La disposición adicional sexta de la Ley indica que se amplía en diez años, a partir de 2017, el plazo para la cancelación del préstamo por importe de 155.612.200.000 pesetas (935.248.157,90 euros) otorgado a la Seguridad Social por el Estado en 1997 y que ya fue prorrogado en 2007 por un periodo de 10 años.

Las fuentes consultadas señalan que con el nuevo crédito nada cambiará. Este tipo de préstamos se ven con naturalidad en la Administración pese al revuelo que ha despertado por cuanto supone admitir que la caja de la Seguridad Social se enfrenta a un problema de sostenibilidad.

Hay muchos casos de apuntes contables similares, como es el caso de las transferencias estatales para cubrir las ayudas aportadas a través de la Seguridad Social a los damnificados por el hundimiento del Prestige.

Desde el Ministerio de Empleo anticipan que estos créditos se seguirán prorrogando sine die, porque se consideran algo así como una transferencia, a la espera de que el Pacto de Toledo decida una fórmula para retirarlos oficialmente de los balances.