Los gobiernos de Andalucía, Galicia y Canarias continúan a día de hoy costeando las viviendas en las que residen los presidentes de sus tribunales superiores de justicia, la instancia judicial competente para investigar y en su caso enjuiciar casos que puedan afectar a altos cargos de esos ejecutivos y a parlamentarios regionales por gozar éstos de aforamiento. Existe un cuarto caso, el de Castilla-La Mancha, en el que el presidente reside en un edificio propiedad del Ministerio de Justicia al no haberse transferido todavía las competencias a esta comunidad.

El caso más llamativo es el de Andalucía. El Gobierno de Susana Díaz destina mensualmente 1.300 euros a sufragar el coste del alquiler de la vivienda granadina en la que reside Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde octubre de 2010 y hasta entonces al frente de la Audiencia de Cádiz. No sólo abona la renta, también los impuestos derivados de esos pagos para evitar contingencias fiscales.

Desde la etapa de José Antonio Griñán como jefe del Ejecutivo, la Junta de Andalucía otorga la condición de "máxima autoridad" al presidente del TSJA, lo que le permite pagarle la casa como si fuera un alto cargo de su Gobierno. De acuerdo con los últimos datos difundidos a través de su Portal de Transparencia, la Administración andaluza abona cada mes el alquiler de la vivienda a 51 altos cargos, con pagos que oscilan entre los 1.357,72 -casos de los consejeros José Sánchez Maldonado (Empleo, Empresa y Comercio), Felipe López (Fomento y Vivienda) y Aquilino Alonso (Salud), entre otros- y los 423,33 euros para Pilar Gregoria Salazar, delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Jaén. En total, ello supone un coste para el erario andaluz de 51.316,19 euros al mes, lo que supone más de 615.000 euros al año.

El Gobierno andaluz destina 1.300 euros al mes a pagar el alquiler de la vivienda donde reside el presidente del TSJ

En respuesta a una petición de información de este redactor a través del Portal de Transparencia, fechada el pasado 4 de abril, la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada -provincia donde tiene su sede el alto tribunal andaluz- ha confirmado que no ha dejado de abonar el alquiler de la vivienda al presidente del TSJA "en la medida en que se siguen cumpliendo los requisitos".

En enero de 1997, siendo Mariano Rajoy ministro de Administraciones Públicas y Manuel Chaves presidente autonómico, el Estado acordó transferir a la comunidad autónoma andaluza de funciones en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. El traspaso empezó a surtir efecto el 1 de abril de dicho año.

Llama la atención que sea la Administración autonómica quien sufrague la factura del alquiler de la vivienda de Lorenzo del Río cuando, según el Estatuto de Autonomía de Andalucía, el TSJ es el órgano judicial competente para investigar y eventualmente enjuiciar a los miembros del Gobierno regional y a los parlamentarios andaluces. Es lo que ocurrió hace un año a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía contra Antonio Ramírez de Arellano, consejero de Economía y Conocimiento, por una supuesta adjudicación arbitraria durante su etapa como vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla. El alto tribunal archivó la causa al no apreciar "indicios sufientes" de que hubiera tenido una actuación prevaricadora.

Andalucía es la única que sufraga el coste del arrendamiento de la casa en la que reside el presidente del TSJ, pero no el único Gobierno que costea la vivienda donde reside la máxima autoridad judicial. Así, en Galicia, Miguel Ángel Cadenas reside en el Palacio de Justicia que la Xunta tiene en A Coruña, al igual que sucede en Canarias con Antonio Dorestes.

La presidenta del TSJ de Valencia devolvió las llaves de la residencia oficial para seguir viviendo en su casa

En el caso de Castilla-La Mancha, el presidente del TSJ (el magistrado de lo Contencioso-Administrativo Vicente Rouco) también reside en dependencias oficiales, si bien la titularidad de éstas sigue pertenenciendo al Ministerio de Justicia al no haberse consumado aún las transferencias en materia de Justicia. Es por "razones de seguridad y practicidad", dicen desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

En otras comunidades, sin embargo, las necesidades de espacio hicieron que de forma progresiva se fueran desmantelando las viviendas que ocupaban los presidentes del TSJ para habilitar dependencias judiciales. Es el caso de La Rioja. Allí, el fiscal superior y el presidente del TSJ solían vivir en la última planta del antiguo Palacio de Justicia, pero a principios de este siglo se transformaron sus viviendas en juzgados.

En la Comunidad Valenciana, la actual presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, devolvió las llaves en el mismo momento en que le hizo entrega de ellas la Consellería de Justicia y jamás ha ocupado la vivienda, residiendo en su casa de toda la vida. Tampoco ocupa nadie las viviendas en sede judicial de Murcia: ni lo hace el actual presidente, ni lo hizo el anterior.

En Navarra, hace ya más de 20 años que la comunidad no sufraga los gastos de vivienda del presidente del TSJ. Ni siquiera existe vivienda en dependencias judiciales, por lo menos, desde que se dejó de usar el edificio de la antigua Audiencia Territorial en 1996. Tampoco se costea este gasto en el País Vasco "por lo menos desde la mitad del mandato del anterior presidente, Fernando Ruiz Piñero", ni en Cataluña, donde confirman que "el TSJC no dispone de vivienda y el presidente vive en una residencia particular pagada por él".