El estamento judicial está decidido a allanar el camino todo lo posible para que el primer juicio del caso ERE se celebre durante 2017. Éste es el escenario en el que trabaja la Audiencia de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía ante el efecto negativo que tiene para la Justicia que unos hechos que empezaron a investigarse hace casi seis años, y que han tenido un enorme impacto en la opinión pública por la relevancia de muchos de los imputados y el importe de la cantidad presuntamente malversada, aún no hayan empezado a enjuiciarse.

Después de que el pasado 3 de noviembre el juez de apoyo Álvaro Martín dictara auto de apertura de juicio oral, la conocida como pieza política es la que se señalará primeramente para enjuiciamiento. Se trata de la rama en la que se dilucidará la responsabilidad penal de los ex altos cargos de la Administración autonómica en la creación, puesta en marcha y mantenimiento del procedimiento específico por el que se repartió 941 millones de euros a prejubilados y empresas en crisis desde 2000 a 2011 con cargo a la partida presupuestaria 31.L o fondo de reptiles y en la que han sido procesados 26 personas, entre ellas Chaves y Griñán. Todos por la presunta comisión de delitos de prevaricación y asociación ilícita y 18 además por malversación de caudales públicos.

Además de los dos antecesores de Susana Díaz en la Presidencia de la Junta, se sentarán previsiblemente en el banquillo de los acusados otros seis antiguos consejeros (Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo), cinco ex viceconsejeros (Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez Román y José Salgueiro), tres directores generales de Trabajo y Seguridad Social (Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera) y otros diez ex altos cargos: Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Antonio Estepa, Antonio Vicente Lozano, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano, Jacinto Cañete, Antonio Valverde y Francisco del Río.

El juicio podría empezar entre el tercer y cuarto trimestre del año y durar tres meses como mínimo

Formalmente no hay fecha aún para el inicio del primer juicio del caso ERE, pero se trabaja para que arranque antes de las próximas Navidades. De cumplirse esta previsión, habrían transcurrido casi siete años desde que se incoaron las diligencias previas 174/2011 (19 de enero de 2011). “Hay un auténtico concierto del estamento judicial y de la Fiscalía para que el juicio se celebre cuanto antes, en 2017. Hay dificultades técnicas, pero se está haciendo un esfuerzo por resolver incidentes y recursos”, resumen fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Éstas dan por hecho que las sesiones se prolongarán durante no menos de tres meses.

Terminada la instrucción de esta pieza a finales del pasado mes de mayo y agotado el plazo para que acusaciones y defensas presentaran sus escritos, sólo resta que el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla lo eleve a la Audiencia de Sevilla -el órgano competente para el enjuiciamiento- para su reparto entre las secciones penales, excluida la séptima por ser la que ha ido resolviendo los recursos presentados durante la fase de instrucción. Ese paso se dará previsiblemente entre enero y febrero.

Muy posiblemente no se fijará fecha para el juicio hasta que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla resuelva los recursos de apelación interpuestos por 20 de los 26 encausados contra el auto por el que el juez Álvaro Martín dio por terminada la instrucción el pasado 31 de mayo y transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado. Las fuentes consultadas interpretan la tardanza de este órgano judicial en resolver como un indicio de que avalará la decisión adoptada por el instructor, que, desmarcándose del criterio que había mantenido el magistrado que instruyó la pieza en el Tribunal Supremo por los indicios reunidos por Alaya contra aforados, apreció indiciariamente que la conducta de Griñán y de otros altos cargos investigados era no sólo prevaricadora sino también malversadora. La gran incógnita es si la Audiencia de Sevilla respaldará íntegramente la tesis de Álvaro Martín, que ha tratado de resolver los recursos de reforma antes de cesar como juez de apoyo en Instrucción 6 para volver al Juzgado de lo Penal 2 de Sevilla.

La Audiencia de Sevilla esperará a resolver los recursos de procesados antes de fijar la fecha

Las fuentes jurídicas consultadas por Elindependiente.com se muestran convencidas de que los recursos, que no tienen efectos suspensivos, estarán resueltos entre febrero y marzo y que el juicio podría arrancar entre el tercer y el cuarto trimestre del año que acaba de empezar. “No veo a la Audiencia de Sevilla señalando juicio sabiendo que hay apelaciones de procesados contra su inclusión”, sostiene un abogado personado en la causa.

Que el inicio del juicio por el caso ERE empiece cuanto antes también tiene una lectura política. Es el escenario que más interesa a Susana Díaz en caso de la más que probable presentación de su candidatura a liderar el PSOE en el próximo congreso. En caso de convertirse en secretaria general del partido a nivel federal y de concurrir como cabeza de cartel a las próximas elecciones generales, a Díaz le interesa que el eco del caso que sentará en el banquillo de los acusados a los responsables de gestionar la comunidad durante 23 años (1990-2013) quede lo más atrás posible para que no sea munición de desgaste a utilizar por la oposición. Fue Griñán quien la incorporó al Ejecutivo autonómico -como consejera de Presidencia e Igualdad en mayo de 2012- y quien la designó como sucesora cuando se vio forzado a dimitir en septiembre de 2013 por el escándalo de los ERE.

Díaz también quiere que el juicio sea cuanto antes para que quede lejos en las próximas generales

La pieza separada en la que se ha investigado la responsabilidad de los altos cargos en el diseño, creación, implantación y mantenimiento del procedimiento específico con el que la Junta repartió cerca de mil millones de manera discrecional durante una década es la clave de bóveda de la causa que la juez Alaya abrió en enero de 2011. Cuando la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, accedió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y dividió el procedimiento en piezas separadas ya dijo que se le daría prioridad a esta rama y se esperaría a que se juzgara la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado para el reparto de los fondos públicos -decisión de la que luego se desdijo-, puesto que esta pieza podría ser determinante para calificar otras conductas objeto de investigación.

Tres piezas terminadas

Además de esta pieza, el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla también ha dictado autos de apertura de juicio oral en otras dos ramas desgajadas de la causa matriz, con 19 procesados. Son las investigaciones relativas a las ayudas concedidas a las empresas sevillanas Acyco y Surcolor con cargo al fondo de reptiles para el pago de prejubilaciones a sus trabajadores y en las que se colaron tres intrusos.

Hasta el momento, tan sólo se ha abierto algo más de medio centenar de piezas separadas, lo que representa poco más de una cuarta parte del total. Básicamente, cada una equivale a una ayuda concreta, aunque también se han incoado otras que engloban un conjunto de subvenciones -como las concedidas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla o a las empresas controladas por el antiguo chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero- o las sobrecomisiones que percibieron las dos empresas (Vitalia y Uniter) que intermediaban entre la Junta y las compañías aseguradoras para la formalización de los seguros colectivos de rentas.