Daniel Horacio Mercado. La investigación sobre la financiación ilegal del Partido Popular en las campañas electorales pagadas con dinero B tienen como eje común los acuerdos publicitarios que el empresario argentino, imputado por la financiación ilegal del PP, alcanzó con diferentes constructoras y hospitales madrileños. Las indagaciones de la UCO sobre sus empresas -Over Marketing, Abanico de Comunicación y Márketing  SL, Traci Comunicación SL y Link América S.L.- desde los años 2006 subrayan que en 2007, coincidiendo con las elecciones en la Comunidad de Madrid, se encuentran vínculos de estas entidades con una veintena de constructoras y por importes que van desde unos 4.000 a los 70.000 euros, aproximadamente.

Los investigadores concluyen que, a tenor de todos los datos presentados, se puede afirmar que durante la campaña de 2007, el PP madrileño habría acometido durante las campañas de 2007, 2008 y 2011 gastos electorales muy superiores a los declarados en el Tribunal de Cuentas. Para financiarlos, se habrían articulado varios procedimientos irregulares, como el recurso a una caja B, alimentada con dinero en efectivo de procedencia desconocida, la utilización de de una fundación (Fundescam) para el pago de gastos electorales (que se financiaba a su vez de manera irregular mediante aportaciones de particulares y subvenciones públicas otorgadas por administraciones controladas por el partido) o el uso de un entramado empresarial para ocultar el verdadero beneficiario y pagador de estos servicios electorales. Este entramado giraría en torno a empresarios como Daniel Mercado, Óscar Sánchez Moyano y Ricardo Vázquez Segura, entre otros, quienes no sólo habrían sido beneficiarios de la actividad de sus propios negocios, sino que también habrían recibido contratos de administraciones controladas por el partido.

La UCO precisa en su investigación: "Para hacer posible esta sistemática electoral era necesaria la articulación y empleo de una red de empresas para la materialización y ocultación de los gastos electorales no declarados". Aparte de Mercado, figuran como parte de la misma Óscar Sánchez Moyano (Escuela Europea de Dirección de Empresas, Sintra, Formaselect y Troyano), Ricardo Vázquez Segura (Back Rvs, Area de Recursos, Pirámide y Krea), Marcelino Luis Elosua de Juan (Laboratorio de Almagro 36, Lid Editorial y Consejeros Empresariales Españoles) y María Luisa de Madariaga Sánchez (Laboratorio de Almagro 36 y First Tuesday).

Según la Guardia Civil,  de los primeros análisis efectuados sobre la documentación obtenida a través de los distintos volcados de los distintos soportes informáticos intervenidos a Beltrán Gutiérrez, ex gerente del PP madrileño, se deriva la existencia de elementos indiciarios que acreditarían la utilización de "facturación superpuesta" a través de diversas empresas al objeto de sufragar de manera encubierta gastos ocasionados el PP en "distintas campañas electorales".

Tal y como avanzó El Independiente, las constructoras fueron adjudicatarias de contratos públicos por la Comunidad de Madrid, concretamente por el Servicio Madrileño de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad y Consumo de la CAM. Según la investigación, dichas empresas abonaban facturas a cambio de trabajos de publicidad y otros relacionados aparentemente con las obras de contratos públicos de los que habían sido adjudicatarias. La Consejería imponía al contratista una cláusula que les obligaban a pagar hasta un máximo del 1 % del presupuesto de ejecución material en concepto de publicidad e información de las obras, siendo el concepto plasmado en las facturas que abonaron las constructoras.

El publicista Daniel Horacio Mercado Lozano.

El publicista Daniel Horacio Mercado Lozano. Diario de Mallorca | Pere Antoni Ramis

Un concepto que, a juicio policial, es contraria a la legislación de contratos públicos, ya que se destina un porcentaje (el 1%) del presupuesto del contrato para la realización de un trabajo que no tiene nada que ver con el objeto del contrato y cuyo ejecutor viene predeterminado por la administración. El modus operandi, sostienen los investigadores, es similar al que reconoció haber llevado a cabo el propio Mercado en Baleares, tal y como informó este periódico.

El procedimiento, según la declaración autoinculpatoria de Daniel Mercado, estaba coordinado por Alberto López Viejo o por alguien de su equipo como Pedro Rodríguez. El ex viceconsejero de Deportes y posteriormente consejero de la Comunidad de Madrid controlaba, según el empresario, toda contratación del cualquier organismo público dentro de la región. Mercado afirmaba que López Viejo era quien asignaba cada negociado sin publicidad y le decía a cada departamento que la amañara como creyera conveniente. Sitúa como ejemplos sendas campañas sobre riesgos laborales y sobre comunicación institucional para la Consejería de Empleo y Mujer.

No obstante, las rotaciones de Over Marketing y sus empresas satélites en los años 2006-2007 se amplían a otras muchas entidades y administraciones vinculadas con el Partido Popular regional, como el Ayuntamiento de Móstoles, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), Gestión Desarrollo del Medio Ambiente (GEDESMA), Campus de la Justicia y Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio), la propia administración regional y el mismo Partido Popular.

El "enmascarador" de gastos electorales

En la red en la que, según los informes que obran en el sumario y a los que ha tenido acceso Efe, tendría también un papel destacado Óscar Sánchez Moyano, a quien la UCO cree uno de los principales implicados a la hora de "enmascarar" los gastos electorales de ese partido. Ese sería uno de los métodos utilizados por el PP de Madrid para financiar los gastos electorales contraídos durante las campañas de 2007, 2008 y 2011, que fueron "muy superiores" a lo declarado a la Cámara de Cuentas de Madrid.

Para financiar dichos gastos, el PP habría articulado varios procedimientos irregulares, como son el recurso a una caja B, alimentada con efectivo de procedencia desconocida o el desvío de dinero de la fundación pública Fundescam, que a su vez se financiaba de forma irregular mediante aportaciones finalistas de particulares, mediante subvenciones públicas o mediante convenios irregulares con cajas de ahorro públicas, es decir Caja Madrid.

Pero también mediante el uso de un entramado empresarial "para ocultar el verdadero beneficiario y pagador de servicios electorales", añade.

Los empresarios habrían recibido dinero en efectivo "de procedencia opaca", habrían "falseado facturas con el propósito de ocultar la prestación de servicios de campaña y habrían actuado de intermediarios para eludir que el PP figurara como destinatario y pagador de los servicios de campaña prestados por terceras empresas". Es decir, un núcleo empresarial que "ha formado parte integral de la estrategia" del PP en ese ámbito y que "lo ha hecho posible".