Vivimos tiempos de incertidumbre. Pocas veces nos hemos enfrentado a un panorama tan complejo y convulso. El futuro se juega en apenas unos meses y debemos prepararnos para situaciones antes nunca contempladas.

Echemos una ojeada al panorama internacional:

La insospechada victoria de Donald Trump abre un escenario político y económico inédito. Lo que parece evidente es que el presidente norteamericano se dispone a cumplir las promesas que hizo durante la campaña electoral.

No sólo se dispone a construir un muro en la frontera con México y a expulsar a decenas de miles de inmigrantes sin papeles, sino que va a poner en marcha un ambicioso programa económico proteccionista que implica la ruptura de grandes pactos comerciales como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

La anunciada bajada de impuestos y la puesta en marcha de un costoso programa de infraestructuras auguran un aumento sustancial de la deuda norteamericana. En el Banco Central Europeo se da por hecho que la Reserva Federal comenzará esta primavera una subida de los tipos de interés que señalará un cambio de ciclo.

La presidencia de Trump marcará el fin de los tipos cercanos al cero por ciento y Europa no tendrá más remedio que seguir esa estela.

La caída del comercio mundial que supondrá la política económica de Trump junto con la subida del precio del dinero tendrán repercusión en Europa. La débil recuperación se verá lastrada y los países más endeudados (como España) sufrirán las consecuencias del encarecimiento del precio de dinero: pagar la deuda será más caro, tanto para el Estado como para las empresas, y el consumo interno financiado a crédito quedará congelado.

Esto es sólo un apunte sobre las consecuencias económicas de la era Trump, pero las consecuencias políticas pueden ser aún peores. Hay algo en lo que, esencialmente, Trump y Putin están de acuerdo: a ambos les interesa una Europa débil.

Por esa razón, el presidente norteamericano saludó con alborozo el Brexit y ha animado a Theresa May a continuar por el camino apuntado en el referéndum de ruptura con la Unión Europea.

Eso nos lleva a analizar el segundo gran factor de incertidumbre que va a marcar el año 2017: el futuro del proyecto europeo.

El azar ha querido que este año confluyan procesos electorales en Holanda, Francia y Alemania. Tanto en los Países Bajos como en Francia la extrema derecha tiene serias opciones de ganar. Todo apunta a que Merkel pueda revalidar su triunfo, pero, en todo caso, es seguro que los ultranacionalistas de Alternativa por Alemania van a tener un buen resultado.

Si el populismo de derecha de Le Pen gana en la segunda vuelta, la Unión Europea quedará herida de muerte y el euro dejará de ser una moneda de referencia.

Lo que hace unos meses parecía sólo un pronóstico de agoreros, ahora es una alternativa real, contemplada como posible tanto en los think tanks que asesoran a los distintos gobiernos europeos, como en los servicios de estudios de los principales bancos y empresas.

Trump, el populismo de derechas y los ciberataques -sobre todo desde Rusia- ponen en riesgo el proyecto de Unión Europea y la consolidación del euro

Imaginémonos qué sucedería en la economía europea si, a la expectativa de subida de tipos de interés y caída del comercio mundial, le añadimos la quiebra del euro.

Pero hay una tercera incertidumbre que no debemos pasar por alto y que tiene que ver con la irrupción de las nuevas tecnologías en los procesos electorales. No estamos hablando de ciencia ficción. La administración Obama acusó a los espías rusos de haber interferido en la campaña norteamericana. La utilización de las redes sociales para difundir noticias falsas -hecho probado- no es más que la superficie de una de las grandes preocupaciones de los servicios secretos de los países occidentales.

Hasta tal punto alcanza el desasosiego, que en Holanda el Consejo Electoral ha decidido que contabilizará los votos de las elecciones de marzo a mano para evitar que posibles ciberataques alteren el resultado y tuerzan la voluntad de los ciudadanos.

El Proyecto Europeo, que nació para que no se volviera a producir nunca más una gran guerra en el continente y que ha proporcionado el periodo de estabilidad y crecimiento más grande de su historia, pende de un hilo.

La victoria de Trump, el auge del populismo y el uso espurio de las nuevas tecnologías -sobre todo, desde Rusia- amenazan el futuro de la Unión Europea y arrojan una sombra de preocupación sobre España que, sorprendentemente, se ha convertido en uno de los países miembros más estables.

