La tarifa eléctrica es probablemente el precio más sensible para los consumidores. Seguramente muchas familias se gasten mucho más dinero cada mes en el pago del móvil o en la televisión de pago, pero si sube la luz la cólera de la opinión pública está garantizada.

No sin razón. Para una familia con unos ingresos medios de 1.500 euros, no es lo mismo que la tarifa sea de 85 euros o que sea de 110 euros al mes. Además, todo el mundo tiene asumido que si sube la luz, luego subirá el transporte, etc. Es decir, que tendrá repercusiones sensibles a medio plazo para su modesta economía.

A esto hay que añadir que la formación del precio de la electricidad es algo difícilmente comprensible para el común de los mortales y que el propio documento de tarifa, hasta no hace mucho tiempo, era un galimatías difícil de interpretar. Por no hablar de los recelos hacía la energía nuclear o el convencimiento de que las empresas ganan mucho dinero.

Los motivos fundados y la demagogia han dado lugar al nacimiento de un nuevo concepto: la pobreza energética, como si pudiera haber pobres para unas cosas y no para otras. Un pobre es pobre para todo.

Algunos factores objetivos han llevado a que en los últimos días los precios de la electricidad hayan batido récords. En resumen: la falta de viento, el hecho de que las lluvias del otoño hayan estado mal repartidas (más en el cola que en las cabeceras de las cuencas), la subida del petróleo y la incomprensible parada técnica de 20 centrales nucleares en Francia, unido al aumento de la demanda por el intenso frío. Todo ello ha provocado esa subida exponencial.

Siempre que esto ocurre, los ciudadanos reaccionan echándose mano a la cartera y mirando de reojo al Gobierno. Es verdad que la tarifa eléctrica responde a mecanismos de mercado, pero también lo es que el precio de la electricidad en España sigue estando regulado.

Para hacer frente a la ola de indignación popular por la escalada del kilowatio, el ministro Álvaro Nadal se ha comprometido a poner en marcha un mecanismo que tire a la baja los precios del gas (cuando las renovables no entran en el sistema, lo hacen las centrales térmicas y las de ciclo combinado, que funcionan con dicho combustible). La medida consistirá, básicamente, en que se obligará a las empresas comercializadoras, fundamentalmente Gas Natural, a poner en el mercado parte de sus reservas, para reducir los costes de generación y poder trasladarlos a la tarifa.

Con las medidas que prepara el Gobierno puede bajar un poco la tarifa eléctrica, pero aún hay mucho margen si se entra a fondo en el sistema de fijación de precios

Las compañías gasísticas están forzadas por ley a tener unas reservas obligatorias. Luego están las reservas operativas, que se utilizan precisamente para evitar esas oscilaciones de precios. Normalmente, la acumulación de reservas se hace durante el verano, que es cuando los precios son más bajos. Las reservas obligatorias alcanzan este año los 17.000 GW. Los almacenes subterráneos tienen una capacidad de hasta 31.000 GW. Sin embargo, el años pasado las compañías tan sólo almacenaron unos 4.000 GW como reservas operativas.

El problema de la subida de la tarifa no es culpa del gas, aunque sacando al mercado una parte de esas reservas y, a la vez, creando un mercado secundario, se pueda frenar un poco esa escalada.

Por tanto, que nadie espere un resultado espectacular de las medidas que hará públicas el Ministerio de Energía próximamente.

El Gobierno, sin embargo, todavía tiene margen para que los precios sean un poco más racionales -o sea, más bajos-. La tarifa eléctrica sigue siendo parcialmente opaca y está trufada de elementos aleatorios como, por ejemplo, las llamadas restricciones técnicas, que permiten a las compañías optar por la entrada en el sistema de unas centrales y no de otras.

Los ciudadanos se merecen que haya mucha más transparencia en la fijación de precios. Si esto no se hace, el camino a la demagogia estará servido.