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El Canal compró la empresa brasileña sin tasación externa para inflar su precio

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El Canal compró la empresa brasileña sin tasación externa para inflar su precio
Ignacio González accede a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos.

Ignacio González accede a la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). EFE

Resumen:

La sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) -la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica- desembolsó 21,4 millones de euros por el 75% del capital de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA sin ninguna valoración independiente y basándose exclusivamente en la tasación realizada por ella misma como parte compradora.

Se trata de la inversión a la que le han puesto la lupa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la ‘operación Lezo’, ante la sospecha de que se pudo inflar el precio y desviarse fondos públicos a beneficio privado.

Edmundo Rodríguez Sobrino, presunto cerebro de la operación, ocultó un informe que la firma de auditoría KPMG hizo un mes antes de cerrarse la compra y que advertía de la situación de la empresa que se iba a adquirir.

El Canal de Isabel II tuvo después que inyectar dinero a la empresa brasileña debido al deterioro de su situación económica-financiera.

Los primeros autos del juez Eloy Velasco decretando prisión eludible con fianza para detenidos en el marco de la operación Lezo confirma que la compra de una empresa brasileña por parte del Canal de Isabel II fue “hipervalorada ficticiamente” y avala la información que viene publicando El Independiente.

Según ha adelantado este viernes El Confidencial, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional llama la atención sobre el hecho de que no hubiera valoración independiente a la hora de tasar el precio de la compañía que se iba a adquirir (Emissao) y que se despreciara el informe de due diligence que un mes antes de cerrarse la compra había elaborado la firma de auditoría KPMG y que alertaba de la situación en la que se encontraba la compañía. Esa alerta “debió llevar a la paralización inmediata” de la operación, sostiene el instructor.

La sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa) -la filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica- desembolsó 21,4 millones de euros por el 75% del capital de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes SA sin ninguna valoración independiente y basándose exclusivamente en la tasación realizada por ella misma como parte compradora. Se trata de la inversión a la que le han puesto la lupa la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el marco de la operación Lezo, ante la sospecha de que se pudo inflar el precio y desviarse fondos públicos a beneficio privado.

Éste fue uno de los procedimientos presuntamente anómalos que llevó al Gobierno de Cristina Cifuentes a poner el pasado verano en conocimiento de la Fiscalía General del Estado los pormenores de la operación al apreciar que la actuación de los anteriores gestores de la empresa pública podrían tener trascendencia penal. Entonces, el presidente de la Comunidad de Madrid era Ignacio González, el presidente del Canal de Isabel II era Salvador Victoria y el presidente ejecutivo de Inassa era Edmundo Rodríguez Sobrino. Tanto González como Rodríguez Sobrino han sido detenidos en la redada que ha llevado a cabo esta semana la UCO por la presunta comisión de delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.

Los servicios de Inassa presentaron en febrero de 2013, en vísperas del Mundial de Fútbol (2014) y de los Juegos Olímpicos de Río (2016), un informe en el que planteaban como inversión estratégica la toma de una participación en Emissao como puerta de entrada en Brasil. La empresa pública venía sondeando su desembarco en este mercado latinoamericano desde un año antes.

La filial del Canal de Isabel II en Latinoamérica cerró la compra de Emissao con la valoración que ella mismo hizo

El consejo de administración de Canal Extensia -el accionista mayoritario de Inassa, de nacionalidad colombiana- acordó el 3 de abril de 2013 la adquisición de un paquete accionarial de Emissao. En concreto, la operación diseñada inicialmente preveía la compra por 15 millones de dólares del 40% de las acciones y no del 75%, toda vez que el grupo catalán Essentium iba a entrar también en el capital de la empresa carioca. Finalmente no lo hizo y ahora reclama en los tribunales una indemnización de un millón de euros a Inassa invocando una supuesta cláusula indemnizatoria pactada con Rodríguez Sobrino.

La propuesta ya detallaba que la compra se haría a través de sociedad tenedora de acciones sin actividad radicada en Uruguay (Soluciones Andinas del Agua SRL), con el argumento de que tanto ese país como Brasil eran miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y disponían de preferencias comerciales y arancelarias. Ejecutándose el guion previsto, Soluciones Andinas del Agua fue adquirida en junio de 2013 por Canal Extensia e Inissa -al 50% cada una- y cinco meses después se cerró la compra del 75% del capital de Emissao por 21,4 millones de euros.

