La muerte de dos agentes rurales  a manos de un cazador el pasado fin de semana en Aspas (Lleida) ha provocado un enfrentamiento entre el conseller de Interior de la Generalitat, Jordi Jané, y la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, AUGC, después de que el primero cuestionara los criterios del cuerpo policial a la hora de autorizar la tenencia de armas. Jané aprovechó el luctuoso suceso del sábado, cuando los dos agentes rurales asesinados detuvieron en un control rutinario al presunto asesino,  cuyo permiso de armas estaba caducado, para cuestionar la labor de la Guardia Civil en este ámbito. Lo cierto, sin embargo, es que el cuerpo de agentes rurales lleva tiempo cuestionando su idoneidad para realizar estos controles, puesto que disponen de armas como los cuerpos policiales. En este sentido, los sindicatos de este colectivo reclaman a la Generalitat que se desarrolle el reglamento de armas de este cuerpo para que cuenten con mayores garantías.

El conseller reclamó a la Guardia Civil que mejore los protocolos y pruebas psicológicas para asegurar que las personas autorizadas para utilizar armas de fuego "no sean inestables ni puedan tener comportamientos agresivos". Y añadió, en declaraciones a  RAC1, Jané la voluntad de su gobierno de que sea el Departamento de Interior de la Generalitat, a través de los Mossos d'Esquadra, el responsable de otorgar y controlar a las personas que tienen permisos de armas y no la Guardia Civil.

Una propuesta que ha encendido todas las alarmas en la asociación mayoritaria en el cuerpo armado, que hoy ha denunciado oficialmente "el oportunismo y utilización política de este trágico suceso por parte del conseller, quien ha aprovechado para pedir que los Mossos d'Esquadra tengan competencias sobre tenencia de armas y explosivos, que actualmente corresponden a la Guardia Civil en toda España".

La AUGC advierte de que "una cuestión de suma trascendencia como es la concesión de licencias y el control de la circulación de armas y explosivos en España no debe ser abordada con esta ligereza, y menos en un país que desde hace un año y medio se encuentra en situación de nivel cuatro de alerta terrorista". La asociación lamenta además que los intereses políticos particulares "se sitúan por encima de la seguridad
ciudadana, demostrando una alarmante falta de responsabilidad a la hora de abordar un aspecto tan trascendental".

Desconexión de la Generalitat en control de armas

Con el contexto de la alarma terrorista, la organización policial apunta que en un momento en el que "se exige una absoluta coordinación y claridad en el control del movimiento de explosivos y armas de fuego en España, la Generalitat propone la desconexión territorial de esta función policial, obviando que este asunto tan delicado como importante es competencia exclusiva de la Guardia Civil en todo el territorio nacional". Y añade, para defender su gestión de las competencias policiales que ostenta, que el traspaso de las competencias de tráfico a los Mossos d'Esquadra se ha traducido en más accidentes en Cataluña que en comunidades como Madrid o Andalucía, donde la competencia sigue en sus manos.