Los astilleros no matan a nadie. Los astilleros sólo construyen barcos”. Es el mantra que resuena en la Bahía de Cádiz como parapeto ante las críticas por el contrato que la empresa pública Navantia ultima con Arabia Saudí para venderle cinco corbetas militares. Es la máxima que repiten los empleados de una compañía al borde de la quiebra y que replican los políticos de todo color desde una provincia golpeada como ninguna otra por el desempleo.

Es su asidero para defender un pedido millonario –quizá la penúltima oportunidad para garantizar el futuro del grupo naval- ante los que quieren frenar la venta de material de defensa a una dictadura como la saudí en que los derechos humanos están lejos de ser una prioridad, que lidera la coalición militar que bombardea el territorio de Yemen, y que de manera persistente se le vincula con el proselitismo de una versión ultraconservadora del Islam por todo el mundo o incluso directamente con la financiación del terrorismo internacional.

“Nosotros construimos barcos. Y el que los vaya a utilizar que lo utilice para lo que le dé la gana. Nosotros no somos quién [para decirle qué hacer con ellos]. Ojalá nunca los utilicen”, aseguraba hace unos meses el presidente del comité de empresa del astillero de San Fernando, Jesús Peralta. Era su respuesta a otra oleada de críticas, a la enésima polémica sobre los condicionantes éticos de vender armas a Riad.  “Si realmente arregláramos la guerra o la paz en el mundo, despreciaríamos este contrato. Pero desgraciadamente sabemos que no va a ser así”.

Navantia sufrió el año pasado unas pérdidas récord de 303 millones de euros. Llovía sobre mojado. Los números rojos de la firma se llevan acumulando años, y superan los 600 millones sólo en el último lustro. El grupo de construcción naval, controlado por el holding público SEPI, ha encomendado su futuro a cerrar sí o sí y de una vez el contrato con Arabia. El pedido de cinco buques de la clase Avante 2200 supondría una garantía de supervivencia para la compañía: ingresos de entre 2.000 y 3.000  millones de euros, 10.000 empleos entre directos e indirectos, carga de trabajo para los astilleros para los próximos cinco años…

Tras los atentados yihadistas de Barcelona y de Cambrils (Tarragona) de la pasada semana, ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el que ha reavivado el debate sobre la necesidad de revisar las relaciones comerciales de las empresas españolas con Arabia Saudí por su presunta vinculación con el terrorismo. Unas declaraciones que “apestan un poco”, replicó con dureza el líder sindical de los astilleros de Cádiz. “Si siguiéramos sus directrices, nos moriríamos de hambre”, repuso Peralta. Y es que en la Bahía no se atiende ni una crítica que ponga en cuestión el esperado balón de oxígeno que puede venir del gigante del Golfo Pérsico.

“No se puede hacer negocios con las manos manchadas de sangre”, sentencia Alberto Estévez, experto en el comercio internacional de armas y coordinador de la iniciativa Armas bajo control, una campaña de decenas de organizaciones sociales internacionales que busca evitar que los países exporten material militar que pueda ser utilizado para violar el derecho internacional o los derechos humanos. “Pero parece que lo único que importa es el dinero”, dice el analista. Y en el caso de la venta de armas españolas a Arabia Saudí se trata de mucho dinero.

España, entre los grandes vendedores

A la espera de ver si se concreta el milmillonario contrato de Navantia, España ya se ha encaramado en el podio de los países que más armas exportan a Arabia Saudí. En los últimos años, el incremento de las exportaciones de material de defensa le ha colocado como el tercer mayor proveedor, tan sólo por detrás de potencias militares como Estados Unidos y Reino Unido. Sólo en los últimos cuatro años, las ventas de armas españolas al régimen saudí se acercan a los 1.400 millones de euros.

Tradicionalmente, la venta de España de material militar a Arabia era ridículamente testimonial [ver gráfico]. Pero a partir de 2013, el reino de los Saud se convirtió en destino prioritario del negocio del sector de defensa español. Según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones superaron los 406 millones ese año, fueron de 292 millones en 2014, las ventas se dispararon a casi 546 millones con un contrato de aviones de reabastecimiento en vuelo de Airbus en 2015, y alcanzaron otros 116 millones el año pasado.

