El independentismo catalán va quemando las etapas de su proceso hacia un referéndum unilateral ilegal alimentado en las últimas horas por la sentencia que inhabilita por dos años al ex presidente Artur Mas. De forma paralela, el Gobierno tiene preparada su respuesta conforme avanza el desafío. Si de momento, la reacción ha sido la de los tribunales por incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional, -tal y como ha determinado el TSJ de Cataluña-, el siguiente paso sería impedir la celebración de dicha consulta para acabar, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, "interviniendo la Tesorería" de Cataluña, según señalan fuentes gubernamentales a El Independiente. 

No se trata de suspender la autonomía sino de sustraer temporalmente una de sus competencias para que la asuma la Administración central, esto es, "asfixiar económicamente" el proyecto secesionista, "que no a los catalanes". En este caso, sería el Gobierno el que controlaría las cuentas de la Generalitat al objeto de evitar que ésta dedicara partidas económicas para financiar las instituciones de la nueva república catalana.

En 2016 Cataluña recibió 17.225 millones de euros además de 46.400 que ingresó entre 2012-2015 del FLA

Las dos grandes fuentes de financiación de las Comunidades son su participación en el 50 por ciento de los ingresos por IRPF y otro tanto por IVA. Ambos impuestos los recauda el Estado y detrae la parte que corresponde a Comunidad. En 2016 la financiación destinada a Cataluña se situó en 17.225 millones de euros, 1.862 millones más con respecto al año anterior. En 2015, Cataluña recaudó 14.438,92 por IRPF y 14.731 euros por IVA.  A estos impuestos hay que sumar tributos de titularidad estatal como sociedades y especiales, esto es, alcoholes, hidrocarburos, tabacos o electricidad y  otros específicos como medioambientales. Por todos ellos recaudó en 2015 -año cerrado-  un total de 37.179,35 millones de euros.

Además, Cataluña ha recibido del Estado, vía Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), 46.400 millones de euros entre el periodo 2012-2015, esto es, un 33 por ciento de la cantidad destinada al conjunto de las Comunidades. Cabe resaltar que la deuda catalana saltó el año pasado la barrera de los 72.000 millones de euros, según el Banco de España, el 27 por ciento de la deuda autonómica total y, lejos de ir disminuyendo, aumenta cada año.

El Estado asumiría el control de los ingresos para pagar la sanidad, educación, dependencia o funcionarios

En caso de intervenir la Tesorería catalana, el Estado asumiría el pago de la sanidad, educación, dependencia o funcionarios de la Generalitat, al objeto de asegurar su normal funcionamiento, sin que el gobierno autonómico pudiera hacer uso de esos ingresos. Sin ir tan lejos, en marzo de 2015, Hacienda amenazó a los gobiernos de Valencia, Aragón y Extremadura con intervenir sus cuentas por incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria al no pagar en tiempo y forma a los proveedores de sendas administraciones.

Luego están los impuestos cedidos y tributos propios. Estos incluyen sucesiones, donaciones, patrimonio, transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados. En el caso de Cataluña hay que sumar los impuestos por vivienda vacía o por grandes superficies comerciales. Supone un ingreso de 1.890 millones de euros a las arcas de la Generalitat, que los recauda directamente y sobre los que el Estado tendría mayor dificultad de maniobra para interceptarlos.

Moncloa desearía contar con el apoyo del PSOE aunque el PP dispone de mayoría absoluta en el Senado

El artículo 155 del texto constitucional establece que "si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general". El PP disfruta de una cómoda mayoría absoluta en la Cámara Alta, lo que le permitiría, incluso en solitario, acordar al intervención de la Tesorería, aunque para la asunción de este tipo de medidas les gustaría "contar con el apoyo, al menos, de los socialistas", señalan fuentes del Gobierno.

Aunque en algunos sectores del PSOE hay reticencias respecto a la aplicación de este artículo, más habida cuenta de que acaban de firmar un nuevo modelo de relaciones con el PSC, desde la gestora se alertó recientemente al Gobierno que no actúe en solitario. El portavoz de dicha comisión gestora, Mario Jiménez, reclamó recientemente del Ejecutivo que abra, llegado el caso, una "ronda de contactos" entre las distintas fuerzas políticas. Es previsible que Ciudadanos también se sumara a una iniciativa de este tipo y es que el 155 ha dejado de ser tabú.