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Colombia, Año Cero

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Colombia, Año Cero

Resumen:

El Gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firman mañana en Cartagena de Indias los Acuerdos de Paz que ponen fin a 52 años de conflicto. Asisten al acto el Rey Juan Carlos y el jefe de la diplomacia vaticana, Pietro Parolin, entre otros.

El domingo 2 de octubre los colombianos votarán en reférendum sobre el pacto al que han llegado Gobierno y guerrilla, tras cuatro años de negociaciones en La Habana.

Más de ocho millones de víctimas, seis millones de desplazados, 220.000 muertos, 28.000 secuestrados, unos 40.000 desaparecidos es el trágico balance de uno de los conflictos más complejos de América Latina.

 

“Después de más de medio siglo de conflicto armado interno, regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz (el miércoles 21 de septiembre) para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado”. El presidente Juan Manuel Santos cumple mañana lunes un sueño anhelado desde que inició su mandato en 2010: la firma del Acuerdo de Paz para Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Tras cuatro años de negociaciones en La Habana, el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaban el 24 de agosto la fumata blanca, el pacto por el que ponían fin a 52 años de guerra.  “Es tiempo de paz en Colombia. Nunca más colombianos y colombianas deben alzarse en armas para ser escuchadas sus demandas”, clamaba este fin de semana el jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, en la Décima Conferencia Nacional Guerrillera, en los Llanos del Yari.

Más de ocho millones de víctimas, seis millones de desplazados, 220.000 muertos, entre ellos los casos de falsos positivos (civiles a los que el ejército hacía pasar por guerrilleros caídos en combate), 28.000 secuestrados, un número impreciso de desaparecidos (unos 40.000 al menos, según la Unidad Nacional de Víctimas) es el dramático balance de uno de los conflictos más complejos de América Latina. Los colombianos decidirán en referéndum el 2 de octubre si las condiciones de esa paz, injusta como reconoce el propio Gobierno, son las mejores en el momento actual. Hay una Colombia que lucha por reconstruirse, con dolor por los que ya no forman parte del proceso, y una Colombia que se resiste a ceder ante quienes considera responsables de la violencia. Colombia, Año Cero.

El jefe negociador de la delegación gubernamental, Humberto de la Calle, un hombre de consenso muy respetado en todos los ámbitos en Colombia, ha explicado en el diario El Tiempo qué supone el acuerdo y cuáles son las raíces del enfrentamiento de las últimas décadas: “Es un error de cierta clase dirigente creer que el conflicto es igual a las FARC. Si se suprime a las FARC, se suprime el conflicto. No es así. Las FARC ingresarán sin armas en política, pero con ellas o sin ellas hay elementos de conflicto en una sociedad tan desigual. El paso a la modernidad es que podamos administrar esos conflictos en democracia, de manera razonable, con canales de diálogo, sin necesidad de acudir a la fuerza”.

La desigualdad, a la que alude Humberto de la Calle, es una de las mayores del mundo, según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 2016. “Colombia ha tenido un desarrollo desigual que se manifiesta en la tensión entre ciudades/poderes centrales y periferia, que afecta a comunicaciones, comercio interior, acceso a bienes y formas autoritarias locales de poder político y paramilitar. El narco y las guerrillas se han podido desarrollar gracias a las deficiencias del Estado”, escribía recientemente Mariano Aguirre, director del NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution) de Oslo. Esa falta de Estado es lo que ha condenado durante décadas a más del 60% del país “a una especie de apartheid en donde viven sin garantías de efectividad de los derechos políticos, económicos y sociales unos seis millones de personas (el 14% de la población del país)”, según un estudio de la ONG colombiana DeJusticia.

Seis cuestiones clave

Los Acuerdos de Paz, que se firman mañana lunes en Cartagena de Indias, con la presencia del Rey emérito Juan Carlos; el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el secretario de Estado de EEUU, John Kerry, o el jefe de la diplomacia vaticana, el cardenal Pietro Parolin, entre otros representantes de la comunidad internacional, se refieren a seis cuestiones clave: desarrollo agrario; solución al problema de las drogas ilícitas; participación política; implementación, verificación y refrendación;  víctimas; y fin del conflicto.

“Sería iluso creer que un texto de 297 páginas puede hacer una revolución o transformar un país en un abrir y cerrar de ojos. Es la base para una transformación económica, social y política, pero depende de la capacidad de las fuerzas progresistas y revolucionarias que ahora se apliquen los acuerdos”, afirma el abogado y sociólogo colombiano Yezid Arteta, ex comandante de las FARC, que estuvo preso durante 10 años, quien considera que, si bien el acuerdo no resuelve los problemas de Colombia, “sí es un buen principio para atajar el problema de violencia endémica, a la vez que hace posible que haya una fuerza de izquierda que no tenga el estigma del conflicto”. Ya hubo un intento en los 80 con la Unión Patriótica, el brazo político de la guerrilla, que llegó a tener nueve senadores y cinco representantes en la Cámara. Muchos de sus miembros fueron asesinados. Este mínimo de representación política era lo que demandaban las FARC y lo han conseguido. Las FARC logran, si el proceso llega a término, que su futuro partido político tenga garantizada su representación en las dos próximas legislaturas, es decir, hasta 2026. En Colombia nunca ha gobernado la izquierda.

Tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Probablemente todos habríamos querido algo más”

El Acuerdo no contenta a nadie al cien por cien. Y en parte satisface a todos. El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, lo ha dejado claro: “Tengo la certeza de que es el mejor acuerdo posible. Probablemente todos habríamos querido algo más”. De la Calle ha sido vicepresidente con Ernesto Samper, ex ministro con César Gaviria y ex embajador en España (1996-98).  Según José Manuel Martín Medem, periodista y autor de Colombia Feroz, “es un acuerdo que permite a las FARC entrar en política, que era su objetivo, y que compromete al Estado colombiano, no sólo al Gobierno del presidente Santos”. Subraya a su vez que se ha impuesto el lema de Santos, “la paz es la victoria”, frente al de Uribe, que defiende que “la victoria es la paz”. Es la oligarquía financiera la que en esta ocasión está venciendo el pulso a la oligarquía tradicional ganadera. Coincide Martín Medem con la periodista Salud Hernández-Mora, firme crítica del Gobierno de Santos, en que uno de los grandes fallos del acuerdo es que “pasa de puntillas por el tema del narcotráfico”. Según explicaba a la CNN Hernández-Santos, premio Columnistas de El Mundo de este año, “mientras haya coca en Colombia, no habrá paz”. Colombia es el primer cultivador mundial de coca. La superficie cultivada es de unas 100.000 hectáreas. Aunque la era de los grandes narcos, como Pablo Escobar, terminó, hoy el tráfico ilícito continúa controlado  por criminales de perfil más bajo pero no menos destructivo. “El plan del Gobierno es combatir a los intermediarios y dar alternativas a los campesinos productores”, indica Mariano Aguirre.

Muchos expertos en la zona subrayan precisamente que resulta difícil saber quién ha cedido más, si bien sus detractores señalan que su gran fallo es que abre la vía a la impunidad de quienes han atizado la violencia durante años. No sólo el ex presidente Álvaro Uribe enarbola esta bandera, también organizaciones como Human Rights Watch reconocen que “al no haber una justicia genuina, tampoco será una paz duradera”. Sin embargo, Iván Briscoe, director para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, destaca que “el precio de acceder a penas reducidas es una colaboración plena y voluntaria con la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, lo que se pierde en términos de castigo se ganará en verdad, y potencialmente, en reparación”.

Este acuerdo no ofrece impunidad, sino garantías de verdad y un sistema de justicia ante el que rendir cuentas”

Según Virginia M. Bouvier, investigadora de procesos de paz del United States Institute of Peace, “este acuerdo no ofrece impunidad, sino garantías de verdad así como un sistema de justicia ante el que rendir cuentas por lo que ha pasado para evitar que se repitan casos similares. La fórmula colombiana es una de las primeras que explícitamente no ofrece amnistía o impunidad para violencia sexual o para otros crímenes de guerra”. De hecho, subraya Bouvier que “la integración de las víctimas en el proceso (testificaron ante los negociadores en La Habana) ha abierto nuevos caminos en el campo de la justicia transicional”.

El postconflicto, o la fase de postacuerdo, que comenzará si gana el sí en el referéndum del 2 de octubre, tiene varias fases. Durante los primeros 180 días se procederá a la entrega de armas y a la desmovilización de los aproximadamente 7.000 hombres armados, secundados por otros 4.000 de milicianos de apoyo. También se inicia ahora el desminado con programas piloto en los que colaboran guerrilleros y miembros del Ejército. En Colombia hay 11.000 víctimas por las minas entre 1990 y 2014. Después del desarme, llegará la fase en la que se ampliará el alcance del Estado y se buscará la integración de los ex combatientes. “El sistema político tendrá que adaptarse para que los ex guerrilleros puedan hacer política y las Fuerzas Armadas que les combatían habrán de defenderles de quienes deseen venganza. Será un proceso de décadas, pero en el que cada semana, cada mes, cada año, será decisivo”, afirma Aguirre. Aún queda también que la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se siente a negociar, así como combatir a las bandas criminales.

Los colombianos han sufrido durante décadas la guerra y han de sopesar qué precio quieren pagar por una paz imperfecta, una paz que es una ausencia de conflicto más que un sueño de plenitud. En palabras de Héctor Abad Faciolince, autor de El olvido que seremos, “la paz no se hace para que haya una justicia plena y completa. La paz se hace para olvidar el dolor pasado, para disminuir el dolor presente, y para prevenir el dolor futuro”.

 

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