Munición de artillería, munición de calibre medio, granadas de mortero, torpedos, misiles, repuestos para diferentes tipos de aviones militares, equipos de detección de señales, equipos de vigilancia perimetral… Todo este material fue el que colocaron, con la mediación y la autorización obligatorias del Gobierno español, compañías nacionales a las autoridades saudíes sólo el año pasado, que no fue el mejor de los últimos ejercicios.

Las exportaciones a Arabia constituyen la principal preocupación de las ONG adscritas al programa Armas bajo control por el riesgo de que el material se utilice para la comisión de crímenes contra el derecho internacional. Según se recoge en el último informe de la iniciativa [ver aquí el documento completo], las organizaciones consideran que no existen suficientes garantías acerca de que Arabia no esté utilizando todo este material contra población civil en Yemen.

Arabia lidera una coalición de países que apoyan al Gobierno yemení frente al grupo armado huzi que intentó un golpe de estado. En los más de dos años de enfrentamientos, ambos bandos han bombardeado de manea indiscriminada zonas residenciales. Armas bajo control denuncia que el material militar facilitado desde España puede estar siendo utilizado contra la población yemení o siendo desviado a grupos armados de manera clandestina tanto en Yemen como en Siria.

Controles reforzados

El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas prohíbe a los Gobiernos a autorizar la exportación de material militar si tiene conocimiento de que las armas podrían utilizarse para cometer crímenes de guerra. “La venta de armas a Arabia es ilegal”, resume Alberto Estévez, que entiende que el Ejecutivo español está dando el visto bueno a las ventas a Riad en mitad de un conflicto en que la coalición liderada por los saudíes bombardea a la población civil en zonas controladas por los huzíes y que desarrolla un bloqueo naval desde principios de 2015.

Las ONG exigen al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no conceda la autorización a Navantia para vender los cinco buques a Arabia, ya que dispone de “información suficiente y fidedigna (…) acerca de que cualquier tipo de armas que se pueda utilizar en Yemen podría utilizarse para cometer crímenes de derecho internacional. El Gobierno no puede ni debe ser cómplice de estos crímenes”. Pero el Ejecutivo es el principal valedor de ese contrato, y su firma se ha convertido en objetivo prioritario.

El Gobierno alega que en todas las exportaciones a Arabia, y en especial en la de munición de artillería y armas ligeras, exigió documentos de control de uso y destino final. Los contratos, según el Ministerio de Economía, incluyen “estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país” y que estas garantías se habían reforzado desde que estalló el conflicto en Yemen.

“En todos los documentos de uso final asociados a las licencias aprobadas a Arabia Saudí en 2015 y 2016 las autoridades certificaron que los equipos y las municiones iban a ser destinados a uso interno y en ningún caso iban a ser reexportados sin el visto bueno de las autoridades españolas”, explicó la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, en la Comisión de Defensa del Congreso el pasado mayo.

Arabia certifica que todo el material sólo se destinará a uso dentro de sus fronteras, y si no cumpliera con esta condición, España podría suspender o revocar las autorizaciones de venta concedidas. “Nos parece muy positivo que se hayan reforzado las garantías desde 2015, pero lamentamos que no se aclare si esas garantías reforzadas son legalmente vinculantes ni se detalle de forma pormenorizada en qué consisten”, apuntan desde Armas bajo control.

“Representantes de Amnistía Internacional, Oxfam Intermon, Greenpeace… se han reunido con el Gobierno para decirle que tiene que parar de vender armas a Arabia. La respuesta es que Arabia no está sometida a ningún embargo y que ofrece garantías. Pero la legislación internacional prohíbe vender armas cuando hay una situación como la de Yemen, aunque el Gobierno diga que está teniendo mucho cuidado”, se lamenta Estévez.

