Una juez de Bilbao ha impuesto una fianza de 6,8 millones de euros a los tres ex altos cargos del Gobierno vasco y una de sus socias para hacer frente a las responsabilidades que podrían haber incurrido por beneficiarse de contratos sanitarios en tiempos de Juan José Ibarretxe y por los que la Fiscalía les pide entre 6,5 y 11 años de cárcel a cada uno. La magistrada da un plazo de un día –el auto fue comunicado el pasado día 20- para que de modo solidario los acusados avalen esa cantidad en forma de fianza conjunta. La petición la reclama en dos partes, en función de las acusaciones que pesan sobre los acusados. La más relevante, que implica sólo a tres de ellos, alcanza un importe de 4,83 millones de euros y el otro bloque, al que sí deberán hacer frente todos ellos, supera los 1,98 millones de euros.

El auto por el que se abre el juicio oral acusa a un viceconsejero de Sanidad, a un director territorial de la consejería de Sanidad, a un ex responsable de Calidad del principal hospital del País Vasco, -el Hospital de Cruces- y a su socia. Se formulan acusaciones por los delitos de prevaricación en concurso medial con los delitos de malversación, fraudes ilegales contra la Administración pública y negociaciones y actividades prohibidas para los funcionarios públicos.

Los acusados serán juzgados por delitos de prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios

El denominado ‘Caso Margüello’ hace referencia a la presunta adjudicación irregular de contratos sanitarios durante el periodo 2006 a 2009 y por el que se habría beneficiados a dos empresas vinculadas con José Carlos Margüello, un médico y empresario ex responsable de Calidad del Hospital de Cruces y amigo personal del entonces consejero de Sanidad, Gabriel Inclán. Junto a él, está acusada su socia, María Nieves Fernández, que según relata la Fiscalía en su escrito de acusación habría actuado de testaferro para sortear las incompatibilidades en las que hubiera incurrido Margüello por su condición de funcionario de la sanidad pública vasca, y que le hubieran impedido contratar con la Administración.

Además, también está acusado un director territorial de la consejería de Sanidad, José Ramón Elorriaga, sobre quien pesa la acusación de haber autorizado de modo irregular, y en contra de los criterios de los técnicos, la empresa constituida por Margüello, Gestion de Servicios Sanitarios XXI, para gestionar las listas de espera de Osakidetza. Sobre él también pesa la acusación de haber adjudicado contratos y ampliaciones de contratos de modo irregular. Por último, en este caso está implicado quien fuera viceconsejero del Gobierno vasco, Rafael Cerdán, contra quien la Fiscalía reclama la pena más baja, 6,5 años de prisión, por considerar que adjudicó contratos incumpliendo la ley y “a sabiendas de que se adjudicaban a una empresa en la que no concurrían los requisitos legales”.

El PNV sí ve ahora posible “daño patrimonial”

Los cuatro acusados continuarán en libertad al no haberse solicitado prisión provisional por ninguna de las partes personadas. Sí se les exige que hagan frente al posible perjuicio económico que habrían provocado al beneficiarse de este tipo de adjudicaciones y por las que serán juzgados. En caso de que no presenten la fianza, la juez establece que se proceda a embargarle bienes hasta cubrir la cantidad reclamada.

Este caso provocó una profunda división durante el mandato en el que Patxi López ocupó la Lehendakaritza. El caso estalló en 2009, con Rafael Bengoa como consejero de Sanidad, y fracturó de modo importante las relaciones entre el PNV y el PSE, hoy socios de Gobierno. El Parlamento Vasco constituyó una comisión de investigación que tras meses de comparecencias concluyó que se produjeron numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos de los que responsabilizaba a altos cargos del Gobierno de Ibarretxe.

Se habrían beneficiado de la adjudicación irregular de contratos sanitarios vinculados a la gestión de las listas de espera

Un informe emitido por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas también concluía la existencia de incumplimientos importantes y más recientemente la Fiscalía, en su escrito de acusación, señalaba que se produjeron vulneraciones “flagrantes” de la ley para beneficiar a las empresas de Margüello y que para ello se requirió del concurso de todos los acusados.

Durante todos estos años el PNV ha negado que se produjera quebranto económico a las arcas públicas. Además de negar las acusaciones vertidas desde el PSE y el PP, la formación nacionalista denunció lo que se consideró una estrategia de desgaste contra el PNV. A las puertas de la celebración del juicio oral, el Gobierno vasco ha reconocido hoy en boca de su portavoz, Josu Erkoreka, que sí pudo haberse producido un “daño patrimonial” a las arcas públicas y que por tanto, y a la espera de que se pueda acreditar alguna condena de responsabilidad civil, mantiene su personación en el proceso. Una personación que sin embargo evita formular petición penal. Al contrario que la Fiscalía, que reclama 11 años para tres de los acusados y 6,5 años para el cuarto, el Ejecutivo vasco se limita a reclamar responsabilidades civiles.

El actual consejero de Salud, Jon Darpón, formó parte de la Administración sanitaria en tiempos de Ibarretxe. Junto con otros muchos ex altos cargos, encabezados por el entonces titular de Sanidad, Gabriel Inclán, compareció en el Parlamento Vasco para denunciar lo que consideró que se trataba de una campaña contra el Gobierno vasco y para la que se emplearon acusaciones “nauseabundas”. Más recientemente, Darpón se ha mostrado convencido de que no se produjeron irregularidades en este caso.