Artur Mas desobedeció al Tribunal Constitucional al participar activamente en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, cometiendo un presunto delito de prevariación, pero no malversó fondos públicos con esa actuación. Al menos así lo sostiene la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catlauña (TSJC) que hoy se a pronunciado en contra de las peticiones en este sentido de las acusaciones particulares encabezadas por dos sindicatos policiales contra el ex presidente de la Generalitat. La diferencia es sustancial, puesto que de ello depende que Mas se enfrente a penas de cárcel por la organización del 9-N.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha reclamado al juez que instruye el caso que desestime el recurso presentado por las acusaciones populares y que se limite el proceso a las acusaciones de desobediencia y prevaricación administrativa contra Mas y las ex consejeras Irene Rigau y Joana Ortega, mientras la causa contra el entonces conseller de la Presidencia, Frances Homs, se sigue en el Tribunal Supremo por tratarse de un aforado en su condición de diputado en el Congreso.

En su escrito los fiscales concluyen que los hechos investigados no cumplen los requisitos del delito de malversación, aunque la organización de la consulta prohibida por el TC supuso un “gasto público considerable”. En este sentido, señalan que “los querellados –Mas, Rigau y Ortega- actuaron sin ninguna intención de procurarse a sí mismos o a terceros beneficio económico indebido”.

El ministerio público añade que los gastos derivados de la organziación del 9-N se comprometieron antes de que el Constitucional suspendiera la consulta, lo que a su entender convierte en lícitos estos compromisos de gasto público. Una vez suspendida la consulta el Gobierno de la Generalitat que presidía Mas debería haber suspendido su celebración y no lo hizo, lo que supone un delito de desobediencia y prevaricación, “pero dejar de pagar lo que se ha comprometido legalmente es algo diferente, que razonablemente habría conducido a reclamaciones de los contratistas”, entiende la Fiscalía.