Macià Alavedra, el que fuera mano derecha de Jordi Pujol, ha reconocido este jueves en el juicio del caso Pretoria que cobró un 4 % de comisión por sus labores de mediación con empresarios para que obtuvieran adjudicaciones de obras públicas gracias a sus contactos políticos porque era "la comisión habitual". La fiscal Ana Cuenca ha explicado al tribunal que tras esta confesión va a solicitar penas que no impliquen el ingreso en prisión del político catalán.

Alavedra ha abandonado la sala de vistas nada más terminar su declaración. En su comparecencia, ha admitido que usó sus influencias políticas en labores de intermediación, pero se ha negado a implicar en las mismas al ex presidente de la Generalitat Artur Mas aunque ha admitido que, al igual que con Pujol, mantiene una estrecha relación e incluso de amistad.

El dirigente catalán ha comenzado su declaración admitiendo los hechos que le imputa la fiscalía Anticorrupción, es decir, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, por los que se enfrentaba a seis años y 10 meses de cárcel y 10 millones de euros de multa.

Salva a Artur Mas

El político catalán ha explicado que dejó la política en 1997, pero que hasta fecha ocupó escaño en el Congreso de los Diputados, en el Parlament y consellerias en la Generalitat de Cataluña. Por ello, "conocía prácticamente" a todos los cargos de CiU.

También ha reconocido que mantenía buenas relaciones con Antoni Castells, del PSC, porque trabajaron juntos en las negociaciones de la financiación autonómica. Y ha explicado que acudió a él en una operación inmobiliaria que no prosperó. Sin embargo, preguntado por la fiscal si Mas intervino en esta operación ha declarado: "Para nada".

El dirigente catalán, en una conversación grabada, habló de esta operación con Lluis Prenafeta y le explicó que confiaba en que Mas la mantendría cuando llegara al Govern. Sin embargo, Alavedra se negó a relacionar al ex president con este caso y explicó a la fiscal que en esta charla hablaron de cuestiones políticas. En otra de las grabaciones se le oye decir: "Al final no dejaremos ganar las elecciones a Mas si hacemos el burro".

300.000 euros en un maletín

Asimismo, el dirigente catalán admitió que ocultó su fortuna en Andorra y Suiza. Y que una persona de confianza de Prenafeta, Josep Maria Pallerola, le trasladó desde el Principado 300.000 euros que ocultó en su empresa. "A mi me hizo la función de traspasar los 300.000 euros, pero el maletín era de él", matizó con sorna a la fiscal.

Alavedra también admitió que regularizó con Hacienda sus ganancias por operaciones llevadas a cabo en Portugal. Y que siguió cobrando el capital de las empresas de las que era socio cuando ya estaba en la política. "A partir del momento en que entré en política dejé mis cargos en las empresas, pero no renuncié a mis acciones", apostilló.

Tras esta confesión, el político catalán no quiso contestar a más preguntas. "Ya he contestado a lo que sabía", explicó. La fiscal Ana Cuenca anunció entonces que había llegado a un acuerdo con Alavedra que se materializara cuando presente sus conclusiones definitivas de rebajarle la pena para que no ingrese en prisión a cambio de que haga frente a la multa.

Difícil posición para Prenafeta

Fuentes del entorno del político catalán han apuntado que este tiene intención de pagar la cuantía que le reclama la fiscalía con la venta de unas propiedades.

Tras estas declaraciones, son ya cuatro los arrepentidos en este caso. Los primeros en alcanzar un acuerdo con la fiscalía fueron la amiga de Alavedra, Gloria Torres, el intermediario, Philip Mc Mahan, y el empresario Manuel Carrillo. Alavedra tendrá que volver al juicio en la última sesión del mismo.

Su decisión de colaborar con la justicia ha dejado en una posición muy complicada a Lluis Prenafeta, que fue secretario de la presidencia de la Generalitat, ya que Alavedra ha reconocido que eran socios en el cobro de comisiones aunque Prenafeta "dejó la política ocho años antes que él". De momento, el ex secretario de la presidencia no ha anunciado su intención de colaborar con la justicia. La fiscal le reclama seis años y 10 meses de cárcel y multa de 13,7 millones de euros. Y a su mujer, Maria Lluisa Mas, le solicita 3 años y medio de cárcel y multa de 9,4 millones de euros.