El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parecía dispuesto a regalar los oídos a un aforo repleto de empresarios del sector turístico patrio. “Sois un orgullo para España. Será un honor trabajar codo con codo con vosotros por el beneficio de nuestro país”, sentenciaba el presidente este martes durante su intervención en el X Foro de Liderazgo Turístico, organizado por Exceltur, un lobby que agrupa a una treintena de las mayores empresas del sector.

Sí hubo un choque entre Sánchez y los empresarios a cuenta de las medidas laborales que planea el nuevo Gobierno. El presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer, alertaba de las “graves consecuencias” de derogar la reforma laboral y subir de nuevo por decreto el salario mínimo interprofesional (SMI). Y el presidente respondía defendiendo “recuperar el empleo digno” en el sector que laminó la crisis y subrayaba que “no se puede cerrar los ojos” ante la precariedad laboral de las camareras de piso de los hoteles (las kellys).

Pero predominó el guante blanco y los parabienes. El presidente ensalzó el turismo como “punta de lanza” de la economía nacional (concentra un 12% del PIB y casi un 13% del empleo), aplaudió que el sector haga de España un país líder global en estas lides (por llegadas, por ingresos, en competitividad empresarial…) y también entró en un tema clave para buena parte de la industria turística, y en particular la hotelera.

Y es que Pedro Sánchez se posicionó en la pugna regulatoria y de negocio entre los pisos turísticos y los hoteles claramente de parte de estos últimos. Y lo hizo alimentando de la manera implícita la vinculación del alquiler turístico con la economía sumergida.

El presidente abogó por “mejorar el marco regulador” de las viviendas de uso turístico “que tanto están afectando a los buenos empresarios que pagan sus impuestos y que cumplen las normas, me refiero a los hoteleros”. Y, en paralelo, defendió la puesta en marcha de nuevas figuras fiscales (singularmente la denominada Tasa Google) para igualar las condiciones entre el sector turístico tradicional y las “compañías que compiten con nuevas herramientas”, en referencia a gigantes digitales como Airbnb o HomeAway.

El acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para conformar el Gobierno de coalición incluía medidas en el ámbito del alquiler turístico, apostando por reformas para que las comunidades de vecinos “puedan prohibir el ejercicio de la actividad de alquiler turístico o fijar determinadas condiciones para su ejercicio”. “El incremento de los precios del alquiler y la limitación de la oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turístico de los alojamientos”, advierte el pacto de socialistas y podemistas.