Fin de la paciencia. El golpe de gracia a ETA se lo han propinado los suyos, sus presos, cansados de esperar y enfrentados por la gestión que está haciendo de la derrota. Los etarras que cumplen condena acumulan cinco años y medio esperando entre rejas y viendo cómo el tiempo pasa y nada cambia. El colectivo de presos confiaba en que las décadas a la sombra que muchos arrastran y que a otros esperan, podrían modularse vía desarme o disolución. Un lustro después todo sigue igual y así seguirá hasta que ETA no se disuelva, según advierte el Gobierno y certifican los tribunales.

Los 349 etarras que aún permanecen en prisión, alejados del País Vasco, han visto cómo el anuncio de este viernes por la dirección de la banda de desarmarse en un plazo de apenas tres semanas puede volver a activar el tablero. Quizá aún hay margen para engrasar las nimias opciones de un cambio en la política penitenciaria que les permita acelerar su salida de prisión y retomar sus vidas. La inexperta y menguada dirección de ETA, atrapada entre el inmovilismo calculado del Ministerio del Interior, -dispuesto a esperar otro lustro hasta que la fruta etarra caiga de madura-, y la presión ejercida por los presos para cobrarle el ‘impuesto carcelario’ ha hecho que ETA claudique y anuncie un desarme “unilateral” que sabe a derrota.

Rajoy conocía desde el martes el anuncio de desarme, tras comunicárselo Urkullu en La Moncloa

Por el momento, el Gobierno ya ha adelantado que no modificará su posición. El presidente del Ejecutivo conoció el anuncio de desarme hecho público ayer ya el pasado martes en La Moncloa de boca del lehendakari Iñigo Urkullu. Le trasladó los detalles del proceso, que hoy podrían avanzarse en parte en Biarritz (Francia), y ante ellos Rajoy habría mostrado una actitud fría y sin asumir compromisos. El largo encuentro sirvió para retomar el canal de comunicación entre ambos mandatarios, que no se habían reunido desde hacía dos años y medio.

Desde que ETA acordó en octubre de 2011 el cese de su actividad armada el tiempo corría en su contra y a favor del Gobierno español y francés. A la banda la presión de sus presos por obtener algún rédito, tanto del desarme como de la disolución definitiva que se le reclamaba, se le empezó a hacer cada vez más fuerte. Una presión a la que en este tiempo se ha sumado la continuación de la presión policial que desde 2011 ha llevado a cabo alrededor de 150 detenciones de etarras, además de la desarticulación de varios zulos y arsenales con los que ETA confiaba en poder presionar y negociar beneficios para sus presos. Nada de eso ha ocurrido.

La menguada dirección de ETA está atrapada entre el inmovilismo del Gobierno y la presión de los presos ansiosos de cambios en su situación

Las opciones de ETA se han ido agotando y dejando a la banda ante la evidencia de que su disolución o era unilateral, como le reclamaban las instituciones y conjunto de partidos, o sería policial y que además se haría sin ningún beneficio para los cientos de presos que cumplen condena. En las últimas semanas dos episodios han colmado la paciencia de los presos ante la demora y dificultad con la que la dirección de ETA está gestionando su final. Si el pasado 2 de marzo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos daba oxígeno a la política penitenciaria española al rechazar la queja de tres etarras encarcelados en Francia que reclamaban su derecho a “la vida familiar”, supuestamente impedido por la dispersión que padecían, este martes el Tribunal Constitucional agravaba el revés para los intereses de los presos. El Pleno del TC inadmitió el recurso de amparo presentado por un preso de ETA de mantenerle en una cárcel de Valladolid, a 400 kilómetros de Euskadi. La decisión adoptada por mayoría de los 11 magistrados contó sin embargo con el voto particular, contrario a la decisión, de tres magistrados.

Una cúpula débil, acorralada y presionada

Con unas posibilidades de cambio de su situación en las cárceles que se estrechan sentencia a sentencia, la presión procedente de las prisiones en favor de un cambio de actitud de ETA para ceder y facilitar un gesto del Gobierno ha aumentado.

Presiones que llegan a lo que aún queda de ETA en una posición de máxima debilidad. El descabezamiento de sus dirigentes ha sido constante. Siete meses después de proclamar el cese de los atentados fue detenida su dirección, en manos de Oroitz Gurruchaga y Javier Aranburu; en octubre de 2012, Izaskun Lesaka, uno de los rostros encapuchados de blanco que escenificaron el cese de actividad. En julio de 2015 cayeron Iñaki Reta de Frutos y Xabier Goienetxea, y en septiembre de ese año los otros dos portavoces y dirigentes de ETA, David Plá e Iratxe Sorzábal. Incluso el que se considera último jefe de ETA, Mikel Irastorza, fue detenido sin tiempo apenas de asumir el control, en noviembre de 2016. En estos años sin atentados las Fuerzas de Seguridad del Estado y de la Gendarmería han detenido a casi 150 miembros de ETA.

