La mayoría independentista del Parlament integrada por JxS y la CUP se ha impuesto hoy para aprobar los Presupuestos de 2017, incluída la Disposición Adicional 31 que incluye la dotación presupuestaria para la celebración de un referéndum de independencia. De nada han servido las advertencias de la oposición ni de los letrados del Parlament, que en una iniciativa inédita han pedido interrumpir el Pleno para dar lectura a una nota en la que Antonio Bayona, letrado mayor, y el secretario general del Parlament, Xavier Muro,  recuerdan a la Cámara que los dictámenes del Tribunal Constitucional sí son vinculantes para el Parlament y advierten de que la votación “comportaría ignorar la advertencia del TC” tanto en las enmiendas presentadas por JxS y la CUP como la de CSQP, porque todas ellas remiten a la celebración del referéndum

La nota de los letrados ha abierto una nueva guerra procedimental entre la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y los grupos de la oposición, que han reclamado infructuosamente la reunión de la Mesa, y en su detrimento de la Junta de Portavoces, para valorar la nota de los letrados antes de proceder a la votación, a lo que Forcadell se ha negado. Tanto es así, que C's, PSC y PP no han votado las enmiendas propuestas por la CUP y CSQP y secundadas por JxS en las que se mantiene la dotación para el referéndum, en muestra de rechazo a la actitud de la presidenta del Parlament.

Quejas de los constitucionalistas de la Mesa

Los dos miembros de la Mesa que no pertenecen a JxS, José María Espejo-Saavedra (C’s) y David Pérez (PSC) han insistido en que la advertencia de los letrados obliga a reconsiderar la admisión a trámite de las enmiendas cuestionadas, pero Forcadell ha argumentado que, con el Pleno en marcha, “la Mesa sólo tiene potestad para organizar el debate, el Pleno es soberano”. Pérez ha señalado que “la nota de los letrados cambia los criterios con los que se aceptaron a trámite las enmiendas sobre las que advierte” y ha añadido que en la reunión de la Mesa pediría un informe jurídico a los letrados antes de proceder a la votación “porque estamos hablando de un posible incumplimiento de la interlocutoria del Constitucional, responsabilidad que atañe al conjunto de la Mesa”.

El único grupo que ha secundado la posición de Forcadell, además de Junts pel Sí, ha sido la CUP

La petición ha recibido el aval del PP y CSQP, cuyo portavoz, Joan Coscubiela, ha acusado a Forcadell de escudarse en que “el pleno es soberano, pero al final la que decide si se vota o no es usted”. El único grupo que ha secundado la posición de Forcadell, además de JxS, ha sido la CUP. Anna Gabriel ha recordado en su nombre que “nosotras no aceptamos límites” y por tanto ha asegurado tener muy claro que su votación contradice los dictámenes del Constitucional, pero se ha mostrado orgullosa de ello. “Nosotras no aceptamos límites, esto es un reto” para la CUP, ha concluido.

El portavoz del PP, Santi Rodríguez, ha recordado a Forcadell que el Tribunal Constitucional ya ha dictaminado dos veces en esta legislatura que se habían vulnerado los derechos de los diputados en situaciones como la de hoy, advertencia que no ha hecho mella en la presidenta. Tampoco los lamentos del presidente del PSC, Miquel Iceta, quien ha recordado que “todos sabemos que estamos a punto de incorporar a los presupuestos las previsiones para hacer un referéndum sobre el que la Generalitat no tiene competencias”, votación que ha considerado como la más grave desde la restitución del Parlament en 1980.

Iceta ha señalado que en estas circunstancias es imprescindible un informe jurídico de los letrados y ha añadido que a la luz de la nota leída en el Pleno los socialistas se inclinaban por no votar unas enmiendas consideradas inconstitucionales. Pero sus quejas han sido desoídas como las otras, y como la petición, presentada a continuación por el PP, de celebrar una reunión de urgencia de la Junta de Portavoces para debatir la votación. Forcadell se ha apresurado a activar el timbre de llamada a la votación para argumentar que la votación se había iniciado y dar por cerradas las reclamaciones de la oposición.