El ex socio de Francisco Granados, David Marjaliza, aportó el pasado mes de enero a la Audiencia Nacional facturas que probarían el reparto de comisiones ilegales entre el ex consejero madrileño de Esperanza Aguirre, el consejero de OHL, Javier López Madrid, y él mismo. En total, 3,6 millones de euros de ‘mordidas’ derivados del amaño en la adjudicaciones de tres tramos del Metro de Madrid que habrían sido repartido a partes iguales entre Granados, López Madrid y Marjaliza, según relató este último ante el magistrado Manuel García Castellón. El Independiente ha tenido acceso a la documentación que prueba el supuesto cobro de dichas comisiones ilegales.

La citada documentación aportada por Marjaliza refleja un complejo sistema de cruces de facturas a través de las que se maquillaron las comisiones ilegales presuntamente recibidas por el constructor de Valdemoro, Granados y López Madrid. Por su parte, según la versión dada por el ex socio de Granados, éste cobró su parte en metálico mientras ellos lo hicieron mediante trasferencias bancarias.

En el “registro de facturas expedidas” entregadas por David Marjaliza se refleja el pago de 1,2 millones respectivamente a F1 –sigla que se corresponde a Futuro 1 y que hace referencia a Granados-; JLM –por Javier López Madrid-; y V –correspondiente a la empresa Vancouver, mercantil de la que es propietario el propio Marjaliza-.

Factura que prueba el dinero desviado de la adjudicación del metro de Madrid.

En total, los imputados habrían camuflado el cobro de 5.762.537 euros a los que descontaron el impuesto de sociedades y los gastos, obteniendo un beneficio neto de 3,6 millones de euros que fueron repartidos en tres partes iguales. Así lo relató el pasado 17 de enero el imputado durante su confesión ante el juez y fiscales del caso Púnica a quienes dio una explicación pormenorizada de los hechos.

Lo cierto es que el instructor le dio total veracidad a las manifestaciones realizadas por el constructor de la trama Púnica –que viene colaborando activamente con la Justicia desde junio de 2015- hasta el punto que esos documentos provocaron la imputación del dueño de la constructora, Juan Miguel Villar Mir, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional. El magistrado apuntó en uno de los autos que obran en la causa que se ha “evidenciado” la adjudicación irregular de contratos desde la consejería de Transportes e Infraestructuras que dirigía Francisco Granados en el año 2004 al grupo Villar Mir, previo pago de comisiones irregulares.

Los investigadores sospechan que Granados, “abusando de su posición” como consejero de la Comunidad de Madrid, garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa OBRUM, vinculada a David Marjaliza, “a cambio del pago de importantes comisiones”. “En dicho concierto participaría también el investigado Javier López Madrid, quien aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil ELSAN, del Grupo Villar Mir, para que la mercantil OBRUM, formando UTEs con medianas empresas que no operaban en el sector, pudiesen presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor”, abundó García Castellón.

En esta pieza del caso Púnica se investigan delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos mercantiles y tráfico de influencias.