La aún reciente coalición de gobierno que forman en Euskadi el PNV y el PSE ha vivido hoy uno de sus momentos de mayor división e incomodidad y lo ha hecho en torno a uno de los mayores casos de posible corrupción política que ya investiga la Justicia, el llamado ‘caso Margüello’. En este proceso están acusados tres ex altos cargos del Gobierno en tiempos de Juan José Ibarretxe por haber, presuntamente, adjudicado de modo irregular contratos sanitarios por un importe total de 6,8 millones de euros a dos empresas de unos de ellos. La Fiscalía solicita penas de prisión de hasta 11 años para cada uno además de tener que hacer frente a una condena económica por el mismo importe de las adjudicaciones puestas en cuestión y que estaban relacionadas con la gestión de las listas de espera y procesos de rehabilitación.

Este caso provocó la constitución de una comisión de investigación en 2010 que emitió un dictamen de conclusiones, –aprobado el 21 de junio de 2011-, que no fue respaldado por el PNV. El partido de Andoni Ortuzar siempre ha negado la existencia de las irregularidades. En él se establecía un listado de recomendaciones a aplicar para que casos como éste no pudieran volverse a repetir. Hoy, casi seis años más tarde, el PP defendía una iniciativa para instar al Gobierno vasco a que asumiera y aplicara las recomendaciones del dictamen, referidas a aspectos como los proceso de contratación sanitaria, los controles sobre las empresas adjudicatarias o los procedimientos para la actualización de tarifas, entre otras. La propuesta popular ha recibido el respaldo de todos los partidos de la Cámara excepto el PNV que consideraba que ya estaban en marcha. Los nacionalistas han presentado una iniciativa alternativa que no ha prosperado.

El respaldo dado por el PSE a la proposición del PP tiene un especial significado. Supone romper la unidad de acción con su socio de Gobierno, el PNV, en una cuestión para la que ya está prevista la celebración de juicio oral tras cinco años de instrucción. La formación de Idoia Mendia ha liderado el impulso judicial y de exigencia de responsabilidades políticas en el ‘caso Margüello. Un proceso que se destapó en 2009 durante el Gobierno de Patxi López y que durante su legislatura provocó una profunda distancia entre socialistas y nacionalistas, que siempre han negado las acusaciones. Aún hoy, en el seno del Ejecutivo de Iñigo Urkullu existen altos cargos, como el propio consejero de Salud, Jon Darpón, y la directora del Servicio Vasco de Salud, María Jesús Múgica, que respaldaron un escrito que calificaba de “nauseabundas” las acusaciones de irregularidades y se mostraban “orgullosos” de haber formado parte del equipo que lideró el ex consejero de Sanidad con Ibarretxe, Gabriel Inclán, -amigo personal de José Carlos Margüello, el facultativo y empresario implicado en el caso- y bajo cuya responsabilidad se produjeron los hechos que ahora juzgará la Justicia.

El PSE “desconoce” las razones del PNV para no pedir prisión

Hoy la portavoz del PSE en la comisión de Sanidad, Natalia Rojo, ha defendido que por coherencia su partido respaldaría la exigencia de aplicar las recomendaciones de aquella comisión de investigación. Ha dicho desconocer por qué el Gobierno vasco de Urkullu ha renunciado a exigir penas de prisión en este caso y limitarse a una exigencia de carácter únicamente económico, “podría haber existido otra opción”. Ha aputado que aún se deben cumplir aquellas recomendaciones recogidas en el dictamen, que su hoy socio de Gobierno no apoyó, “y como somos coherentes, seguimos defendiendo lo que defendimos en su día”. Rojo sí ha reconocido que en estos años se han producido avances en materia de transparencia pero que eso no es óbice para dar cumplimiento a las nueve recomendaciones del dictamen del “caso Margüello’.

El PNV no aclara por qué no pide prisión para los acusados parta los que la fiscalía pide 11 años de cárcel

La representante del PNV, Gotzone Sagardui ha lamentado que se vuelva a traer a la Cámara “este tema”. Ha asegurado que las recomendaciones que se establecen ya se están aplicando y que también el Gobierno vasco está colaborando con la justicia al seguir personado en la causa. No ha explicado las razones por la que el Ejecutivo ha renunciado a pedir penas de prisión, como sí hace la Fiscalía, pero se ha comprometido a que se reclamará “hasta el último euro” en caso de que sean condenados. Ha criticado a quienes reprochan al Gobierno que no esté colaborado con la justicia, “porque este es un gobierno democrático que sí colabora con la Justicia”.

Desde el PP, la parlamentaria proponente, Laura Garrido, ha lamentado la posición del PNV y de su gobierno, que en su opinión no está mostrando “una colaboración plena” con la Justicia y ha optado por “ponerse de perfil” en este caso al no presentar acusación penal contra los ex altos cargos del PNV acusados: “Ustedes sabrán por qué miran para otro lado. Lo llamativo para la opinión pública es que sigan personados y pidan prisión cero”.

Podemos: “Son órdenes políticas”

Desde Elkarrekin Podemos su representante, Jon Hernández, ha sido el más duro al considerar especialmente grave la actitud del PNV en este caso. Ha señalado que la renuncia a que los letrados presenten peticiones de cárcel “entendemos que responden a órdenes políticas”. Ha destacado que la gravedad de los hechos dañan a la institución, “porque hablamos de un pequeño grupo mafioso que organizó un entramado de corrupción” y critica al PNV por desmarcarse tanto de las posiciones de la Fiscalía, “que no creo que sea una peligrosa bolchevique que ha montado un contubernio contra el PNV”.

“Señores del PNV, la fiscal no es una peligrosa bolchevique que ha montado un contubernio contra ustedes”

Por último, desde EH Bildu se han felicitado de la “coherencia” mostrada por el PSE al desmarcarse de la posición de su socio de Gobierno, el PNV. La portavoz de la coalición de la izquierda abertzale, Eva Blanco, ha asegurado que ya hace un año su formación reclamó que se cumplieran las recomendaciones que aseguran la transparencia en las adjudicaciones y gestión sanitaria.  Blanco ha reprochado al PNV que asegure que colabora con la Justicia pero luego renuncie a presentar un escrito de acusación con penas de prisión en un caso que ha considerado de “especialmente grave”.

Mañana será el lehendakari Iñigo Urkullu quien tendrá que pronunciarse sobre este caso. En el Pleno previsto en el Parlamento Vasco el PP le formulará una pregunta para que explique las razones por las que el Gobierno vasco ha renunciado a presentar acusación penal en el proceso.