El pasado viernes JxS y la CUP anunciaron a bombo y platillo el acuerdo para dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat, que tenía como medidas estrella un Fondo para políticas de cohesión social de 45 millones de euros y otro destinado a educación dotado con 140 millones de euros. Lo que no explicaron independentistas ni anticapitalistas es que esos fondos solo serán posibles gracias al FLA, la línea de crédito autonómica del Gobierno.

Los anticapitalistas querían mostrar su impronta en las cuentas de la Generalitat obligando a incrementar el gasto social, pero la vía propuesta, una reforma al alza del tramo autonómico del IRPF, era inasumible para la antigua convergencia. Y la solución la encontró el conseller de Economía Oriol Junqueras en el punto de más déficit que el ministro Cristóbal Montoro acordó ceder a las comunidades en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de diciembre.

Ese es el margen al que se acogió Junqueras, pero dado que la Generalitat no puede acudir a los mercados financieros, su fuente de financiación a crédito es el Gobierno. En concreto, para este año la Generalitat ha pedido al FLA una financiación de 7.400 millones de euros, de los que 200 millones servirán para sufragar los fondos pactados con la CUP.

190 millones del FLA

Así consta en las enmiendas transaccionadas por los dos grupos y aprobadas el miércoles en la Comisión de Economía del Parlament. Todas ellas concluyen remitiendo la dotación de fondos prevista para cada apartado a las “generaciones de crédito previstas” en la primera de las enmiendas aprobadas, que señala ese crédito como “los ingresos precedentes de las operaciones de endeudamiento que se subscriban de acuerdo con la normativa estatal que regule los mecanismos adicionales de financiación”. Es decir, el FLA.

A este apartado se remiten los 45 millones de euros del Fondo estructural de cohesión social y renta garantizada; los 140 M€ del Fondo estructural para necesidades educativas; y los 500.000 € del Fondo de ayudas a la cooperación. También se remiten a este apartado, aunque sin determinar la dotación, los fondos necesarios para la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal, mientras los ingresos generados por el nuevo impuesto de emisiones de CO2 a los vehículos de tracción mecánica, todavía por aprobar, deben servir para nutrir el Fondo de lucha contra el cambio climático y el de patrimonio natural.

El portavoz de ICV en el Parlament, Joan Coscubiela, ha denunciado estos acuerdos, recordando que todo lo pactado entre independentistas y antisistema para dar cobertura a los fondos estructurales “está condicionado a una financiación en forma de deuda pública que se producirá en base a la normativa estatal”. Es decir, todo el acuerdo de JxS y la CUP depende de la autorización del ministro Montoro, ha apuntado Coscubiela, para quien la situación es esperpéntica, “sobre todo cuando se compara con algunos discursos”.