Un escudo ‘anticrisis’

La escalada en la venta de armas a Arabia no es un caso aislado, se enmarca dentro de una estrategia general del Gobierno para colocar a España entre los países punteros en el sector militar. Del mismo modo que para Navantia y para Cádiz el contrato de venta es su tabla de salvación, España ha impulsado desde 2012 la venta de armas al extranjero durante los años más duros de la crisis, en un contexto en el que la recuperación se encomendaba al sector exterior.

Con Mariano Rajoy recién llegado a Moncloa, se constituye un grupo de trabajo interministerial para impulsar la internacionalización de la empresa española, con un subgrupo específico dedicado al sector de defensa. Y, en paralelo, el Gobierno aprueba un decreto de medidas urgentes para la liberalización del comercio, que sirve también para facilitar las exportaciones de armas.

El Gobierno tenía el convencimiento de que el Ministerio de Defensa, entonces comandado por Pedro Morenés (que había trabajado en varias empresas de fabricación de material militar), debía participar con mayor intensidad en la promoción de las exportaciones de armas, dado que su hasta entonces mínima implicación supone una desventaja competitiva frente a otros países en que sus Gobiernos daban un respaldo proactivo a la venta de sus empresas. La operación ha dado resultados: España ha sido desde entonces y hasta 2016 el sexto exportador de armas del mundo, por delante de Reino Unido y sólo por detrás de colosos militares como Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania y China.

Sólo el año pasado, las exportaciones de armas desde España alcanzaron los 4.362 millones de euros. El salto del negocio exterior del sector militar patrio es exponencial desde 2012. Entre 2008 y 2011, el importe de las exportaciones efectuadas fue de 6.446 millones. En los cuatro años siguientes el volumen se duplicó, hasta alcanzar los 13.628 millones.

Con el impulso del Gobierno

Para facilitar la implicación directa de los ministerios en los contratos de venta de armas, se habilitó un instrumento legal para que el propio Gobierno cerrase contratos directamente con otros gobiernos extranjeros, para luego ceder el encargo a una empresa a modo de contratista. Desde Armas bajo control se apunta que este mecanismo es precisamente el preferido por Arabia Saudí, lo que habría hecho posible que las exportaciones se hayan disparado en los últimos años, y que es el vehículo que muy probablemente se utilizará para articular la venta de buques de guerra por parte de Navantia a Riad.

El empuje ejercido por el Gobierno para estrechar lazos comerciales con Arabia tiene una clara representación en el número de visitas oficiales al país del Golfo organizadas en la última década, según los datos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores: un total de 26 misiones han partido de España para estrechar la mano del amigo árabe entre 2007 y 2015, de las que más de la mitad se concentran a partir de 2012. Delegaciones empresariales; ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Industria o Fomento; presidentes del Senado e incluso la Casa Real.

En paralelo, el pasado marzo, los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Ciudadanos hicieron posible la aprobación en el Congreso de un acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí que sirve para reforzar la protección mutua de información clasificada en el ámbito de la defensa. El acuerdo está en vigor desde septiembre.

Frente al impulso gubernamental que se da en España, un incipiente corriente crítica con la venta de armas a Arabia Saudí arrancó en 2015 y poco a poco anida en Europa. En marzo de ese año, el Gobierno sueco canceló su contrato de venta de armas con Arabia después de que se prohibiera a su ministra de Exteriores, Margot Wallström, dar una conferencia crítica con Riad ante la Liga Árabe.

Un año después, en febrero de 2016, el pleno de la Eurocámara alzó la voz contra los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen y el bloqueo naval impuesto al país, y aprobó una resolución no vinculante con 449 votos a favor, 36 en contra y 78 abstenciones, en la que se pedía a la UE el embargo de armas al país saudí. Posteriormente, aunque este embargo no ha llegado a producirse, el Parlamento holandés instó a su Gobierno en mayo de 2016 a detener la venta de armas al país. Y, según aseguran desde Armas bajo control, esta actitud empieza a calar también en los parlamentos de Bélgica y Alemania.