Actualmente ETA tiene 346 presos en cárceles españolas y francesas, la mayoría a más de 400 kilómetros de Euskadi

A este descabezamiento constante se han sumado los fallidos intentos por rentabilizar su final. Lo intentó buscando la implicación directa del Gobierno de España y el de Francia, que nunca se produjo. Desoyó el ofrecimiento del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para desarmarse bajo su paraguas y confió todas sus esperanzas a mediadores y verificadores internacionales que terminaron por recelar de ETA tras el fallido ‘no desarme’ que escenificó en febrero de 2014 a través de un vídeo de la BBC y que pronto se desveló que nunca se produjo. Finalmente, el desarme se hará en un acto el próximo 8 de abril sobre una representación de la sociedad civil del País Vasco francés, a los que ETA ha designado como “artesanos de la paz” y a los que ha encomendado el proceso. Fuentes de este colectivo civil dicen no tener respuesta del Gobierno francés, en quien confían que pueda hacerse cargo del armamento dentro de un proceso en el que esperan que también se aborde la situación de los presos y los “exiliados”.

Sin nada a cambio

Y por ahora todo apunta a que ETA, pese al desarme anunciado, continuará sin obtener nada a cambio. La noticia no ha modificado la posición del Ejecutivo de Rajoy, dispuesto a vencer este juego de estrategias y certificarlo con “una derrota” a ETA, a la que pidió que del mismo modo que se desarma “de paso que se disuelva”. El presidente del Gobierno, que este sábado visitará Vitoria, adelantó que la aplicación de la ley continuará de igual modo, dispersión incluida.

Fracaso tras fracaso, descabezada y sin rumbo, las decisiones que las últimas direcciones de ETA han ido adoptando han debilitado su otrora férrea capacidad de control en las prisiones. Entretanto, los presos han ido apostando por desmarcarse y activar mecanismos de autorganización al margen del control de la cúpula e incluso pese al respaldo moderado brindado por el entorno de la izquierda abertzale, deseoso de desligarse del entorno violento a marchas forzadas en pos de una ‘institucionalización’ exprés de ese mundo. Agrupados bajo el colectivo del EPPK, que en su día llegó a controlar el sector más ortodoxo de la banda, fue en 2013 cuando el grueso de los presos de ETA anunció que exploraría un camino hasta entonces vetado para los etarras: los beneficios penitenciarios.

El colectivo de presos está dividido entre el mayoritario, afín a Sortu, y el más ortodoxo, vinculado a ATA y que reclama la amnistía

El anunció se materializó el pasado 25 de diciembre cuando el colectivo de presos anunció que daba libertad a los etarras en prisión para solicitar de modo individualizado el acceso a revisiones de grado, redenciones de pena, peticiones de libertad condicional, si bien fijaba los límites de “la delación y el arrepentimiento”.

Actualmente en las cárceles españolas, según el colectivo Etxerat, de familiares de presos de ETA, cumplen prisión 264 etarras, a los que hay que sumar 72 más que lo hacen en cárceles francesas y el resto en prisiones de otros países. La política de dispersión hace que el 80% de ellos cumplan su condena a una distancia de más de 400 kilómetros del País Vasco. La petición de cambio sobre esta política que el entorno radical considera “excepcional” e innecesaria en el actual contexto, -algo que también reclaman el conjunto de partidos vascos excepto el PP- ha ido creciendo no sólo en el entorno de los presos sino también en el de la izquierda abertzale.

Pérdida de control sobre los presos

La pérdida de control de la dirección de ETA sobre su mundo, y por tanto el debilitamiento de su autoridad y capacidad de influencia, ha quedado en evidencia en estos últimos años en la profunda fractura que se ha producido entre los propios presos. Si bien el grueso del colectivo está bajo el amparo del EPPK, cada vez adquieren mayor eco las posiciones del sector más ortodoxo que defiende la necesidad de no ceder a las presiones del Estado y plantarle cara hasta lograr la amnistía de los etarras en prisión.

La división en la que está sumida ETA se constata en la existencia de dos movimientos paralelos y mal avenidos, que aspiran a defender a los presos de la organización. Si junto al EPPK camina el colectivo Sare, liderado por nombres como Joseba Azkarraga, ex consejero de Justicia de Ibarretxe, y que reclama el final de la política de dispersión y promueve manifestaciones y actos en su apoyo, frente a ellos ha ido conformándose otro movimiento: Amnistía Ta Askatasuna (ATA). La representatividad de ATA es muy inferior pero ha tensionado de modo muy notable la escena en la que se está librando la disolución de los más de 50 años de historia de la organización terrorista.

ATA está detrás del clima de tensionamiento que se está registrando en los últimos meses en Euskadi, con la reaparición de la Kale Borroka y los ataques a las sedes de los partidos. Este movimiento considera justificada la “movilización” en favor de los presos de ETA y cree que el camino emprendido por la izquierda abertzale supone poco menos que una ‘traición’ a la memoria y ‘lucha’ de miles de etarras. El enfrentamiento ha provocado incluso un cruce de insultos entre ATA y Arnaldo Otegi, al tildar este último de escisión de Sortu por no asumir el nuevo rumbo alejado de la violencia que ahora defiende EH Bildu, y que fue respondido por ATA calificando de “chivato” a Otegi por poner en “el punto de mira” a este movimiento.