El sindicato CSI-F ha ofrecido asesoría jurídica y amparo legal a todos aquellos empleados públicos catalanes que puedan sentirse presionados por sus responsables políticos para secundar la manifestación de apoyo a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega, que ha derivado en bronca política en Cataluña. La consellera de Gobernación y Administración Pública de la Generalitat, Meritxell Borràs, aseguró ayer en sede parlamentaria que considera no sólo normal sino “necesario” que los funcionarios pidan fiesta el próximo 6 de febrero, coincidiendo con la apertura del juicio oral por la celebración del 9-N para dar apoyo al ex presidente. Unas declaraciones que han puesto en pie de guerra a la oposición y en alerta a los sindicatos.

Fuentes del CSI-F han denunciado esta postura y recuerdan que el sindicato será firme “en la defensa del ordenamiento jurídico vigente” y, sobre todo, “en la defensa de la independencia de los empleados públicos” condición que consideran imprescindible para garantizar la calidad del servicio público.

“Rechazamos que desde el poder político se presione a un empleado público” han lamentado desde el sindicato, que defiende la libertad individual de cualquier funcionario para posicionarse políticamente pero lamenta la presión que suponen declaraciones como las realizadas por Borràs.

En este contexto, los responsables de CSI-F se remiten al protocolo elaborado por este mismo sindicato cuando la Generalitat convocó la consulta del 9-N para aquellos funcionarios que puedan sentirse presionados por sus responsables políticos.

Pedir las ordenes por escrito

El protocolo establece como primeras medidas de precaución pedir todas las ordenes por escrito y consultar con los servicios jurídicos cualquier orden que el interpelado crea que pueda vulnerar la legalidad. El sindicato elaboró además, en su momento, hasta siete modelos de formularios que intentan blindar a los trabajadores públicos de la Generalitat y otras administraciones locales y “protegerles” ante ordenes dudosas. Formularios que CSI-F recomienda presentar ante la Fiscalía, la inspección interna de la administración y el propio sindicato.

Con este protocolo, elaborado en 2014, el sindicato busca proteger los intereses de los empleados públicos que, en caso de ser acusados de vulnerar la legalidad con actuaciones relacionadas, por ejemplo, con la convocatoria de un referéndum ilegal, pueden sufrir perjuicios como la suspensión de empleo y sueldo.