Esta práctica de trocear los contratos para eludir el control que supone someter las contrataciones a concurso público y posibilitar así que distintos proveedores compitan por alzarse con el contrato por ofrecer condiciones mejores a la Administración no es delictiva pero entra de lleno en el terreno de la picaresca que, este sí, puede abrir y de hecho ha abierto multitud de veces la puerta a la corrupción.

La ley prevé e intenta atajar todas las trampas que se puedan practicar para eludirla y, naturalmente, prohíbe las prácticas dudosas por elusivas de los controles y de la publicidad. Pero no importa. Todas las administraciones públicas eluden la ley de manera sistemática troceando los contratos hasta el límite de los céntimos por debajo de los cuales tienen la libertad de adjudicar los servicios o las obras directamente, es decir, a dedo, y sin pasar por ninguna clase de control. Por eso nos encontramos con expedientes repetidos que tienen exactamente el mismo objeto, la misma denominación e idéntica cuantía: siempre en el límite de lo que permite la ley. Para la contratación de obras, por debajo de los 50.000 euros ancha es Castilla. Y para la contratación de servicios, por debajo de los 18.000 euros nadie va a meter la nariz.

Para la contratación de obras, por debajo de los 50.000 euros ancha es Castilla. Y para servicios, por debajo de los 18.000 nadie va a meter la nariz

Pero se han sobrepasado con creces los límites de lo tolerable, como se explica en la información a la que acompaña este artículo, y hemos entrado ya en el campo de lo inadmisible. Porque no sólo los responsables de las distintas administraciones se están haciendo un traje a la particular medida de cada uno con la Ley de Contratos del Sector Público sino que con esa misma estratagema se han perpetrado grandes estafas a los contribuyentes. Este ha sido el sistema empleado por los implicados en el llamado caso Gürtel y también el practicado por los implicados en el caso Púnica.

Por lo tanto, no basta con los controles ya existentes. Llevando los ejemplos al límite del absurdo, está muy claro que no tendría ningún sentido obligar a las administraciones a someter a concurso público la compra de folios, bolígrafos o carpetas. Ni la mano de pintura que pueda ser necesaria para adecentar un despacho o unos locales deteriorados. Pero es imprescindible establecer controles ex post de manera que los responsables de las contrataciones en cualquier nivel de la Administración -tanto central como autonómica o municipal- se vean obligados a dar explicaciones por cada licitación adjudicada en la sospechosa cifra de 17.800 o 17.999 euros para los servicios y de 48.000 o 49.999 euros para las obras. Porque entre los pliegues de esa franjas se esconde el abuso, las trampas y también las grandes corrupciones.