El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido este martes las partidas de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña que "dan cobertura financiera" para la convocatoria del referéndum independentista. La decisión ha sido adoptada a instancias del Gobierno que también pidió que se comunique este acuerdo al president Carles Puigdemont, a los miembros de su Gobierno y a los altos cargos que han de gestionar dichos presupuestos.

El alto tribunal ha comunicado a Puigdemont y a otros 18 altos cargos de la Generalitat que si no acatan esta decisión incurrirán en "responsabilidades" incluida "la penal".  Fuentes jurídicas han apuntado que los posibles delitos podrían ser desobediencia que está castigado con penas de inhabilitación aunque no se descarta que en este caso se amplíe la acusación a uno de malversación de caudales públicos que está penado con prisión.

La Generalitat mantiene el pulso

La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha asegurado tras conocerse la decisión del alto tribunal que el ejecutivo de Carles Puigdemont "mantiene íntegro su compromiso" con la celebración de un referéndum de independencia, un "pulso cien por cien democrático" del que ha destacado una y otra vez que cuenta "con el apoyo de una mayoría social, es la salida que genera más consenso en Cataluña". La suspensión de los apartados referidos al referéndum es, a su juicio, "la respuesta previsible del Gobierno del no" al que ha acusado además de incumplir sus promesas en materia de infraestructuras.

Munté ha criticado además las investigaciones iniciadas por la Fiscalía sobre la creación de la agencia tributaria catalana y del registro de catalanes en el exterior y los requerimientos a las empresas colaboradoras de la Generalitat en estos proyectos. "No consentiremos que quieran instalar en el imaginario que la actuación de este gobierno no es legal" ha clamado la portavoz catalana, quien ha anunciado "contundencia" en la defensa de sus actuaciones tras insistir en que la Generalitat tiene competencias en la convocatoria de elecciones autonómicas y procesos participativos, obviando que lo anulado son las partidas destinadas al referéndum de independencia.

La oposición catalana, por contra, ha señalado que la suspensión era previsible porque el Govern hizo caso omiso de los advertimientos de inconstitucionalidad del Consejo de Garantías Estatutarias y los letrados del Parlament. Carlos Carrizosa, portavoz de C's, ha señalado que JxS "ya tienen lo que querían" para alimentar su victimismo, mientras el popular Alejandro Fernández ha acusado al Govern de "mentir descaradamente" cuando aseguran que el Gobierno paraliza las cuentas de la Generalitat.

Recurso del Gobierno

El Gobierno de Mariano Rajoy informó el pasado viernes de la interposición de este recurso. Y pidió al alto tribunal la admisión del mismo que afecta a los presupuestos de la Generalitat, pero solo instó la suspensión de las partidas que permite celebrar el referéndum.

En concreto, los magistrados del alto tribunal suspenden las partidas destinadas a procesos electorales y consultas populares y el articulado de la ley que recoge los créditos para organizar la consulta dotado con 407.450 euros y los gastos de diversos administraciones públicas dotado con 5,8 millones de euros.

Esta acción se une a la emprendida por la fiscalía que está recabando información sobre las empresas que están colaborando para llevar a cabo este referéndum unilateral.

Los avisos

El Tribunal Constitucional, además de publicar en el Boletín Oficial del Estado esta decisión, ha optado por comunicar personalmente a los afectados su acuerdo para que sepan de primera mano que tendrán que asumir consecuencias penales si no acatan la suspensión.

El alto tribunal les advierte de "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". También les avisa que no pueden hacer uso de las partidas suspendidas ni licitar contratos administrativos para preparar el referéndum.

El TC ya ha mandado a la fiscalía la actuación de la presidenta del Parlament Carmè Forcadell, en dos ocasiones, y la de la mesa de la cámara catalana por permitir la aprobación de la leyes de desconexión.

Los precedentes

El ex president Artur Mas y los ex consellers Francesc Homs, Joan Ortega e Irene Rigau ya han sido condenados a penas de inhabilitación por haber sacado las urnas el 9-N.

Este es el primer acuerdo que adopta el TC bajo la presidencia de Juan José González Rivas después de la renovación de cuatro jueces por el Senado. En este pleno se ha estrenado como vicepresidenta la magistrada Encarnación Roca.

La suspensión acordada este martes tendrá un plazo de cinco meses. Después se puede prorrogar hasta que el tribunal dicte sentencia. Sin embargo, hasta ahora los jueces suelen entrar en el fondo del asunto antes de agotar el primer plazo.