El juez de refuerzo del caso ERE ha concedido un plazo de un día a un ex alto cargo de la Junta de Andalucía procesado en la pieza política para prestar fianza de casi dos millones de euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias en el caso de que sea condenado en el futuro. De no hacerlo, el juzgado tratará de embargarle bienes para responder por la cantidad que se le reclama.

En un auto fechado el pasado 21 de diciembre y notificado este jueves a las partes, el magistrado Álvaro Martín Gómez acuerda la apertura de pieza de responsabilidad civil de Jacinto Cañete, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y uno de los procesados en la pieza política del caso por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. En concreto, requiere al investigado para que deposite 1.975.534 euros

“Para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario. Asimismo, se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado”, razona el juez.

Jacinto Cañete se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

Despedida del juez de apoyo

De otro lado, el magistrado ha confirmado el procesamiento de 16 personas, entre ellas seis ex altos cargos de la Junta y el conseguidor de los ERE Juan Lanzas, en relación a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía a las sociedades Surcolor y Surcolor Óptica con cargo al fondo de reptiles. El instructor ha rechazado así los recursos interpuestos por el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín y el abogado Carlos Leal.

Se trata de las últimas resoluciones dictadas por Álvaro Martín Gómez antes de marcharse la pasada semana como refuerzo en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, donde permanecía en comisión de servicio desde septiembre de 2013 debido a la concentración de macrocausas que investiga este órgano judicial. El magistrado, quien terminó la instrucción de la pieza que se ha saldado con el procesamiento de los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, vuelve al Juzgado de lo Penal 2 de Sevilla.