Según ha podido conocer El Independiente, cuando Rodríguez Sobrino presentó la propuesta de adquisición al consejo de administración de Canal Extensia un mes antes de cerrarse la operación no se presentó un informe de tasación independiente que acreditara que el precio a desembolsar era realmente el que valía el activo que se iba a comprar. El único documento que manejaron los consejeros sobre el valor de la compañía era un documento interno que habían elaborado los servicios corporativos de Inassa.

Rodríguez Sobrino ocultó un informe que KPMG hizo un mes antes y que advertía de la situación de la empresa a comprar

Fue una inversión ruinosa. Un mes después de la adquisición, la empresa brasileña figuraba en las cuentas del Canal de Isabel II con un patrimonio neto de 10.629.000 euros, lo que suponía una depreciación del 50%. En diciembre de 2014 se tasaba en tan sólo 5.380.000 euros y a finales de 2015 aparecía en el balance consolidado del grupo con una valoración negativa de 5,54 millones de euros, a lo que se sumaba que la participación en Soluciones Andinas de Agua había caído a -10,52 millones. Ello ha llevado a la oposición en la Comunidad de Madrid (PSOE, Ciudadanos y Podemos) a cifrar en 36 millones el “quebranto” que ha supuesto esta inversión para la Comunidad de Madrid en la denuncia que presentó el pasado mes de marzo ante la Fiscalía.

Como ya informó este diario, la empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid reconoce la existencia de una depreciación de esta inversión por la aparición de contingencias que no se previeron y que ha obligado a redotar provisiones adicionales, pero defiende que la pérdida de valorar no se podrá cifrar hasta que termine la valoración de los resultados tras el plan de reestructuración puesto en marcha en mayo de 2016 con el que se busca el saneamiento de Emissao.

No contar con la valoración de una firma independiente no fue la única sombra que arroja esta operación. Inassa tampoco puso en conocimiento del consejo de administración de Canal Extensia el informe de 18 de octubre de 2013 -un mes antes de cerrarse la compra de la empresa brasileña- en el que KPMG advertía de la deficiente situación en que se encontraba Emissao en cuanto a procedimientos y a suministro de información.

La empresa pública tuvo después que realizar provisiones por las contingencias que fueron apareciendo

Inassa no sólo no informó acerca de la advertencia que había incluido la auditora en su informe de due diligence sino que tampoco la tuvo en consideración cuando se determinó el precio de la compra. Todo ello motivó que en 2014 se tuvieran que hacer ajustes en el balance de Emissao y a dotar provisiones ante el desequilibrio económico-financiero de la sociedad.

El cerebro de la operación de adquisición de la compañía brasileña fue Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de Inassa desde abril de 2006 y destituido por la asamblea general en abril de 2016 tras aparecer su nombre vinculado a empresas en los papeles de Panamá y haber ocultado esta circunstancia al Gobierno regional. Como reveló El Confidencial, el ahora consejero delegado de la editora del diario La Razón (Audiovisual Española 2000 SA) aparecía relacionado con tres sociedades bajo jurisdicción del antiguo paraíso fiscal de Hong Kong: Idra Drilling Equipment Holding Limited, Asia Drilling Equipment Holding Limited y Luntam Holding Limited.

El ex gerente, también detenido

Rodríguez Sobrino ha sido uno de los ocho detenidos esta semana por la UCO en el marco de la operación Lezo. El resto de arrestados relacionados con esta empresa pública son su secretaria Clarisa Guerra Soto, que, como avanzó El Español, figura como apoderada en una empresa vinculada a su jefe (Iberoamericana de Inversiones y Proyectos SA); Adrián Martín López Huertas, gerente del Canal de Isabel II entre 2000 y 2009 y hoy director general de Canal Isabel II Gestión SA, y María Fernanda Richmond, ex directora financiera e investigada por haber avalado la operación de Brasil.

Otras detenciones son las de Ignacio González, mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y quien la sustituyó en septiembre de 2012, y personas de su entorno familiar. Concretamente su hermano Pablo, director de Estrategia y Operaciones de Mercasa, y su cuñado Juan José Caballero. El listado se completa con el arresto de José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) e imputado en el caso Púnica desde octubre de 2016. La UCO investiga si el PP madrileño se sirvió de esta empresa pública para financiarse irregularmente.

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