Pero la estabilidad política y económica que dirigentes europeos como la canciller Merkel alaban, es más aparente que real.

Es verdad que Rajoy ha conseguido consolidarse en los últimos doce meses. También es cierto que la economía española fue una de las que más creció en 2016 y que este año parece asegurado que el PIB supere con creces el 2%, con una creación neta de empleo superior a los 400.000 puestos de trabajo.

Pero, a las dudas que acabo de mencionar y que afectan a todo el continente, España aporta sus propias peculiaridades.

PP, PSOE y Ciudadanos deben firmar cuanto antes un pacto de Estado sobre Cataluña para dar sustento político a las medidas que haya que adoptar ante la convocatoria de un referéndum ilegal

Aún no sabemos si se van a aprobar o no los Presupuestos. Pero ya sabemos lo que ha ocurrido en el Congreso de Podemos, donde ha ganado el radicalismo extremo de Pablo Iglesias, lo que hace prever una legislatura agitada.

Tampoco sabemos lo que va a ocurrir en el PSOE, partido clave para la solidez del sistema, que lleva ya casi cinco meses conducido por una gestora. El panorama será muy distinto si gana Susana Díaz o Patxi López a si gana Pedro Sánchez. Si el ex secretario general consigue revalidar su triunfo en las primarias del mes de mayo, es muy probable que esta legislatura no aguante cuatro años.

Pero, sin ninguna duda, la principal incertidumbre que amenaza a España en los próximos meses se llama Cataluña. El desafío del soberanismo tiene ya una cita con los poderes del Estado. Antes de que concluya el mes de septiembre, la Generalitat convocará un referéndum de independencia que se pretende sea el principio del fin de la secesión, opción prohibida expresamente en la Constitución.

Ya no estamos ante un simulacro como el que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014. Los independentistas pretenden utilizar las instituciones del Estado para retar al propio Estado.

Estamos ante un salto cualitativo sin precedentes que va a tensar no sólo la situación política, sino que va a enturbiar de forma dramática el clima social en Cataluña. Los insultos dirigidos a la fiscal jefe de Barcelona, Ana Magaldi, son la prueba de que se está creando el caldo de cultivo necesario para provocar enfrentamientos que sólo beneficiarían a los grupos más radicales. La CUP está jugando un papel esencial, marcándoles la agenda política tanto al Partido Demócrata de Cataluña (antes Convergència) como a ERC.

El Gobierno no sólo tiene el derecho, sino la obligación, de defender la legalidad, lo que implica impedir la convocatoria del citado referéndum de autodeterminación. Tiene medios suficientes para lograrlo sin recurrir a la fuerza. Algunos ministros ya hablan abiertamente de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo que hace tan sólo unos meses era tema tabú.

El choque de trenes se producirá y hay que estar preparados para ello. Por eso es muy importante que, junto a los instrumentos legales, el Gobierno construya un bloque político sólido que dé sustento y legitimidad a las medidas que deban adoptarse.

Ahora más que nunca es necesario un pacto de Estado sobre Cataluña, al que deberían sumarse, al menos, el PP, el PSOE y Ciudadanos.

Hay que ponerlo en marcha cuanto antes, porque tal vez sea la única forma de evitar la confrontación, o al menos la mejor manera de hacer ver a los independentistas que no sólo se enfrentan a un gobierno, sino a la gran mayoría de los españoles.

Los tres partidos suman más de dos tercios del Congreso (casi 300 diputados) y más de 16 millones de votos. Tanto Artur Mas como Puigdemont apelan siempre a la mayoría parlamentaria favorable a la consulta para justificar el incumplimiento de la legalidad.

Con ese gran pacto de Estado sobre Cataluña, el Gobierno no sólo podría argumentar que tiene a la ley de su lado, sino que cuenta con un amplísimo apoyo parlamentario y el respaldo de la inmensa mayoría de los ciudadanos a la hora de defender la Constitución.

Las incertidumbres no desaparecerán del todo si al asunto de Cataluña se resuelve correctamente. Pero si el Estado fracasa, que nadie dude que volveremos a entrar en otro periodo negro de nuestra historia.