El PDCat y ERC han creado una suerte de comité de enlace en el que pesos pesados y ex dirigentes "pata negra" de ambas formaciones fijarán los pasos a seguir para organizar el referéndum sobre la independencia, un núcleo duro con el que superar los enfrentamientos en el Govern una vez llegados a la fase crucial para llevar a término lo prometido por Carles Puigdemont ante el Parlamento autonómico. Su primer resultado se ha visto este viernes, el anuncio de la compra de 8.000 urnas para celebrar la consulta.

Tras las broncas en el seno del ejecutivo catalán en los días previos a Semana Santa a cuenta de quién debía firmar los decretos encaminados a preparar la convocatoria del referéndum y el cisma vivido por la crisis de las grabaciones a David Bonvehí, número dos del PDCat, el vicepresidente del Govern y líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguraba desde Nueva York que Puigdemont y él "hace semanas" que se han "conjurado" para superar las dificultades y garantizar la celebración del referéndum. Una pacificación en las relaciones entre los dos socios de JxSí en la que habría tenido una papel determinante la creación de este comité de enlace en la sombra del que informa Efe.

El grupo de trabajo se creó hace dos semanas, coincidiendo con la escenificación del fin de las desavenencias organizada por el gobierno de Puigdemont en el Palau de la Generalitat, escenario de la firma de un compromiso con el referéndum por parte de hasta 140 altos cargos del gobierno y la administración autonómicos.

Pero más allá de ese documento, sin validez jurídica y que de hecho la gran mayoría de firmantes no había tenido ocasión de leer antes del acto en el Patio de los Naranjos, también se acordó crear un gabinete de coordinación estratégica para garantizar la unidad de acción en los meses que vienen, liderado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras.

Mas, Madí y Puigcercós

En este núcleo duro, según las fuentes consultadas, participan por ejemplo Artur Mas, Jordi Turull, Marta Pascal o Francesc Homs, por parte del PDeCAT, así como dirigentes republicanos como Marta Rovira, el independiente Lluís Llach y otras caras conocidas como el expresidente de ERC Joan Puigcercós o el ex conseller Xavier Vendrell.

Una de las figuras clave para comandar la estrategia comunicativa es David Madí, ex secretario ejecutivo de comunicación y estrategia de CDC y antigua mano derecha de Artur Mas en los gobiernos de Jordi Pujol.

En las reuniones, que se celebran varias veces por la semana y cuya composición varía, participan también representantes de la ANC y Òmnium Cultural, además de Oriol Solé, que fue director de la campaña "Ara és l'hora", previa a la consulta soberanista de 2014.

La CUP -con cuyos responsables, Puigdemont mantiene una interlocución directa- no participa en estas reuniones, ya que, según las fuentes consultadas, se trata esencialmente de un mecanismo de coordinación de los dos partidos que integran el gobierno de la Generalitat. "Quien se la juega con el referéndum es el Govern, que es quien pone su firma" en cada medida encaminada a organizar el referéndum, han alegado fuentes de una de las formaciones que integran el ejecutivo.

El primer fruto de esta renovada unidad de acción para planificar los próximos pasos ha sido el anuncio de una licitación para la adquisición de 8.000 urnas destinadas al referéndum, el primer paso efectivo del Govern para la celebración del referéndum que el Gobierno ya ha dejado claro que no va a permitir. Por tanto, todos los miembros del ejecutivo catalán son conscientes de que la firma de cualquier decreto asociado a la consulta comportará el riesgo de inhabilitación, como ha sucedido a Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau, tras las directas advertencias en sentido contrario del Tribunal Constitucional.

En este contexto, Puigdemont y Junqueras se dan de tiempo de momento hasta que el Pacto Nacional por el Referéndum termine su recogida de firmas en favor de una consulta por la vía pactada, antes de convocar -en principio el último sábado de mayo o el primero de junio- una cumbre para fijar la fecha y la pregunta del referéndum.

Las dos fuerzas independentistas en el gobierno ya han empezado a barajar escenarios para después del verano, con la aprobación en vísperas de la Diada de Cataluña de una ley catalana para dar cobertura jurídica al referéndum, la posible firma del decreto de convocatoria el mismo 11 de septiembre y la celebración de la consulta el último domingo del mes, o bien el 1 u 8 de octubre.

Las trabas a un referéndum con garantías y efectos jurídicos como el que pretende celebrar el Govern podrían obligar a transformar la cita en una consulta más reivindicativa que efectiva, como lo fue el 9N de 2014, por el que el expresident Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau han sido ya inhabilitados.

En caso de que los obstáculos fuesen insalvables y no fuera posible ni tan solo poner urnas, en círculos soberanistas ya se especula con la posibilidad de impulsar una declaración unilateral de independencia desde el Parlament -como el propio Junqueras ya ha contemplado públicamente- o una gran movilización ciudadana.