Los grupos de PP y PSC en el Parlamento catalán han reclamado la reconsideración de la admisión a trámite del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2017 por las dudas de inconstitucionalidad que ofrece la Disposición adicional 31 del texto, la dedicada a las “medidas de organización y gestión del proceso refrendario”. Los socialistas han pedido además a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que requiera a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre la adecuación legal del proyecto.

Ambos grupos se refieren en su argumentación a las dudas expresadas por el secretario general del Parlament y su letrado mayor durante la reunión de la Mesa del Parlament del martes, en la que se aprobó la admisión a trámite del proyecto gracias a la mayoría de JxS en este organismo, con el voto de calidad de la propia presidenta. Es la primera vez que los letrados del Parlament cuestionan el contenido de una ley de presupuestos, lo que ha llevado a ambos partidos a pedir esta revisión que se llevará a cabo hoy mismo, en una reunión de la Mesa con la Junta de Portavoces, aunque fuentes de los socialistas han reconocido que no confían en cambiar la postura de Junts pel Sí.

Los funcionarios cuestionaron la legalidad de la disposición adicional del referéndum, que especifica textualmente que el Govern “dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017 debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso refrendario sobre el futuro político de Cataluña en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria”.

Contrarias a la sentencia del TC

En su escrito, el PSC señala que las previsiones destinadas a la celebración del referéndum “podrían ser contrarias a la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015”, la que anuló la resolución de la hoja de ruta en la que se basa el pacto de legislatura entre JxS y la CUP. Una sentencia que el Parlament catalán ya contravino el pasado verano, cuando su presidenta incluyó en el orden del día del Pleno la votación de las conclusiones de la comisión de estudio sobre el proceso independentista derivada de esa resolución anulada; una decisión que ha llevado a la imputación de Carme Forcadell por desobediencia.

El PP, por su parte, añade que el Constitucional ya ha dejado claro que “la organización y gestión de una consulta sobre le futuro político de Cataluña n es competencia del Gobierno de la Generalitat y cualquier acto normativo en este sentido es considerado contrario al Estatut y a la propia Constitución”.