El líder del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha cargado contra la petición de la Fiscalía de inhabilitarle por haber organizado la consulta del 9 de noviembre de 2014 cuando era conseller de Presidencia de la Generalitat: “El Estado me quiere inhabilitar. No pienso apartarme porque lo diga la Fiscalía. Seguiré haciendo política”.

Lo ha dicho en rueda de prensa después de que la Fiscalía haya pedido este mismo miércoles para él nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos por prevaricación y desobediencia en relación a la consulta del 9 de noviembre. Homs considera que la decisión de la Fiscalía era previsible, pero ha acusado al Gobierno central de manipular al poder judicial para frenar el proceso soberanista catalán y, en especial, al ministro de Justicia, Rafael Catalá: “Cree que los catalanes somos tontos”.

En su escrito, la Fiscalía acusa al que fuera conseller de presidencia de la Generalitat de “ser plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del  Tribunal Constitucional”.

También señala que el dirigente catalán “no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular”. Asimismo, subraya que Homs “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria y puso los servicios jurídicos de su Departamento a su disposición para llevar a cabo la votación. Es decir, “potenció tras haber conocido la Providencia de suspensión dictada por el Tribunal Constitucional el desarrollo del denominado “proceso participativo”.

Además, la Fiscalía asegura que la participación del ex conseller fue “crucial” para la celebración de la consulta, ya que facilitó los medios para que se llevara a cabo. La votación, según el fiscal, “acaeció bajo el control directo de la administración autonómica”. Y respondió a “una estrategia de desafío completo y efectivo” a la suspensión acordada por el TC en la que además de Homs participaron el ex president Artur Mas y las ex conselleras Juana Ortega e Irene Rigau que se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por estos hechos el próximo 6 de febrero.

La petición de pena

El ministerio público tipifica esta actuación como un delito de desobediencia y otro de prevaricación administrativa. Y propone al tribunal que si condena por separado por estos delitos al dirigente catalán le imponga 5 meses con una cuota diaria de 200 euros e inhabilitación de un año y un mes por el primer delito y  7 años y medio de inhabilitación por el segundo.

La fiscalía relata en su escrito los pormenores de la celebración del 9-N. Y recoge que Mas cambió su idea inicial de celebrar un referéndum tras una primera suspensión del TC por una consulta participativa en la que aparentemente la Generalitat se quedaba al margen, ya que estaba en manos de ciudadanos voluntarios. Sin embargo, la convocatoria contó con el apoyó del Govern, ya que Homs firmó un convenio con el Instituto  D`Estadística de Catalunya para tener acceso al registro de la población para crear una base de datos temporal para la votación.

Este censo, según el ministerio público, fue cedido a una empresa de mensajería para que hiciera llegar a los ciudadanos una carta de Mas. Asimismo, Homs advirtió a una empresa de informática que actuaría legalmente contra ella si no facilitaba los programas necesarios para llevar a cabo la consulta tras las dudas que le surgieron a esta sociedad por la suspensión dictada por el TC.

El fiscal propone que en el juicio declaren 16 testigos como Jordi Vilajoana, secretario general de la presidencia de la Generalitat y Carles Fabró, jefe de Gabinete de Homs.

Este escrito de la fiscalía responde a la decisión del juez del Tribunal Supremo que el pasado mes de diciembre decidió sentar en el banquillo a Homs por haber “potenciado” la celebración de la consulta del 9-N ” lo que supuso un “desacato” al  TC de manera “abierta, obstinada y pertinaz”.

Otros acusados

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará el próximo 6 de febrero al ex president de la Generalitat Artur Mas y las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau por estos hechos. El primero se enfrenta a una pena de inhabilitación para ejercer cargo público de 10 años y las ex conselleras a 9 años de inhabilitación. Además, también está siendo investigada por desobediencia al TC la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, por haber permitido que la cámara aprobara las leyes de desconexión con el Estado español.