El PP pide por carta sentarse a negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ

El Partido Popular se ha dirigido, a través de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, con una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que le emplaza a sentarse a negociar la renovación y reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

En la misiva, compartida por los populares con los medios, el partido liderado por Feijóo mantiene sus requisitos y exige primar en la negociación la búsqueda de perfiles que garanticen la despolitización del órgano. De manera simultánea a la renovación, proponen impulsar una proposición de ley por vía urgente para reformar la Justicia.

El PP da este paso después de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, amenazase con dimitir si este órgano, con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, no se renueva o no se le devuelven sus competencias. El texto critica al Ejecutivo y sostiene que la mayoría que se plantea en el Tribunal Constitucional es "abusiva"

Mi partido no renuncia a promover una reforma legislativa en la que, como exige la UE, los jueces elijan a los jueces, y a ejecutarla si los ciudadanos nos ofrecen la confianza para ello, pero también estamos dispuestos a elegir este órgano con el actual sistema. No nos escudamos en nuestra discrepancia respecto al modelo para obstruir la renovación del CGPJ", ha indicado González Pons.

En consecuencia, se ha puesto a la disposición de Bolaños para avanzar en una serie de propuestas que, a su juicio, "servirían para que la nominación de candidatos no sea un mero reparto de cuotas".

De ellas, destacan que la negociación se llevará a cabo en las Cortes Generales, "órgano encargado de la designación conforme a la Constitución"; que no propondrá para el turno de juristas a jueces que no hayan sido respaldados por sus compañeros; y que serán el CGPJ y el Tribunal Constitucional (TC) quienes elijan a sus respectivos presidentes, "sin pactos previos ni indicación externa de ningún tipo".

Iniciativa parlamentaria para despolitizar la justicia

Además, González Pons ha planteado que, "simultáneamente al proceso de renovación del CGPJ, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia", que se tramitaría por el procedimiento de urgencia.

Esa proposición de ley incluiría la derogación de la reforma legal que impide al CGPJ ejercer plenos poderes estando en funciones; y que "el CGPJ recién nombrado (...) presentará a las Cámaras en un plazo de seis meses, desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial".

La propuesta, ha desarrollado, deberá estar dirigida a mejorar "la independencia del proceso" y a garantizar "una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección, teniendo en cuenta para ello "los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra".

De esta forma, los 'populares' borran la línea roja que habían dibujado, ya que hasta ahora habían condicionado la renovación del actual CGPJ, cuyo mandato venció en diciembre de 2018, a la modificación del mecanismo por el que se elige a los doce vocales del turno judicial, con la finalidad de que sean los propios jueces quienes los designen, algo a lo que el Gobierno se había negado, urgiendo antes a constituir un nuevo Consejo.

Este giro de guión tiene lugar después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, exigiera el miércoles a PP y PSOE la renovación del Consejo, amenazando con dimitir si no llegaban a un acuerdo en "semanas".

De hecho, González Pons manifiesta en la carta que el PP comparte "la preocupación" expresada por Lesmes y que no quiere "dejar pasar la oportunidad que nos ha brindado el inicio del año judicial para intentar de nuevo que se supere este bloqueo".

Posible recusación del Fiscal General del Estado

La proposición de ley esbozada por el PP contemplaría igualmente "una regulación de las llamadas 'puertas giratorias'", de modo que "los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años" desde su cese.

A ello añade que "no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores".

En este apartado incorpora una mención específica a las "garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado". Aquí apunta que "se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores".

Completa el cuadro abogando por una "regulación de la Comisión de Calificación" para que "se establezca nuevamente con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al objeto de motivar justificadamente los nombramientos".

Indica que "todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 votos de los 21)" del CGPJ y, concretamente, que "para ser nombrado magistrado del TS se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo".

Lanza otras propuestas, como "el incremento de la planta judicial en cuanto al número de jueces", convocando 200 plazas más al año para que en cinco años el aumento de la planta judicial sea de mil con el objetivo de responder a la creciente litigiosidad.

El PP sostiene asimismo la necesidad de mantener el actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición y la "modificación del magistrado autonómico", con lo que "la terna formulada por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas dejará de ser vinculante para el CGPJ".

Ve "sano" que el Gobierno consulte a la oposición para el TC

González Pons también ha aludido a la actual situación del Tribunal Constitucional (TC), que desde el pasado 12 de junio espera que Gobierno y CGPJ nombren a los dos magistrados que les corresponde a cada uno para poder reemplazar a los cuatro cuyo mandato expiró en esa fecha.

"Incluyo en nuestra preocupación la situación del TC porque entiendo que las renovaciones institucionales siempre se han abordado en su conjunto", ha dicho, aludiendo a la posibilidad de que el Ejecutivo pueda avanzar en el nombramiento de sus magistrados del TC sin esperar a los dos del CGPJ para completar el tercio que fija la Carta Magna.

El negociador del PP para temas de Justicia ha señalado que desde el PP no cuestionan "la capacidad del Gobierno para nombrar libremente a los dos magistrados que le corresponden", aunque les parezca "sano" consultar a la oposición para este tipo de decisiones, pero sí ha lamentado "las presiones conocidas en los últimos tiempos.

Con todo, ha recalcado que "un régimen constitucional pleno exige un TC en el que todos los ciudadanos puedan confiar". "Ganar el TC para un Gobierno es perderlo para los ciudadanos. Las urnas conceden una mayoría razonable al Gobierno en el legislador negativo, pero nunca una tan abusiva como la que se plantea en estos momentos", ha denunciado.

González Pons ha recordado que todos estos planteamientos se encuentra desarrollados en su 'Propuesta para reforzar la independencia judicial y la calidad democrática en España', que fue remitida al Gobierno el pasado 11 de julio, y que ha vuelto a adjuntar en esta carta.

"Sinceramente, creo que el mejor servicio que podemos prestar hoy a España consiste en sentarnos y renovar, regenerar y, en lo que acordemos, reformar el TC y el CGPJ. Por nuestra parte, como te he dicho, la mano está tendida", ha concluido, subrayando que espera la respuesta del Gobierno.