La etapa hegemónica de Rita Barberá como alcaldesa de Valencia acabó virtualmente la noche del 24 de mayo de 2015 cuando se recontaron los votos y el PP perdió la mitad de sus concejales, pero estaba ya sentenciada desde que un mes antes estalló el entonces llamado caso Imelsa (hoy caso Taula). Esquerra Unida entregó al juez 10 horas de grabaciones realizadas por el ex gerente de esta empresa pública de sus reuniones con cargos populares que acreditaban la existencia de una trama de corrupción y el cobro de comisiones por contratos públicos.

La última foto de Barberá se tomaba este lunes saliendo del Tribunal Supremo tras prestar declaración como imputada por un delito de blanqueo de capitales. El instructor del caso, el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, investiga si los concejales y asesores del PP de Valencia realizaban donaciones de 1.000 euros que luego el partido les devolvía en dos billetes de 500. Mediante el pitufeo, se blanquearía supuestamente el dinero negro de las comisiones.

La causa abierta en el Supremo por la condición de aforada de Barberá -es senadora- es una pieza separada del caso Taula, donde se investiga si tres administraciones valencianas controladas por el PP -Ayuntamiento, Diputación y Generalitat- amañaron contratos para recibir comisiones. Con cerca de medio centenar de imputados, los delitos que se investigan son blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias u fraude en la contratación pública.

Comisiones y elecciones

En última instancia, la instrucción de este caso determinará si el PP de Valencia se financió irregularmente durante años y si ello le ayudó de forma decisiva a ganar al menos las elecciones municipales de 2015 (fue el partido más votado, pero se quedó a siete concejales de alcanzar la mayoría absoluta), como acreditarían las pruebas que la Unidad Central Operativa (UCO) puso de manifiesto en un informe entregado el pasado verano al juzgado que instruye la causa. La Fiscalía Anticorrupción también mantiene la tesis del delito electoral.